Rebeca Pal

Me da mucha tristeza que, a pesar de todo, los feminicidios proliferan sin solución a la vista.

Niñas y adolescentes

El riesgo de violencia de género crece en las adolescentes mexicanas. La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), señala que de cada cien carpetas de investigación, sólo tres alcanzan sentencia condenatoria. “Cuando desaparece una adolescente, el Estado criminaliza a la mamá, responsabilizándola por  haberla descuidado, o culpan a la víctima. Esto inhibe la denuncia y hace que no sean públicos los casos… Ser mujer adolescente en este país te da 30% más de probabilidad de ser víctima de desaparición y 36% más de probabilidad de ser víctima de feminicidio, que si eres una mujer adulta”, comentó Juan Pérez García, director de la organización civil. Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, admite que el asesinato de 86 niñas por violencia machista en un año, es una cifra inaceptable.

Mujeres adultas

La violencia contra las mujeres avanza a pesar de las reiteradas denuncias. Sólo el año pasado se registraron 872 víctimas de feminicidio, un 15% más respecto a 2017. En nuestro país cada día son asesinadas siete mujeres. El Estado de México es uno de los focos más preocupantes de feminicidios, violaciones y desaparición de mujeres. 

La Cámara de Diputados aprobó una reforma para que el feminicidio sea considerado un delito grave y amerite prisión preventiva. Actualmente una persona implicada en este ilícito puede enfrentar el proceso penal en libertad, lo que pone en riesgo a la víctima y a los testigos. Con la reforma al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se busca garantizar la comparecencia del imputado en el juicio y evitar que pueda huir y evadir la justicia.

Aún así, las acciones del Estado para sancionar y reparar los hechos de violencia, continúan siendo deficientes. El Observatorio Nacional Contra el Feminicidio, estimó que un 60% de los casos en el país quedan impunes, lo que agrava la desconfianza en las autoridades. “La administración de justicia no ha respondido de manera eficaz a los crímenes de violencia…, lo que propicia la impunidad y el aumento de la inseguridad de las mujeres”, afirmó la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla.

Después de los asesinatos producidos en la Ciudad Juárez en 1993, tuvieron que pasar 20 años para que México incluyera en el Código Penal el delito de feminicidio. En 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, condenó al Estado Mexicano por ser incapaz de garantizar el derecho a la vida de las mujeres. El organismo concluyó que el Estado violó las garantías individuales de estas mujeres, y denegó el acceso a la justicia a los familiares. La corte demandó a nuestro país a conducir eficazmente el proceso penal, remover los obstáculos en la investigación de los hechos y realizarla con perspectiva de género.

Pero no fue hasta el año 2012 que el Congreso mexicano aprobó penas de 40 a 60 años de prisión a quien privara de la vida a una mujer, e instruyó a los estados para armonizar sus legislaciones acorde a las nuevas disposiciones federales. Sin embargo, el estado de Chihuahua sigue sin concretarlo, a pesar de que en 2015 la Comisión de Igualdad de Género del Senado de la República, exhortó al Congreso de Chihuahua a tipificar ese tipo de crímenes y realizar el cambio en la legislación. 

El Estado de México preocupa a las organizaciones de derechos humanos y el INEGI lo cataloga como el estado con mayor número de víctimas de homicidio. Durante el mandato de Enrique Peña Nieto, la OCNF registró 12 mil 796 asesinatos de mujeres.

Un gobierno ineficaz es tan culpable como los asesinos, porque uno ejecuta, el otro nos calla y los dos nos entierran en el olvido.

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