Oscar Moha

El pasado 26 de marzo la senadora Patricia Mercado Castro, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para evitar que servidores públicos puedan hacer uso de su muy respetable “objeción de conciencia” para ejercer su profesión por motivos religiosos, sin violentar los derechos de terceros. Actualmente, no existe una disposición legal que regule el uso de argumentos espirituales, causantes de actitudes discriminatorias y de exclusión, por parte de trabajadores al servicio del Estado.

La legisladora, quien se ha caracterizado por la defensa de la separación entre las Iglesias y el Estado, dice que a partir de la Reforma del Artículo 40 de la Constitución en el 2012, no se ha reflejado este distanciamiento en el quehacer burocrático que separa las acciones legales y las creencias de los funcionarios en su cotidiano actuar, toda vez que la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público regula en parte las actividades de los Ministros, pero no de los que son servidores de la Nación.

La reforma que propone Patricia Mercado consiste en modificar la Ley General de Responsabilidades Administrativas para hacerla compatible con la normatividad que regula a las confesiones religiosas y fortalezca la distancia en el quehacer de ambas partes para el beneficio de la población, lo que evitaría actos discriminatorios que condicionan el servicio que prestan los empleados en todos los niveles de Gobierno hacia personas o grupos por motivos especialmente religiosos. Es decir, que un médico pueda argumentar que por razones de su fe o de su concepción filosófica o moral se niegue a prestar un servicio sanitario a una persona, o personas, que no estén de acuerdo a sus valores.

El planteamiento se hace vigente cuando el Congreso de Oaxaca decidió que el aborto no debe ser penalizado, poniéndose a la par con la Ciudad de México. Y cuando en Nuevo León también el Congreso local incorpora la “objeción de conciencia” para el sector Salud Estatal, la cual pueden invocar desde ya el personal que presta servicios médicos y negarse, en su caso, a practicar un aborto o atender a un paciente de la comunidad LGBT, confiando en que no serán sancionados por causa de su fe o de practicar “su moral”.

Estos hechos tendrán repercusión en la persona que sustituya al actual Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). La Institución ha atendido casos en donde ciudadanos han presentado una queja por la “objeción de conciencia” que han argumentado principalmente personal médico, impartidores de justicia, Presidentes Municipales y otros servidores públicos que han antepuesto sus creencias religiosas para negar o condicionar un servicio, o apegarse a los preceptos legales porque los quejosos forman parte de una comunidad contraria a los servidores públicos. Como muchas veces ha sucedido en las denuncias que presentan grupos evangélicos en contra de autoridades que han quebrantado la ley a favor del grupo mayoritario y que ha derivado en quema de templos, negación de programas de apoyo gubernamental, expulsión de niños de escuelas federales, robos, despojos, sin que hasta el momento haya retribución de daños.

Uno de los puntos que algunas Asociaciones Religiosas contemplan con recelo de esta iniciativa es el concerniente a sancionar “cuando se difame, censure descalifique o incite al odio mediante cualquier medio a cierto grupo en razón de sus convicciones éticas de conciencia o de religión”. Y es que médicos evangélicos y sus colegas católicos practicantes, en su mayoría son “objetores de conciencia”. En el algunos casos no solo eso. Su profesionalismo se empaña cuando discriminan negando servicios propios de su vocación a lesbianas, homosexuales y transexuales disfrazando la homofobia en su pleno derecho a rehusarse a varias otras responsabilidades como practicar un legrado, hacer trasplantes de órganos, entre otras.

De aprobarse esta iniciativa, las sanciones podrían ir desde una amonestación o suspensión hasta la destitución e inhabilitación de los servidores que no se apeguen a la legalidad y al cumplimiento de su responsabilidad. Aunque también estaría contemplado un programa informativo y de formación para funcionarios en todos los niveles, con el fin de elaborar códigos de ética en cada oficina y evitar la discriminación.

Haría bien la oficina de Asuntos Religiosos de Gobernación en dar cursos de capacitación sobre todo a pastores evangélicos, en temas de bioética y sexualidad. Sé que no es su función, pero nos ahorraríamos declaraciones que descalifican y violentan socialmente, sobre todo cuando se expresan en público o a través de medios de comunicación y redes sociales. Abonaría a la pacificación que tanto necesita el país. Comprender que todos somos iguales ante la ley y ante la necesidad de servicios médicos ayudaría a mejorar el clima político a través de una verdadera separación entre el poder terrenal y el que los religiosos quieren tener en este mundo.

PALABRA DE HONOR: Ya suspendieron las actividades de “La Feria” de Chapultepec. La autoridad consideró que los juegos mecánicos no son seguros y ponen en peligro la integridad del público, luego de que fallecieron dos personas en un accidente el pasado 28 de septiembre. Ahora deberá revisar las ferias que se ponen afuera de los templos que tienen celebraciones a lo largo del año. Son cientos de propietarios que pagan cuotas a las Alcaldías, pero que no tienen supervisión ni de la pirotecnia que se utiliza. ¿O hacen falta muertos?

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