Rogelio Hernández López

“Las solicitudes de protección al mecanismo de la Secretaría de gobernación se han disparado en lo que va de 2019… el fondo se acabará en septiembre… estamos haciendo gestiones en la Secretaría de Hacienda y ante el Congreso para que nos provean de emergencia 160 millones para terminar el año… para entonces tendremos que atender a más de mil beneficiarios…”

Las palabras las libera suavemente, en distintos momentos, Aarón Mastache, el responsable del mecanismo de protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.  Cuida de no dar los datos en tonos altos, pero eso no evita que algunos de sus escuchas entiendan que puede colapsar la atención a las personas protegidas y se desatiendan las nuevas peticiones.

Mastache tuvo el lugar más incómodo en la sala 3 del Senado a la República. Fue uno de los ocho expositores del foro convocado por la Senadora Nestora Salgado el miércoles 7 de agosto. A él se dirigieron los reclamos de dos legisladoras, dos diplomáticos, un analista de organización civil, dos mujeres perseguidas y de un periodista desplazado.

Y así tranquilo, como es, Mastache no rebate. Acepta y les agrega: “es muy deficiente” el mecanismo de protección federal … “está demasiado rebasado” … “ahora no es tiene capacidad de atender a todos los mexicanos que necesitan protección al ejercer sus derechos a defender a otros y hacer periodismo” … “Así como está ya no puede seguir…”

163 beneficiarios más

“Frente al Riesgo y al Caos” se llama el reporte de investigación de la Asociación Civil Propuesta Cívica que se presentó allí. Abona a otros trabajos sobre leyes y mecanismos de protección en los estados. Confirma también que los gobernadores y otros servidores públicos comenten omisión frente a su responsabilidad de proteger. 

Cuando llegó su turno el ingeniero Mastache informó que ya son 948 beneficiarios de protección federal y detalló que 163 son de este año. “Se han disparado las solicitudes”.  El promedio por mes es de 23 solicitudes. “Calculamos que en diciembre serán más de mil los que necesitamos atender”. 

“El fondo no alcanzará para atender a más; el mecanismo, así como está, tiene problemas por escasez de personal… “El fondo de protección que nos asignó la Cámara de Diputados este año es de 207 millones 600 mil pesos, casi igual al que se autorizó en 2017 y en 2018, cuando se tenían muchos menos demandantes.”

Los datos oficiales indican que el fondo ejercido en 2017 fue de un poco más de 215 millones y en 2018 de 259 millones de pesos. “Ahora –explica Aarón Mastache—es menor que eso y con el disparo de peticiones en octubre se habrá agotado el fondo de 2019.

Urgen 150 millones

A pregunta expresa, Mastache informa que el para atender las nuevas solicitudes el fondo requiere 150 millones de pesos adicionales. “Ya estamos haciendo las gestiones en la Secretaría de Hacienda y en la Cámara de Diputados para que nos auxilien de emergencia y también para que el presupuesto de 2020 sea suficiente para atender las demandas y poder mejorar el mecanismo.”

¿Cuánto será entonces lo que requerirá el mecanismo el año entrante? –se pregunta a José Luis Calderón, uno de los asistentes de Mastache—“Sólo para el fondo, 360 millones de pesos, pero tenemos que contratar y capacitar a más personal, más acciones en campo para evaluaciones de riesgo. Yo calculo que lo mínimo ascendería a 400 millones de pesos.

El fondo de protección se maneja mediante un fideicomiso y sus recursos no se pueden utilizar para salarios, honorarios del personal de la Unidad de Derechos Humanos de la Segob, ni para mantenimientos ni enseres ni uso de oficinas. El fondo es “exclusivamente, para la implementación y operación de las medidas preventivas, medidas de protección y medidas urgentes de protección”.

Gobernadores al mecanismo

El gasto de medidas de protección del fondo se eleva por la cantidad de personas que son desplazados forzadamente de sus lugares de vivienda y se tienen que conseguir y mantener los refugios en algunos estados con los mínimos de seguridad, de electricidad, alimentos y enseres. Para esto, muy pocas veces aportan los gobiernos estatales donde se originan las amenazas y desplazamientos.

Mastache explica que para defensores de los derechos humanos los estados de la federación en situación de alerta roja –por la cantidad de amenazas de alto riesgo—son cinco: Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero y Chiapas

En el caso de periodistas las entidades en rojo, por la cantidad de desplazados por alto riesgo son Tamaulipas, Guerrero, Ciudad de México y más recientemente se dispararon las alertas en Quintana Roo.

Por esas y otras razones, es que se revisa la composición de la Junta de Gobierno del Mecanismo, (instancia que decide las medidas de protección) para que los gobiernos de los estados se incorporen y asuman sus responsabilidades y no solo con el representante de la Comisión de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

Mientras tanto siguen creciendo las agresiones y asesinatos contra defensores de los derechos humanos y de periodistas.

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