Este año y los primeros meses del 2020 pueden traer grandes sorpresas
en cuanto a anuncios vinculados a la cruzada anticorrupción que se supone ha emprendido este gobierno.
Investigadores de la Fiscalía General de la República (FGR) y por su lado de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) trabajan intensamente en diferentes casos que involucran a exsecretarios de Estado del gabinete de Enrique Peña Nieto, exprocuradores generales de la República, exgobernadores y hasta directivos de organismos del Estado. Las pesquisas comenzaron desde los primeros meses de este año. Han ido avanzando y las primeras podrían concluir en unas semanas. Si surge algún retraso en la obtención de pruebas, la Fiscalía considera que los dos primeros meses del próximo año contaría con varias órdenes de aprehensión que vinculan a funcionarios de las secretarías de Gobernación, Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Social, Agricultura y Hacienda.
En las investigaciones también se consideran a exprocuradores, por lo menos dos, en este caso los nombres que aparecen en la lista son los de Murillo Karam y Elías Beltrán, quien quedó como titular en funciones de la ya extinta Procuraduría General de la República (PGR). Y en capilla hay más magistrados y jueces, al menos bajo investigación dos en cada caso y, por supuesto, también incluyen las indagatorias contra el exministro Eduardo Medina Mora.
Los delitos van desde desvío de recursos, omisiones, abuso de autoridad, hasta lavado de dinero. De concretarse estos casos, se convertiría esta administración en la que más funcionarios de primer nivel haya sometido a juicio en la historia en al menos dos Poderes de la Unión, faltaría que hiciera lo mismo el Legislativo, investigaciones internas y luego denuncias penales contra diputados o senadores que en el pasado se hubieran beneficiado de su posición para desviar recursos, facilitar contratos o permisos, o impulsar nombramientos en el gobierno federal o local, por ejemplo.
Sería una nueva versión de una operación limpieza, aunque esta vez sería deseable que fuera con pruebas contundentes y los casos terminaran en sentencia condenatorias firmes. No como ha ocurrido en el pasado, en los que la corrupción sólo es una llamarada de petate, útil para el manejo temporal de la credibilidad y como moneda de cambio para negociar, que incluye mentiras en los expedientes.
Aunque cabe la posibilidad de que varios de esos legajos que se integran en la FGR y en la UIF se mantengan vivos, pero sin formalizar un juicio, hasta que sea necesario utilizarlos como una forma de presión para lograr acuerdos políticos. Tampoco sería nuevo, una práctica común en México. O simplemente no tengan el soporte suficiente para llegar a juicio, pero sirvan para presionar.
Ojalá y no vaya a ser que se queden a medias como en la administración pasada que en 2016, como lo reportó este espacio en julio de ese año, eran investigados por corrupción ocho gobernadores en funciones o que tenían poco de haber dejado el poder en Sonora, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo.
Las pesquisas estaban a cargo de autoridades locales, federales y del gobierno de Estados Unidos y, en todos los casos, se supone que había elementos suficientes para someter a esos funcionarios, a sus colaboradores y hasta familiares, a procesos penales por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, cohecho o peculado.
Las investigaciones más amplias e importantes, por sus implicaciones económicas y criminales, eran las estadounidenses y que prevalecen. Se iniciaron contra los exgobernadores de Tamaulipas: Tomás Yarrington y EugenioHernández, y el de Coahuila, Humberto Moreira. A los tres se les vincula con el crimen organizado.
En México, los estados más activos contra sus exgobernadores eran Nuevo León y Sonora, contra Rodrigo Medina y Guillermo Padrés, el primero ya perdido por no contar con pruebas suficientes, el segundo a pesar de las pruebas el último año de gobierno de Peña se fueron diluyendo.
El de Chihuahua, César Duarte, no ha podido ser sometido a juicio, y el de Veracruz, Javier Duarte, sigue preso, pero tambaleándose, porque también en el último año de Peña desde la PGR menguaron las acusaciones.