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Carlos Alberto
 Martínez Castillo*

La economía mexicana enfrentará dos grandes retos este 2021, de cómo los procese, resultará la forma en que el país resuelva las coyunturas económicas durante el año. El proyecto económico de Joe Biden, el calentamiento global, la abrupta incursión de China al plano mundial, el mercado internacional de energéticos, las políticas de expansión monetaria y fiscal de las naciones desarrolladas, la pobreza y marginación interna, la falta de dinero del gobierno, los programas sociales, Pemex y la reactivación, estarán supeditados a estos retos. 

El primero de ellos será recuperar lo perdido tras la recesión menor provocada antes de la pandemia en el año 2019 (-0.1% PIB) y la recesión mayor del año 2020 (-9% PIB) producto del confinamiento por la Covid-19 y la falta de estímulos fiscales para la protección del empleo. 

El segundo estriba en determinar exactamente qué tipo de relación desea tener el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con el sector privado el resto del sexenio. 

La economía se desaceleró desde mediados del 2018 y acrecentó su freno en 2019 fundamentalmente por la precipitación en la caída de las inversiones por la falta de cumplimiento del estado de derecho y la incertidumbre que ello provoca. Esta situación se agudizo el año pasado por el cierre casi total de la actividad económica y la falta de posibilidades por parte del gobierno federal para apoyar a la planta productiva. 

›A lo largo de este año la difícil situación prevalecerá al menos el primer semestre por lo que una estimación realista del PIB oscilará en 3% (1T 0.8, 2T 0.6, 3T 1 y 4T 0.6). El reto estará en buscar reparar rápidamente los daños estructurales que la economía ha sufrido en estos 2 años, en particular el empleo. A lo anterior se agrega que todavía falta mucho para salir de la crisis de salud en la que nos encontramos lo que seguirá mermando las posibilidades de recuperar el empleo de forma importante.

Por su parte y como lo demuestra la evidencia, el país no puede salir adelante sin la participación del sector privado en la inversión y la creación de empleos, así como en el mantener al gobierno a través del pago de impuestos. 

Hasta el momento nuestro gobierno ha mantenido una relación en la que ha buscado extraer la mayor renta posible de las empresas y empresarios y, establecer nuevas reglas del juego sustentadas en la ética y freno a la corrupción. Sin embargo, ha hecho poco para fomentar la actividad económica, apoyar a la planta productiva y fomentar el estado de derecho, así como estimular la libre competencia. El gobierno y la IP tienen que ir de la mano hacia adelante en donde, por un lado, las cúpulas deben ampliar la defensa de su interés desde un punto de vista más amplio y no sólo de las grandes empresas al mismo tiempo que deben dejar de pretender que el gobierno les debe dar todo; por el otro lado, el gobierno debe equilibrar más su relación que, hasta ahora, ha sido más de autoridad que de acompañamiento parta el fomento al empleo que es lo que a todos interesa.

De cómo el país resuelva los daños estructurales que nuestra economía ha sufrido estos dos últimos años particularmente en el empleo y la certidumbre por falta de estado de derecho y qué tipo de relación se establezca de aquí en adelante entre el gobierno y los empresarios es cómo se podrá definir el rumbo económico de México en lo que resta del sexenio y enfrentar las circunstancias que se avecinan como:

El proyecto económico del presidente electo, Joe Biden, quien no sólo representa a nuestro principal socio comercial, sino que en buena medida es antagónico en áreas clave para el desarrollo como la energía, el cuidado del medio ambiente y cambio climatológico y el mercado laboral, además de iniciar propiamente la implementación del T-MEC en un contexto pos-Covid en el que México puede ubicarse como un socio estratégico en sectores clave como el farmacéutico, electrodoméstico, industria metalmecánica y acerera, así como turístico.

El mercado laboral va a resentir dos fuertes efectos, por un lado, la pandemia aceleró el avance tecnológico y, por tanto, la sustitución de mucha mano de obra que, además, por el otro lado; la existencia de abundante mano de obra producto del ya muy largo confinamiento, la falta de estímulos al empleo y la falta de flexibilidad para la contratación laboral además de las enormes presiones que, sobre la planta productiva se ejercen para hacer más rígida la relación patrón-empleado. A lo anterior se suma la presión que Estados Unidos y Canadá ejercerán sobre nuestro mercado laboral y la implementación de acuerdos laborales que el T-MEC señala y que van muy lentos por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

La falta de recursos del gobierno para hacer frente a sus funciones, así como para reconstruir el sector salud, mantener los programas de apoyo social, mejorar la seguridad pública y los proyectos de infraestructura es un asunto de la mayor importancia. Hasta el momento el gobierno federal ha mantenido un manejo excepcional en términos de mantener la disciplina de las finanzas públicas y apretar la recaudación al contribuyente. 

Lo anterior es sostenible, sin embargo, sólo sí la economía crece y se mantienen las condiciones esenciales para aumentar la inversión tanto privada como pública. No hay forma sana de aumentar los ingresos del gobierno sin que la economía crezca de lo contrario la extracción de rentas a las empresas, profesionistas, universitarios, empresarios entre otros tendrá un límite que terminará deshidratando a la economía.

El tema de Pemex seguirá siendo un dolor de cabeza sino para la economía mexicana en su conjunto sí para los ingresos del gobierno. Esta empresa del gobierno va a seguir presentando flujos negativos por el entorno de débiles precios del petróleo y el movimiento de las economías hacia energías no fósiles. 

En particular la evaluación de crédito de Pemex refleja un riesgo alto debido a la excesiva carga de su deuda y escasa liquidez. Este año probablemente sea el año que el presidente López Obrador se vea obligado a tomar una decisión sobre la empresa de las 10 posibles que hay, ninguna es perfecta, pero hay que hacer algo antes que la calificación de la deuda se vea seriamente impactada más de lo que ya está. Un ejemplo puede ser la reemisión de lo que se conoció como los petrobonos en donde no se coloca deuda propiamente pero sí venta de futuros de crudo tomando recursos frescos no de los mercados internacionales que por ahora para Pemex son caros, pero sí del ahorro interno que el país genera.

La reactivación económica es mientras más tarde más impacto tendrá en el empleo y en el incremento de la pobreza como se ha venido observando a lo largo del año pasado. La llegada de unas cuantas decenas de vacunas no es la solución para revertir la tendencia de la caída económica que, como mencionamos, viene desde el año 2019. 

La actitud hasta ahora desplegada por el gobierno, hacia las empresas privadas (recaudación, sin estimulo, prohibición del outsourcing, inhibir la libre competencia) no es suficiente se necesita la contraprestación para estimular mayores inversiones y evitar el cierre de empresas. Esta contraprestación fundamentalmente se centra en devolverle a las empresas parte de lo que se les exige de contribución con mejores servicios y seguridad públicos e igualmente importante es otorgarles seguridad jurídica y certidumbre a sus inversiones. 

La reactivación de la economía sólo podrá ser sólida y no de rebote sí se establece una relación entre Estado y capital privado basada en pedir pero también en el dar, ambas partes tienen que entender que no todo es para un lado, estamos en el momento en el que todos ponen pero también todos reciben sin distingo, en la medida de sus necesidades. 

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