30 años de impunidad en asesinato del periodista Víctor Oropeza, acusa la SIP
El organismo instó al gobierno de México a poner fin a la ausencia de justicia que rodea a este y otros crímenes

Médico de profesión y columnista en El Diario de Juárez, Víctor Manuel Oropeza estaba en su consultorio cuando dos personas entraron y lo asesinaron con 14 puñaladas en el torso. Los hechos ocurrieron el 3 de julio de 1991 y el crimen sigue impune.
A 30 años del asesinato del periodista Víctor Manuel Oropeza —destacado por hablar en sus columnas sobre la relación entre las autoridades y organizaciones de narcotraficantes—, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) instó públicamente al gobierno de México a poner fin a la ausencia de justicia que rodea a este y numerosos otros casos de asesinatos contra periodistas.
Es lamentable que a 30 años del asesinato aún no se tengan resultados. La falta de resolución de los casos de asesinatos contra periodistas, la violencia y la impunidad, restringen la libertad de expresión y de prensa “, dijo Juan Francisco Ealy Lanz-Duret, miembro de la SIP.
Tras el asesinato de Oropeza, la familia de su viuda, Patricia Martínez Téllez, fue amenazada.
La SIP presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo de 1997 argumentando que existían deficiencias en el proceso de investigación del homicidio.
La investigación tomó distintos giros —las autoridades incluso consideraron la posible culpabilidad de los hijos del primer matrimonio del periodista, y luego de su segunda esposa y el hermano de ésta—, actualmente el único presunto culpable está preso en Estados Unidos por un hecho no vinculado con este caso.
Desde entonces, el caso Oropeza pasó por varios procesos de discusión con autoridades de distintos gobiernos de México, pero quedó estancado en 2007.
Sin embargo, a fines de 2019 se retomaron las conversaciones con representantes del Estado. En la actualidad la SIP, junto a la familia, analiza un posible acuerdo de solución amistosa con el Estado que incluya, entre otras medidas, una investigación diligente del asesinato, la identificación y sanción de los responsables, el reconocimiento de responsabilidad del estado y la compensación para los familiares de la víctima.