Maria Idalia Gomez

En los últimos días, el extitular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, dio entrevistas a todo el que se la pidió y en todas contaba lo mismo: cómo intentó alertar al entonces presidente Enrique Peña Nieto sobre los casos de corrupción de Rosario Robles y el exgobernador Javier Duarte. Es cierto, hay otros testigos que corroboran esa versión y, sin duda, esta afirmación abre un poco más la puerta, como lo hizo antes el abogado de Emilio Lozoya —Javier Coello—, para discutir la responsabilidad o no del exmandatario. 

Hay elementos muy interesantes en la fértil participación mediática que tuvo Portal que vale la pena revisar. Una de ellas es que fue estimulada por aquellos miembros del gobierno de la 4T interesados en que el expresidente sea investigado por corrupción. Algo a lo que no se opondrá, pero que tampoco está interesado en promover Andrés Manuel López Obrador, porque considera que puede tener un alto costo para la estabilidad del país.

Qué otros elementos se deben revisar. Portal comenzó con sus declaraciones una suerte de blindaje personal y de su equipo más cercano, que fue desechado en cuanto dejó la Auditoría. El argumento que planteó David Colmenares, actual auditor superior, es que encontró irregularidades, una de ellas, haber contratado un despacho contable en el que eran socios, es decir, hicieron exactamente lo que combatían, se contrataron a sí mismos. 

Pero recordemos. En diciembre de 2009 -en el gobierno de Felipe Calderón-, llegó Portal a la ASF y allí permaneció ocho años y dos meses. Es cierto que en su gestión las auditorías fueron más profesionales y se descubrieron tanto casos aislados como patrones y métodos de desvío que permitieron hacer revisiones más estratégicas. Digamos que hizo el trabajo al que estaba obligado. Pero Portal también necesita blindarse porque debería responder por lo que no quiso hacer. 

La Constitución le ordena promover las responsabilidades contra servidores públicos, en caso de haber incurrido en algún tipo de falta o incluso delito. Siendo un órgano con autonomía y capacidad de gestión, con presupuesto que creció año con año, esta promoción lo obligaba a un trabajo amplio y de largo alcance que nunca hizo y que dañó en la misma proporción que la corrución que combatía, porque su trabajo no tuvo impacto. Revisemos:

1-La Cámara de Diputados, ante la que rinde su informe, debe considerar sus resultados para llamar a comparecer a los titulares de las dependencias y exigirles explicaciones y mejoras; también le permite diseñar mejor el presupuesto de cada año y emitir recomendaciones al Ejecutivo para mejorar el desempeño. Pero en ocho años Portal no pudo incidir en el Legislativo. Casi siete de cada 10 diputados ni conoce y mucho menos utiliza los informes que elabora al Auditoría Superior, de acuerdo con el Informe Anual sobre los Resultados de la Evaluación del Efecto o la Consecuencia de la Acción Fiscalizadora de la Auditoría Superior de la Federación 2017, que es un sondeo aplicado a 40 diputados que integraban las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública; Transparencia y Anticorrupción; y Vigilancia de la ASF. Y una encuesta aplicada a 277 diputados que cita el mismo reporte, para medir el impacto del trabajo que realiza la ASF, arrojó que más del 40% diputados conocían uno o ningún documento de la Auditoría. La razón: falta de difusión y cabildeo.

2-El mismo informe plantea algo aterrador, el porcentaje de recomendaciones que estuvieron bien fundamentadas y que habían sido atendidas por los entes fiscalizados fue en caída desde 2011, dos años después de que llegó Portal. Mientras que en 2010 el porcentaje de recomendaciones “procedentes” era de 98.7, para 2015 cayó a 82.4, y no se ha recuperado. Y la rentabilidad económica de la ASF también disminuyó, en 2012 por cada peso que se le asignaba de presupuesto, la Auditoría recuperaba 10; para 2015, por cada peso gastado sólo rescató 60 centavos. Y Portal no lo denunció ni advirtió.

3- Lo peor es que sólo dos de cada 10 casos denunciados por la Auditoría ante la entonces PGR llegaron ante un juez, y no consiguió que algún servidor público fuera sentenciado por desvío de recursos. Un documento que publicó ejecentral muestra que de 2003 al 9 de marzo de 2018, la PGR había consignado sin detenido nueve de 443 carpetas de investigación que inició. La mayor cantidad de investigaciones que se reactivaron y hasta consignaron fue entre 2015 y 2016, que involucraban a 26 gobiernos locales.

Desde hace muchos años pregunté a Portal por qué no daba seguimiento a las denuncias o diseñaba un litigio estratégico junto con el MP; su respuesta fue, como hasta ahora, que no le tocaba. Al ser parte denunciante sí le tocaba, pero no quiso y su omisión provocó que muchos casos se archivaran, prescribieran o llegaran a las procuradurías estatales y se perdieran los casos. Sí le tocaba al auditor a través de su equipo jurídico, que fue el mismo que lo acompañó en ocho años. Y de acuerdo a funcionarios de la ahora Fiscalía, muchas de las denuncias de la ASF no eran sólidas, faltaban pruebas o tenían errores, a veces hasta en los montos del desvío; es por eso que decidieron en el caso de Rosario Robles que los abogados de la ASF estuvieran auxiliando al Ministerio Público y por fin asumir su responsabilidad.

Así es, Portal tiene varias cosas que explicar. 

@Gosimai

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