Maria Idalia Gomez

@Gosimai

El primer diagnóstico profundo que se tuvo de la frontera sur de México se hizo a finales de los años 90. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) lo elaboró, incluso con datos de las Fuerzas Armadas, que siempre han tenido un despliegue importante en la zona.

En ese momento se conocieron grupos criminales en ambos lados de la frontera, las condiciones económicas y de estabilidad política, las rutas de migración y las formas de corrupción, incluyendo los caciques que se beneficiaban del semiexclavismo al que se sometían a los migrantes, especialmente centroamericanos. Incluso hasta la llegada de organizaciones religiosas, particularmente a Chiapas.

En suma, se hizo todo un análisis de las amenazas y riesgos que representaba la frontera sur, porque desde entonces se definió como un tema de seguridad nacional. La razón, porque se planteó entonces que las armas de los grupos guerrilleros centroamericanos representaban un riesgo, que las organizaciones criminales o una migración extraordinaria podían desestabilizar la zona, los desastres naturales podrían ser graves o por otro lado los recursos naturales representaban un polo de atracción.

El diagnóstico fue acompañado de recomendaciones que debían implementar los gobiernos municipales, estatales y el federal. Incluso negociar con los gobiernos centroamericanos. 

No se hizo nada integral, salvo controlar la migración y el freno al flujo de cocaína, por mar, tierra y aire, un problema del que se quejaba Estados Unidos. Para ello instalaron una serie de equipos de última tecnología, con el apoyo estadounidense, que frenaron el crecimiento exponencial del polvo blanco colombiano y contuvieron a los cárteles.

Después se abandonó, hasta los equipos se guardaron y echaron a perder. La estructura de intercepción aérea se trasladó a la Defensa y su capacidad de persecución en el aire se disminuyó. Esa operación desplazó a los cárteles a Centroamérica, allí comenzaron a llegar entonces los vuelos rasantes, los cargamentos en lanchas rápidas o los trasiegos por tierra. Desde ese punto salían por diferentes rutas a México y con el tiempo a Europa. Esos grupos entonces se asociaron con organizaciones locales que se empoderaron, como ocurrió con las Maras. Y la violencia se detonó.

En los últimos 18 años, las redes de corrupción desde México no se tocaron, y al contrario, se fortalecieron, especialmente en el último sexenio. El Instituto Nacional de Migración siempre fue la clave, desde allí los dos comisionados del gobierno de Enrique Peña Nieto, Ardelio Vargas Fosado y Gerardo García Benavente, construyeron varias redes de corrupción, de acuerdo a la información que se tiene en Estados Unidos. 

Por ejemplo, se conoce que  Vargas Fosado tenía en el INM a 60 familiares trabajando; además estructuró diferentes redes y se cobraba a chinos, colombianos, centroamericanos y argentinos de entre 10 y 50 mil pesos semestrales por darles permisos de trabajo, y en el caso de legalización la suma se duplicaba o triplicaba dependiendo el país de origen. En el caso de García Benavente la corrupción, de acuerdo a las revisiones que el actual gobierno realiza, se hizo a través de contratos de los servicios de limpieza, de uniformes y de comida que se entregaba al Instituto, además de las redes de cobro a migrantes y extranjeros.

Lo que ahora investigan en México, a partir de información de las agencias estadounidenses, son los tejidos de corrupción que funcionaban en un andamiaje perfecto desde Europa y América Latina, que obtenían “salvoconductos” para trasladar a migrantes por todo nuestro territorio, pagando cuotas de entre 100 mil y 300 mil pesos por “cargamento”. Las pesquisas refieren el fortalecimiento de esa estructura desde 2013 dentro del INM.

El gobierno de Peña Nieto tenía el más reciente diagnóstico, las rutas y datos de la trama de corrupción en Aduanas, Migración y policías. Tenía las recomendaciones específicas en cuanto a los puntos críticos por intervenir, la inversión en infraestructura y tecnología que se requería, y los fenómenos extraordinarios que estaban por explotar en Centroamérica. Atenderlo a tiempo hubiera evitado muchos problemas. 

Pero el peor error fue de este nuevo gobierno, el gabinete de seguridad no analizó la situación, no elaboró algún documento de inteligencia, mucho menos hizo un diagnóstico y ni siquiera atendió las redes de corrupción, sólo despidió a la gente del INM y de otras corporaciones, el resultado: una grave crisis provocada por el propio Ejecutivo de altísimo costo político y económico. 

Compartir