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Luis M Cruz

Es importante crear una nueva institucionalidad que haga imposible la corrupción

1. Salvamento a ahorradores de FICREA

Hace un par de meses una sociedad financiera de ahorro popular causó un quebranto económico a miles de personas físicas (más de 3 mil) y a algunas morales (entre las que figuraban el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, así como el de Coahuila), quienes habían depositado su confianza en esa institución supuestamente al amparo de la autoridad reguladora, en este caso, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

El fraude se dio por lo que típicamente se conoce como una “pirámide”, en donde se atrae a depositantes con el gancho de altos intereses y se les pide mantenerse dentro de la pirámide, así como promover que otros ahorradores se integren. Entretanto, el dinero fue malversado, triangulado y depositado en las cuentas de empresas fantasmas, para de ahí ser utilizado por Antonio Olvera Amezcua, socio mayoritario de Ficrea, quien tiene un pasado de manejos dudosos que culminó con la defraudación por más de 2 mil 700 millones de pesos a los ahorradores.

Una vez detectado el ilícito, las autoridades intervinieron y cerraron el pingüe negocio del señor Olvera, con el consiguiente temor de los ahorradores, muchos de ellos adultos mayores que depositaron los ahorros de toda su vida, que están en riesgo de perder su patrimonio, dado que las reglas de protección del ahorro bancario sólo cubren depósitos hasta por 130 mil pesos.
Si bien se trata de un caso aislado, la repercusión que tiene en la confianza ciudadana en las instituciones públicas es más que considerable. Con las reglas actuales, las autoridades hacendarias pueden hacer muy poco para restituir lo perdido, pues cada uno de los particulares defraudados debe recurrir a la denuncia penal y exigir la reparación del daño, conforme a los bienes que fueron incautados precautoriamente, lo que le asegura un largo camino jurídico por recorrer sin la certeza de recuperar los ahorros defraudados.

De ahí que, con el impulso del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, se promovió la instalación de un grupo plural y bicamaral para abordar la problemática de FICREA y construir una solución legislativa que proteja precisamente el ahorro popular. Con ello, según informa el diputado Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Junta de Coordinación Política, se tiene listo ya un proyecto de nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular acompañada de reformas a otras disposiciones que regulan el ahorro bancario y las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo para defender y proteger a los ahorradores presentes y futuros y una situación como la actual no pueda repetirse nuevamente.

Con la nueva ley, informa el diputado Beltrones, se establecerán acciones concretas para atender a los ahorradores de Ficrea que confiaron en el ahorro popular, para crear un fondo en beneficio de los depositantes en sociedades financieras populares en estado de disolución y liquidación, que protegerá ahorros hasta por un millón de pesos. La magia legislativa del acto es que, dado que se trata de una medida en beneficio de los ahorradores, podrá tener efecto retroactivo en este caso específico, con lo que podrá cubrirse a más del 80% de los ahorradores defraudados que sean personas físicas, dado que personas morales no debieron haber participado en este tipo de instrumentos de inversión.

Así, la buena noticia es que en el Congreso habrá de aprobarse en los próximos días una nueva ley de Ahorro y Crédito Popular, con la cual los ahorradores con depósitos hasta de un millón de pesos podrán recuperar lo invertido; la mala noticia, que tal cobertura no será para quienes quisieron obtener ganancias exorbitantes manipulando fondos de instituciones públicas, que deberán sostener ante los Tribunales competentes las querellas respectivas para demostrar lo habido y recuperar lo perdido.

2. Confianza e Integridad Pública

Al hablar sobre la necesidad de restaurar la confianza pública, actualmente erosionada por la sucesión de acontecimientos en los últimos casi cinco meses, en que pasamos de ser un país prometedor a partir de la concreción legislativa de las reformas estructurales a uno con serias dudas sobre la capacidad de conducirlas, el titular de Hacienda, Luis Videgaray, alude a uno de los dos intangibles necesarios para que una economía funcione.

En “Trust”, Francis Fukuyama, aquel proverbial autor del fin de la historia como un sendero hacia la libertad y la democracia, refiere la necesidad de la confianza como una cultura de sociabilidad espontánea que permite a cualquier empresa ir más allá de los círculos familiares, transformándolos en organizaciones manejadas profesionalmente.

Al respecto, Robert Putnam agrega que no es sólo la confianza interpersonal lo que construye una comunidad cívica virtuosa, sino que también se requiere la existencia de redes interpersonales construidas en términos de reciprocidad y respeto, cumplimiento de los acuerdos y participación en vivencias comunes, algo que es posible transformar en la certeza de una buena vida. Es decir, entonces, para que una economía funcione, además de los factores institucionales obvios del gobierno, el imperio de la ley, el Estado de Derecho, la competitividad y la eficiencia, se requieren condiciones de confianza y certidumbre, que todos conozcamos las reglas del juego, se transparenten las transacciones y se cumplan los pactos en el marco de la ley, conforme a las expectativas sociales de eficiencia y buen desempeño.

