En junio pasado, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), que dirige Cuauhtémoc Sánchez Osio y que atiende a la niñez más desfavorecida del país, realizó una licitación pública para la compra de útiles escolares, en la que ganó la empresa Grupo Estudiat SA de CV, y con ello se logró un precio 30% más bajo que lo que se adquirieron en 2018.
Hasta allí todo iba bien, pero dicen los que saben que las cosas comenzaron a ponerse mal cuando la compañía se dio cuenta que el plazo máximo de
entrega del material, cerca de cuatro millones de paquetes, se vencía el 20 de agosto y, si no cumplía, debía pagar penalidades.
Como representante de la empresa, Humberto Evoli Aguado, solicitó una prórroga, pero Conafe se negó a otorgársela porque, por ley, éstas sólo pueden darse por causas de fuerza mayor, caso fortuito o causas imputables al propio Conafe. Ninguno de estos supuestos se cumplía.
El problema ya estalló, y grave, pues se ha publicado información contra el organismo y el 21 de agosto apareció frente a las oficinas de la Dirección General de Conafe una de esas notas negativas sobre el Consejo y una inscripción advirtiendo “mejor cuídate”. La amenaza derivó en una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México
y en ella se plantea la posibilidad de que pudiera estar vinculada con el Grupo Estudiat.