Oscar Moha

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tiene geolocalizadas a más del 90% de las estaciones de radio que no cuentan con un permiso oficial, pero que transmiten programas, sobre todo de contenido religioso, en el territorio nacional. Esta semana se supo que llevó a cabo el aseguramiento de equipo y aplicó una sanción de más de 73 mil pesos a una Asociación Religiosa de corte pentecostal que usaba la frecuencia del 96.7 en Macuspana, Tabasco, pues no contaba con la concesión para utilizar el espectro.

Mientras algunos Ministros de Culto cercanos al Presidente de la República siguen en pláticas secretas con funcionarios y legisladores para tramitar que el Gobierno otorgue concesiones de radio y televisión para las Iglesias, el IFT actualiza un mapeo que sirve para ubicar geográficamente a las más de 200 frecuencias que son utilizadas por religiosos en México, principalmente en las zonas norte y sureste del país, donde la compra e importación del equipo básico para montar una cabina es más fácil que llenar los requisitos solicitados por la autoridad correspondiente para otorgar una concesión.

Para el jurista Agustín Ramírez Ramírez, experto en Derecho a la Información y en Telecomunicaciones, el asunto de conceder una frecuencia de radio a una Iglesia está no sólo en función de la Ley de Asociaciones Religiosas, que por el momento impiden que los Ministros de Culto sean propietarios o administradores, sino de la libertad de expresión y de pensamiento. Explica que se debe discernir entre lo que es una organización civil con pensamiento religioso y una Iglesia que se dedica al proselitismo, por lo que se debe abrir un debate en este sentido y no vulnerar las libertades básicas del ser humano, pero tampoco permitir un adoctrinamiento a través de las ondas hertzianas que son propiedad del Estado.

El IFT no ha otorgado concesiones de radio o televisión a Asociaciones Religiosas como tales, pero sí a personas físicas y organismos de la sociedad civil que tienen una preferencia espiritual, sea católica, evangélica, espiritista… y otras. Quienes se han hecho acreedores a una frecuencia han cumplido con los requisitos que la ley exige y han llevado a cabo los trámites necesarios. Sin embargo, en todos los Estados del país existen frecuencias que están explotando una sintonía, muchas con fines de lucro. Según datos del Instituto, de cada 10 estaciones “piratas”, 7 son usadas para fines religiosos por personas que están identificadas con alguna de las más de 9 mil 500 Iglesias con registro ante la Secretaría de Gobernación.

“Por ello es que cuando llega una solicitud de un particular o de una Asociación Civil, o Fundación, checamos los listados que tenemos de Asuntos Religiosos de Gobernación para saber si el vínculo que existe es oficial o sólo fraternal… Y en caso de que exista un impedimento legal, lo hacemos saber por escrito a los peticionarios. Creo que esto podría terminar en breve porque he escuchado que las pláticas para que se permitan a los pastores y sacerdotes tener programas de superación personal están avanzadas”, dice un funcionario del IFT quien pide el anonimato.

Y así, el órgano regulador tiene una lista de Asociaciones Religiosas que operan a través de terceros, o incluso de Ministro de Culto, alguna de las frecuencias que transmiten programas al margen de la ley por lo que podría comenzar a imponer multas a las Iglesias que se ostentan como las “propietarias”. Aunque el problema con otras estaciones, que son las menos, es más dañino para el Estado: son usadas por el crimen organizado, disfrazadas de “servicio social o comunitario”, que alertan a sus radioescuchas sobre los operativos que llevan a cabo las Fuerzas Armadas en entidades como Hidalgo, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua y Estado de México principalmente.

Esas estaciones operan con tecnología de punta que es fácil de conseguir en Estados Unidos. Y aunque están en sitios ubicados no lejos de las ciudades con servicios básicos se ocultan en inmueble, aparentando un bajo perfil para que las autoridades locales y federales no se enteren de su existencia.

“Los operativos para decomisar antenas y aparatos no están agendados, pueden realizarse en cualquier momento y en cualquier parte, o a petición expresa de una empresa o un particular, aún de manera anónima, pero siempre hemos tenido el inconveniente de que los ‘piratas’ son alertados por elementos de nuestra misma oficina que reciben un pago a cambio de su alerta”, concluye el informante.

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