En este sentido, en tanto subsista una situación de déficit de confianza, como señalara al Financial Times el titular de Hacienda, ningún set de reformas, por estructurales que sean, desarrollará el pleno potencial de crecimiento del país. De ahí la importancia de transparentar no sólo las situaciones que han sido puestas en duda en la opinión pública sobre las transacciones inmobiliarias del primer círculo del poder, como ha sido instruido al secretario de la Función Pública el hacerlo, sino también la de transformar las leyes vigentes actualmente que dejan demasiado espacio a la discrecionalidad de los operadores públicos.

Par construir confianza, sobre todo cuando se ha perdido, lo procedente es reformar todo aquello que la ha afectado. En ese sentido, también es importante el crear una nueva institucionalidad que haga imposible la corrupción, que evite el tráfico de influencias y termine con la impunidad, tanto pública como privada. Hacia allá se enfila la creación del Sistema Nacional de Integridad Pública, que habrá de descansar en cuatro pilares esenciales en la necesaria transformación cualitativa para enfrentar la corrupción combatiendo no sólo a los corruptos sino también las circunstancias que han hecho posible la existencia de la corrupción.

La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, creada en el cuerpo de la nueva Fiscalía General de la República ya fue votada por los Diputados y se encuentra actualmente en el Senado, en donde también habrá de nombrarse al Fiscal Anticorrupción, tendrá un carácter de autonomía constitucional y todas las atribuciones del Ministerio Público para integrar averiguaciones previas por querella o de oficio cuando existan indicios para ello; se estarían previendo nuevas facultades para que la Auditoría Superior de la Federación esté en posibilidad de realizar auditorías durante el año de ejercicio de los recursos, denominadas “en caliente”, procediendo a realizar las denuncias correspondientes de inmediato; se transformará el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en un Tribunal de Rendición de Cuentas, en tanto que la reactivación de la Secretaría de la Función Pública permitirá al Gobierno Federal contar con las contralorías internas respectivas para realizar las funciones preventivas y de aplicación de políticas anticorrupción en el ámbito estrictamente administrativo.

A la par, próximamente en el Congreso habrá de considerarse la legislación relativa al conflicto de interés y, para no quedar cortos, podría abordarse lo relativo al fuero de legisladores y altos servidores públicos, que sólo debiera existir para asuntos estrictamente de su encargo y no para todo efecto.

De esta forma, al tiempo que se estarían clarificando las situaciones que preocupan a la opinión pública sobre presuntos casos de corrupción o tráfico de intereses también se estaría construyendo una nueva institucionalidad que cierre el paso a estos fenómenos realmente nocivos.

3. Rendición de Cuentas

La Auditoría Superior de la Federación presentó el Informe General sobre la Cuenta Pública del año 2013, que corresponde al primer año de ejercicio del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. Dicho informe se entrega a la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, la cual deberá conocerlo y emitir un dictamen afirmativo o negativo, tras lo cual es puesto a debate en el Pleno de la Cámara de Diputados para aprobación de la Cuenta Pública.

Como toda auditoría, lo que se busca es constatar que los recursos públicos hayan sido ejercidos correctamente, conforme a la legalidad y normatividad vigente al momento de su ejercicio, e identificar posibles incumplimientos o desvíos de recursos conforme fueron autorizados por la Cámara de Diputados.

En todo caso, lo relevante para una autoridad de Auditoría es el poder disuasor que tiene para que los servidores públicos auditados eviten cometer actos contrarios a la naturaleza de las funciones que es su deber cumplir. Para ello, se plantea el programa de auditorías, que en esta ocasión fueron 1,413, de las que derivaron la recomendación de 10 mil 861 acciones correctivas o resarcitorias.

En este último caso, dice el auditor Superior, Juan Manuel Portal, que como resultado de las auditorías se recuperaron 5 ml 804 millones de pesos, cifra que podría incrementarse conforme se realice el proceso de solventación de las acciones consideradas como “recuperaciones probables”, que importarían 52 mil 721 millones de pesos. Cabe subrayar que las observaciones que realiza la ASF a las entidades y dependencias auditadas, son atendidas y de serlo a satisfacción de la ASF, son superadas, contabilizándose el monto aclarado como una recuperación. De haber presunción de desvío de recursos, la ASF plantea la denuncia correspondiente ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes.

Por ejemplo, de 2001 a 2012, la ASF ha reportado recuperaciones probables por 88 mil 851 millones de pesos, de los que fueron “recuperados” 12 mil 500 millones de pesos.

Por otro lado, la ASF suele recomendar también acciones legislativas o procedimentales que, a su juicio, podrían mejorar el ámbito de certidumbre en el ejercicio de los recursos públicos. Sin ser autoridad legislativa facultada para ello, en esta ocasión la Auditoría Superior sugirió 65 propuestas en torno a 15 ordenamientos jurídicos y 5 propuestas para nuevas leyes, varias de las cuales han sido superadas ya con la reciente aprobación de la reforma constitucional para la Responsabilidad Financiera de Estados y Municipios, que habrá de regular la contratación y uso de la deuda pública en las entidades federativas.

