Juan Antonio Le Clercq

Ha arrancado el cambio de gobierno en forma vertiginosa. Reflejo de un proyecto de gobierno muy ambicioso, del estilo personal de gobernar del nuevo presidente y continuación de una transición llena de luces y sombras.

Fin de semana intenso, de discursos, actos y decisiones que requieren analizarse con cuidado. Cambios en las formas y los fondos, en los símbolos, gestos y protocolos oficiales. La reafirmación de una agenda y un proyecto de cambio que aspira a constituirse en nuevo régimen político.

En medio de la vorágine informativa, dos aspectos permiten aprehender las contradicciones del programa de gobierno y el riesgo de fracaso en su implementación: las definiciones ante la pobreza y la corrupción. Principios para la toma de decisiones con sentido y consecuencias diferentes: por el bien de todos, primero los pobres, representa un acierto político y una responsabilidad moral ineludible; punto final y nuevo comienzo ante la corrupción es una equivocación que normaliza la impunidad.

Cuando se afirma que para bien de todos primero se deben atender las necesidades de los pobres, se reconoce que hay personas que están en una posición de desventaja social y, por lo mismo, no pueden disfrutar de derechos y oportunidades en condiciones de igualdad. A esto se le denomina “principio de diferencia” e implica que es legítimo dar un trato preferente a los desaventajados en el acceso a determinados bienes públicos como vía para garantizar libertades y oportunidades iguales para todos.

Vincular la política social a un principio de diferencia me parece un enfoque adecuado cuya viabilidad se juega, sin embargo, en el diseño de los programas y su implementación. Programas improvisados o pensados para articular redes clientelares pueden distribuir recursos, pero no se traducen en igualdad de oportunidades o en el bienestar prometido. En esto no puede haber confusión: el uso clientelar de los programas sociales no equivale a colocar primero a los pobres, es volver a humillarlos al utilizar su pobreza para fines políticos.

Hacer tabula rasa ante la corrupción, por el contrario, supone enfrentar un problema grave desde un enfoque equivocado. López Obrador está en lo correcto al señalar que el combate a la corrupción no puede ser un circo, simulación o venganza, pero tampoco puede implicar un perdón impune, en especial luego de uno de los sexenios más corruptos de nuestra historia. Lo que corresponde es investigar y hacer justicia. Estamos hablando de recursos públicos, y eso es una labor que obliga a diferentes instituciones del Estado, no sólo a la Presidencia.

Las explicaciones para el borrón y cuenta nueva con la corrupción no son por demás razonables. Se ha referido a riesgos para la estabilidad política, a la posible saturación del sistema de justicia y las cárceles o terminar invirtiendo demasiado tiempo que es mejor dedicar a otros asuntos. No investigar la corrupción y desvío de recursos, cuando además involucra presupuesto dirigido originalmente a combatir la pobreza y la desigualdad no es otra cosa que la misma impunidad en nuevo empaque político. Sin dejar de lado que mirar hacia otro lado cuando hay evidencia de graves casos de corrupción, gracias al trabajo de periodistas y organizaciones sociales puede terminar por minar la credibilidad del nuevo gobierno ante ciudadanos que votaron por el cambio, entre otras cosas, para combatir la corrupción y no sólo para esconderla debajo de la alfombra.

En la forma de definir e implementar la política contra la pobreza y el combate a la corrupción es que puede forjarse el éxito o el fracaso del nuevo gobierno.

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