La creciente tensión entre el sector empresarial y Petróleos Mexicanos (Pemex) ha escalado en medio de una compleja situación financiera que arrastra a la petrolera estatal. Empresarios agrupados en organizaciones como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) han denunciado públicamente presiones indebidas, prácticas opacas y posibles actos de corrupción en los procesos para liberar pagos a proveedores, que aseguran, están legítimamente adeudados por servicios ya prestados a la empresa. La preocupación empresarial se centra en que estos pagos —que deberían seguir procedimientos administrativos transparentes— estarían siendo condicionados o retrasados arbitrariamente, afectando severamente a cientos de compañías proveedoras, muchas de ellas de tamaño mediano y pequeño, que dependen de estos ingresos para sostener sus operaciones.
Estas denuncias llegan en un contexto especialmente delicado para Pemex, la petrolera más endeudada del mundo, que atraviesa una crisis estructural con implicaciones económicas que van más allá del sector energético. El endeudamiento total de la empresa superó los 101.000 millones de dólares a principios de 2025, aunque algunos estimados, incluyendo obligaciones a corto plazo con proveedores, colocan el pasivo total en más de 120.000 millones. Esta situación no solo representa una carga financiera sin precedentes para una empresa productiva del Estado, sino también un riesgo sistémico para las finanzas públicas de México.
Ante esta realidad, el gobierno federal ha activado una serie de medidas para intentar estabilizar las finanzas de Pemex, incluyendo esfuerzos de refinanciamiento a través de instituciones financieras globales. Según información publicada por el diario El País, el gobierno explora líneas de crédito con organismos multilaterales como el Banco Mundial y bancos internacionales como Deutsche Bank. El objetivo central de estas gestiones sería reestructurar la deuda y, de forma más inmediata, saldar los compromisos de pago pendientes con proveedores, que actualmente suman alrededor de 20.000 millones de dólares.
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La propuesta consiste en que bancos extranjeros compren deuda de Pemex con descuentos, respaldados por garantías del gobierno mexicano. Estos recursos se destinarían a cubrir pagos atrasados y evitar mayores disrupciones en la operación de la empresa. Sin embargo, para el empresariado nacional, estos esfuerzos han sido hasta ahora insuficientes y poco claros, especialmente ante las crecientes quejas de falta de transparencia y presuntas prácticas irregulares para autorizar pagos.
La situación también ha generado un impacto visible en regiones clave para la producción petrolera, como Campeche, Tabasco y Veracruz, donde se han reportado cierres de proveedores, pérdida de empleos y efectos negativos en las economías locales. Las pérdidas operativas de Pemex, que superaron los 43.300 millones de pesos (aproximadamente 2.300 millones de dólares) según su último reporte financiero, agravan aún más la percepción de que la empresa opera con márgenes negativos persistentes y bajo un modelo insostenible.
El gobierno ha planteado una transformación estructural de Pemex como parte de su estrategia para recuperar viabilidad. Esto incluye la reestructuración de su modelo fiscal y con la propuesta de un impuesto único, la eliminación de filiales, y una reducción progresiva de la nómina y gastos operativos. Reformas fiscales más amplias si se busca asegurar tanto la sostenibilidad de la petrolera como la salud financiera del Estado mexicano. Y ojo, ya se dejó claro que no y lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no habrá reforma fiscal. Las implicaciones son de fondo. Agencias calificadoras como Fitch han advertido que la situación financiera de Pemex es un lastre para el perfil crediticio soberano de México. De hecho, la calificación del país podría ser más alta si no fuera por el peso que representa Pemex sobre las finanzas públicas. Fitch ha subrayado que, mientras no se atienda de forma efectiva esta “situación fiscal desafiante”, el país seguirá expuesto a riesgos de deterioro crediticio, mayores presiones sobre el gasto público y limitaciones para atraer inversión extranjera.
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En este escenario, la denuncia del sector privado sobre prácticas irregulares dentro de Pemex no es un hecho aislado, sino un síntoma de una problemática más profunda relacionada con la gobernanza, la transparencia y la viabilidad operativa de una empresa estatal que sigue siendo estratégica para México. Pemex mantiene adeudos con una amplia lista de proveedores nacionales e internacionales. Entre ellos se encuentran empresas globales de servicios petroleros como Baker Hughes, Halliburton, Weatherford y SLB (anteriormente Schlumberger), así como operadores privados de hidrocarburos como Hokchi Energy, Fieldwood Energy y Petrobal. En el ámbito nacional, destacan compañías mexicanas Grupo Diavaz, Oro Negro, Protexa, Dowell Schlumberger de México, Permaducto, Grupo Industrial Durandco, Marinsa y otras, al menos que ya hayan quedado cerrados estos adeudos quitaríamos a algunos. También se incluyen empresas afiliadas a organismos como la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (AMESPAC) y el Energy Workforce & Technology Council (EWTC), además de numerosos proveedores locales, contratistas regionales y pequeñas y medianas empresas que forman parte de la cadena de suministro.
El futuro de Pemex, y con él parte del equilibrio fiscal del país, dependerá de decisiones que se tomen en los próximos meses tanto en el ámbito financiero como institucional.
@juliopilotzi
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