4. Ajustes en las Perspectivas Económicas

Prácticamente en línea, los analistas económicos del sector privado y el Banco de México han realizado ajustes a las expectativas económicas del presente año, debido al impacto previsible que en las variables están teniendo al menos tres factores internacionales:

a) La abrupta caída de los precios internacionales del petróleo;

b) La desaceleración de la economía mundial;

c) El fortalecimiento de la política monetaria norteamericana (apreciación del dólar y previsible elevación de la tasa de interés de referencia).

En nuestro país, según explicara el titular de Hacienda, se decidió prevenir un eventual choque derivado de menores ingresos y mayor gasto público, adoptando una medida preventiva como ha sido el recorte del presupuesto en rubros prescindibles o por el momento innecesarios, por 123 mil 400 millones de pesos (0.7% del PIB ó 2.6% del presupuesto total).

La distribución del mismo, según análisis realizado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, permite pensar que es una reducción muy controlada, que bien pudiera haberse asumido con medidas de contención del gasto así como de austeridad y eficiencia, pues las inversiones que se reducen o difieren son para proyectos nuevos, varios de los cuales son inviables en tanto prevalezca el reducido precio del petróleo, pudiendo recuperar viabilidad una vez que el precio mejore. Hay que notar que el principal monto de reducciones en inversiones proviene de Pemex, CFE y de SCT (ferrocarriles y carreteras), representando éstos 75 mil millones de pesos, el 60% del total ajustado.

Sin embargo, no obstante que el impacto de este ajuste en la economía debiera ser marginal, los analistas le atribuyen un efecto psicológico de extrema cautela ante los riesgos que podría estar enfrentando la economía mexicana en estos momentos de incertidumbre exterior y de controversias internas, sobre todo por los efectos de la baja percepción del desempeño gubernamental. En este sentido, el ajuste presupuestal consideran que estaría impactando en el potencial de crecimiento de manera lineal, es decir, en 0.7%, con lo que la expectativa de crecimiento del año estaría entre 3.0 y 3.2%; la inflación esperada también estaría cercana al 3% con miras a una deflación por caída en la demanda interna (le llaman estanflación), manteniéndose el tipo de cambio en torno a los 15 pesos por dólar.

El análisis ya integra los posibles beneficios que para el desempeño económico tendrían tanto un peso devaluado (exportaciones más baratas pero importaciones más caras) y menor costo del gas y otros combustibles, que debieran traducirse en incremento en la competitividad, no obstante que la gasolina no ha reducido su precio interno con lo que el gobierno estaría recibiendo ingresos extraordinarios por concepto del diferencial de precios.

5.       Perspectiva cautelar del Banco de México

Al respecto, Banco de México ha decidido también realizar ajustes a las perspectivas económicas del año, que se supone irían en línea con las que anticipa el sector privado y otras agencias internacionales, pues Standard and Poor’s estima el potencial de crecimiento en 3%, que sería bueno si se compara con la expectativa de otros países como Brasil (1%) o la eurozona (que apenas elevó su previsión del 1 al 1.3%, pero no contra otras economías latinoamericanas, pues Panamá pensaría crecer 6%, Chile y Perú estarían previendo crecer al 4.5% y Colombia por lo menos 4%.

En la perspectiva del Banco de México, los riesgos para la economía mexicana no permiten ningún relajamiento de la política monetaria y, por ende, mayor disciplina financiera y garantías para la estabilidad macroeconómica. Para Banxico, es inminente la elevación de las tasas de interés de Estados Unidos, que elevaría el servicio de la deuda, competiría por flujos de inversión internacionales y encarecería las disponibilidades de crédito en las transacciones comerciales. Dice al respecto la institución, “en virtud de los riesgos, las economías emergentes deberían suponer que el aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos empezará más temprano que tarde, por lo que requieren fortalecer sus fundamentos económicos en la medida de lo requerido”, es decir, está a favor de las medidas preventivas, pero pareciera sugerir que se requieren aún más.

En cuanto a los mercados financieros  internacionales, Banxico considera que todavía existe riesgo de episodios de fuerte volatilidad (por tensiones geopolíticas  en Rusia u Oriente Medio, así como por las duras negociaciones sobre la deuda y permanencia de Grecia en la Eurozona) a lo que habría que añadir la desaceleración de la economía mundial, la caída de los precios del petróleo y la devaluación de las principales divisas. Por lo que, para proteger la estabilidad financiera del país, el Banxico se apresta también a elevar las tasas de interés, tan pronto como considere que esto sucederá en los Estados Unidos, allá por el próximo mes de junio.

Por otra parte, el Banco de México enfatiza la necesidad de sostener por sobre todo la fortaleza de los fundamentos macroeconómicos, ante la caída del precio del petróleo y el efecto del mismo en los ingresos públicos. En ese sentido, habrá de insistir en la necesidad de ajustar la política fiscal y monetaria para alcanzar las metas económicas y, en el caso de la política fiscal, “considera importante adecuar las finanzas públicas a la realidad actual y que un ajuste fiscal evitaría un posible deterioro de la confianza y dotaría al país de mayor margen de maniobra para hacer frente a un entorno externo e interno más complicado de lo previsto hasta hace poco”.

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