En las últimas semanas, las erradas decisiones políticas en materia de seguridad y derechos humanos han generado pequeñas fracturas en la confianza, hacia el gobierno mexicano, por parte de distintos actores, especialmente internacionales. Si bien no son aún notorios y se está a tiempo para corregirlos, son factores de gran riesgo, porque forman parte del andamiaje que permite la gobernabilidad e impide la debilidad institucional que, cada vez, pareciera mayor.
Tres casos ejemplifican esta situación. El primero, la llegada de los agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) a Sonora y Chihuahua, más allá de la versión oficial de que se sumarán a la investigación mexicana sobre la masacre de la familia LeBaron, en realidad llegaron a hacer su propia indagatoria, porque no confían en las autoridades mexicanas.
Los agentes del FBI forman parte de un equipo especializado en investigaciones de alto perfil, que traen bajo el brazo una indagatoria que siguen hace más de un año y ubica a ese corredor como un punto de tránsito de drogas sintéticas a Estados Unidos, especialmente el fentanilo, y del país del norte a nuestro país para el tráfico de armas.
Es decir, los agentes estadounidense, como pocas veces se ha visto en la historia de México, se trasladaron a nuestro país para tener sus propios peritajes, sus propias entrevistas y hallazgos, porque sus datos llegan directamente a la médula de los cárteles de las drogas y de los grupos criminales más poderosos de este país.
Para los investigadores del FBI aún no es posible determinar quién disparó y por qué contra las mujeres y niños de la familia LeBaron, pero lo que sí tienen documentado las agencias es que ese corredor al norte de México se ha convertido en un territorio de millones de dólares por el tránsito de productos ilícitos y está bajo disputa de los cárteles, que están utilizando a sus socios criminales regionales para tomar el control de un mercado que conecta directamente con Arizona.
Este corredor involucraría a empresarios y funcionarios no sólo en México, sino de Estados Unidos. Una parte preliminar de esta información llegó a las áreas de inteligencia de nuestro país desde el año pasado, pero tardó en avanzar y después se frenó, porque el equipo que le daba seguimiento fue llevado a otras tareas. El FBI no trabajará lo medular con México, hará su propia investigación. Lo ocurrido con la familia LeBaron tensó aún más la relación con las agencias estadounidenses, que aún no acaban por encontrar la ruta de trabajo con las oficinas mexicanas.
El segundo ejemplo. La llegada de Evo Morales no ha sido del agrado del gobierno de Estados Unidos, que podría dejarlo pasar si no fuera porque integrantes del gobierno federal, sin tener mayores cuidados dada la fragilidad de la relación con Donald Trump y congresistas que deben aprobar el Tratado de Libre Comercio, se ha pronunciado a favor del expresidente de Bolivia, de sus métodos y estrategias de gobierno, y eso incluye formar parte del “bloque antimperialista” sudamericano contra Estados Unidos; así como no atender los llamados de las agencias americanas para la disminución de producción de cocaína.
Los pronunciamientos a favor de Evo Morales han golpeado el ánimo negociador de legisladores y representantes del gobierno estadounidense.
El tercer ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No había necesidad de golpear a una institución que representa, junto con el amparo, el escudo idóneo contra los abusos de poder. Si bien el organismo no ha contado en todo momento con los mejores personajes para dirigirla y, por el contrario, en administraciones pasadas ha sido lenta y poco oportuna, y ha convertido a organizaciones en sus aliados a través de dotarles de dinero; en los últimos cinco años la dimensión de las desapariciones, de la violencia, del regreso de la tortura y de la inacción de las autoridades, hizo que esta CNDH recuperara su credibilidad.
No había necesidad de colocar a una persona sin el respaldo del Legislativo, el reconocimiento de organizaciones sociales serias y con gran desconocimiento de la realidad del país. Esto se reflejará en la confianza de los organismos internacionales de derechos humanos, quienes ya han comenzado a mostrarse internamente preocupados.