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Juan Carlos Rodríguez

Venezuela (con su éxodo masivo por la crisis política, el desempleo y el desabasto de productos básicos), Afganistán (con la guerra de los talibanes contra la ocupación de Estados Unidos), Zimbabue (que en 2017 vivió un golpe de Estado para destituir al dictador Robert Mugabe), Etiopía (que acaba de firmar la paz tras 20 años de conflicto armado con Eritrea) y Nicaragua (que padece una oleada de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega), todos conviven en México.

El instituto World Justice Project lanzó  esta semana el Índice de Estado de Derecho en México 2018, documento que, por primer vez, mide la fortaleza de las instituciones, el respeto a las leyes y el combate a la corrupción en cada una de las 32 entidades del país.

Guerrero, donde cohabitan la pobreza, la violencia y la delincuencia organizada, es la entidad con el Estado de derecho más frágil. En una escala de 0 a 1, donde 1 es mayor fortaleza institucional y 0 es equivalente a la anarquía, el territorio gobernado por el priista Héctor Astudillo tiene una calificación de 0.28, marca idéntica a la que posee la Venezuela de Nicolás Maduro.

›Las mayores debilidades de Guerrero son la elevada cantidad de homicidios, la fuerte presencia de bandas criminales, la investigación penal ineficaz, un Poder Legislativo que no es contrapeso al poder gubernamental y un casi nulo derecho a la privacidad.

En contraste, los rubros donde sale medianamente bien calificado son el derecho a la información pública, la libertad religiosa y el debido proceso legal.

Basado en más de 25 mil encuestas, el estudio del World Justice Project revisa  ocho factores: 1) límites al poder gubernamental, 2) ausencia de corrupción, 3) gobierno abierto, 4) derechos fundamentales, 5) orden y seguridad, 6) cumplimiento regulatorio, 7) justicia civil y 8) justicia penal, los cuales integran un total se descomponen en 42 indicadores. 

Guerrero, por ejemplo, es el último lugar en límites al poder gubernamental, en derechos fundamentales, en orden y seguridad, en justicia civil y en justicia penal.

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La segunda entidad peor rankeada es Baja California Sur, territorio que hasta hace cinco años era considerado una de los más seguros del país. Gobernada por el panista Carlos Mendoza Davis, la entidad tiene un puntaje de 0.35, que es igual al que posee Afganistán, nación que desde 2001 vive la ocupación de Estados Unidos, cuyas tropas enfrentan a los yihadistas de El Talibán y que está muy lejos de tener elecciones democráticas.

Los estados donde el Estado de derecho es más fuerte son Yucatán, Aguascalientes y Zacatecas, con puntajes de 0.45, 0.44 y 0.44, respectivamente. Sin embargo, los tres están lejos de países que son económicamente más pequeños que México, como República Dominicana (0.46), Zambia (0.47), El Salvador (0.48), Kazajistán (0.51), Botswana (0.58) o Uruguay (0.71).

Yucatán, demarcación que tradicionalmente tiene bajos niveles de delincuencia, es gobernada por el panista Mauricio Vila Dosal (después de 11 años de priismo). Pese a todo, tiene un puntaje similar a Liberia (que ha vivido dos guerras civiles en los úlimos 30 años) o Sierra Leona (asolada recientemente por una epidemia de ébola)

Las fortalezas yucatecas están en la ausencia de homicidios, baja presencia de criminales, alta percepción de seguridad, libertad de expresión y un Poder Judicial que es contrapeso real al poder gubernamental. Sus debilidades radican en la baja participación ciudadana, una justicia civil de poca calidad y el magro respeto a los derechos laborales.

La Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Morelos y Nayarit obtuvieron un promedio de 0.37, lo que los coloca a la par de países como Zimbabue, que vivió un golpe de Estado en 2017 y, tras casi cuatro décadas de ser gobernado por el dictador Robert Mugabe, actualmente experimenta un desempleo que ronda el 90 por ciento.

En el caso de la Ciudad de México, sus puntos endebles se ubican en la fuerte presencia de grupos criminales, la elevada corrupción en el Poder Legislativo, la ineficaz investigación penal y la inseguridad que priva en el sistema carcelario.

Veracruz, por su parte, adolece de un sistema de justicia penal poco eficaz, escasos contrapesos al Poder Ejecutivo y una elevada corrupción en el Poder Judicial.

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