@ja_leclercq
Ningún gobierno está libre de enfrentar en algún momento problemas, escándalos o crisis políticas. Tampoco es razonable pensar que los gobiernos conducirán siempre la nave del Estado sin cometer errores o provocar consecuencias no previstas al momento de reaccionar ante situaciones críticas. La política, en tanto arte de lo posible, implica necesariamente capacidad de liderazgo para actuar, responder, contener e, incluso, aprovechar momentos de crisis.
Evaluar la calidad del liderazgo de un gobierno implica considerar su capacidad para tomar decisiones, diseñar e implementar política pública, rendir cuentas y construir credibilidad a través del mensaje político, pero también involucra la forma en que se reacciona para controlar los daños potenciales de una crisis política.
El problema del gobierno de López Obrador no es el que tenga que enfrentar un escenario nacional terriblemente complicado heredado de nuestro pasado reciente, responder a factores externos como la reelección de Trump o que, incluso, cometa errores propios de la curva de aprendizaje de todo nuevo gobierno. La política es así. Tampoco se trata de que el propio AMLO tienda a moverse como pez en el agua en situaciones críticas y busque aprovecharlas. Ese es y ha sido su perfil.
El verdadero problema, lo verdaderamente grave, es la tendencia que ha demostrado el gobierno a sabotear su propio proyecto en menos de un año. El barco de la 4T no termina de salir de puerto y ya enfrenta el riesgo de naufragio.
No es la irrupción de la crisis lo que tendría que llamar la atención en sí, sino las deficiencias del gobierno al momento de enfrentarlas. Hay señales muy preocupantes que nos advierten que hay algo que no funciona en la toma de decisiones del gobierno: 1) tendencia a autogenerar reiteradamente crisis innecesarias en un momento político, económico y social ya complicado; 2) decisiones que antes que gestionar las crisis, las agudizan y magnifican; 3) repetición de errores de toma de decisiones y comunicación política al enfrentar crisis diferentes; 4) decisiones que más que contener las crisis, se traducen en pérdida de credibilidad y fuertes cuestionamientos a la capacidad de los funcionarios públicos; 5) comunicación estratégica que provoca más incertidumbre y críticas antes que una narrativa coherente; 6) miembros del gabinete que renuncian a través de redes sociales y acusan públicamente la existencia de decisiones ocurrentes, imposición de nombramientos e incompetencia de los nuevos servidores públicos; 7) falta de voluntad para reconocer los errores y omisiones propios y que dañan irremediablemente los procesos de toma de decisiones; 8) una narrativa política que fomenta el pensamiento grupal e imposibilita actuar con efectividad ante situaciones críticas.
El ejemplo más reciente de la capacidad del gobierno para autogenerar crisis lo representa la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda. No sólo implica la salida, a través de redes sociales, de un funcionario clave para la credibilidad del gobierno ante los mercados y la estabilidad de las finanzas públicas. Lo más delicado son los graves señalamientos vertidos en su carta de renuncia, y que advierten que la toma de decisiones públicas carece de sustento que se ha nombrado a incompetentes para ocupar posiciones clave y que las decisiones del gobierno están infiltradas por conflictos de interés. Duro golpe y en la línea de flotación.
El contexto del primer informe tendría que representar una oportunidad para reflexionar, ya no sobre los graves problemas heredados, sino en los errores y crisis autogeneradas. Por más que preocupen al Presidente las acciones de sus adversarios “neoliberales”, donde necesita poner más atención en realidad, es al daño irreversible que están causando los marineros y piratas que navegan bajo la bandera de la 4T.