Maria Idalia Gomez

Si el caso Ayotzinapa se resolviera por las declaraciones que hacen los funcionarios y las organizaciones de la sociedad civil, ya sabríamos que pasó con cada uno de los estudiantes y los nombres de todos los responsables del ataque. Pero gran parte de esos dichos lo han enredado todo o han generado falsas expectativas.

El fiscal Alejandro Gertz Manero, según dijo Santiago Aguirre (director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez), en su mensaje inicial les planteó que para reconstruir el caso no se puede partir de las investigaciones que existen porque se hicieron mal.

Más adelante, Aguirre pone en boca del fiscal Gertz, de acuerdo al diario Reforma: “yo no sé si la desaparición fue un crimen de Estado, pero la secuela de investigación, con entorpecimiento, obstaculización, sí lo calificaría como crimen de Estado”.

Si esto es cierto, en pocas palabras, el titular de la Fiscalía prejuzgó y confirmó lo que adelantó el pasado domingo Alejandro Encinas, que perseguirá a exfuncionarios que estuvieron a cargo de las indagatorias.

Ojalá que el fiscal Omar Trejo esté informando adecuadamente a su jefe, porque asegurar que todo está mal desacredita no sólo el trabajo de funcionarios que el propio Gertz Manero ya ratificó (Alfredo Higuera y Roberto Ochoa Romero), sino incluso el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y hasta del equipo argentino de antropólogos forenses.

Auditar el expediente es fundamental, pero eso no significa arrasar con todo. Revisar cada una de las resoluciones judiciales, desde 2015, sería más sencillo. Desde octubre de 2015, las investigaciones y los procesos quedaron a cargo de la oficina especial para el caso Iguala de la entonces PGR. En total ocho meses estuvo al frente José Aarón Pérez Carro y fue sustituido, en junio de 2016, por Alfredo Higuera, quien permaneció al frente tres años. En ambos momentos el GIEI ya tenía participación en las indagatorias.

De acuerdo con los registros judiciales, entre 2014 y 2016 las acusaciones en juzgados soportaron amparos y apelaciones, pero algo cambió en la gestión al frente de la procuraduría de Raúl Cervantes y se agudizó con Alberto Elías Beltrán. 

Desde el 26 de octubre de 2016, hasta noviembre de 2019, el caso Ayotzinapa se abandonó en tribunales. Fue en ese momento en que se perdió el caso. Las pruebas las ponen en evidencia las oficinas jurisdiccionales: 

El juez exoneró a Gildardo López Astudillo y a 24 policías municipales, no por un expediente que no sirva, sino porque no se fortalecieron las pruebas. No se consolidaron. Cumplieron con lo básico. 

No hubo más periciales, que eran indispensables; tampoco nuevos testimonios, ni siquiera se pidió a los estudiantes que ratificaran sus declaraciones ante el juez, mucho menos se buscaron nuevos testigos; tampoco se verificaron números celulares o se ofrecieron los seguimientos de los teléfonos de los estudiantes y de los integrantes de Guerreros Unidos, de funcionarios locales o Los Rojos; tampoco aparece la profundización de reconstrucciones de los hechos.

Si son ciertas las palabras de Gertz en cuanto a que “el crimen de Estado” se consumó en la investigación, entonces es muy claro a qué funcionarios se refiere. La propia Fiscalía investiga las omisiones que aparentemente se cometieron desde 2017 en casos como los exgobernadores Javier y César Duarte, y Guillermo Padrés, por ejemplo. 

Habría que plantearse, si esta fue una acción de Estado o de personajes con intereses personales. 

María Idalia Gómez

@Gosimai

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