Antonio Cuéllar

El hecho de que la primera consulta a la ciudadanía hecha en el marco de la Constitución haya tenido lugar el 1 de agosto, arroja una coincidencia relevante con otro hecho que tiene que ver, precisamente, con la figura de la democracia participativa directa, la conformación de Suiza.

El domingo pasado sonaron los petardos alrededor de la Confederación Helvética con motivo de la celebración de 730 años de su existencia, como Estado independiente, a partir de la unión de los primeros cantones.  El país situado en el centro neurálgico de la Europa occidental es hoy una de las economías más pujantes del planeta y, además, una democracia sólida y bien constituida.

De acuerdo con su propia Constitución, la ciudadanía tiene el derecho de promover iniciativas populares y de participar en referéndum, instituciones que comparten caracteres esenciales con los derechos de la ciudadanía que hoy contempla nuestra propia Constitución Federal.

En el ejercicio de tales derechos, los ciudadanos suizos reciben y participan de manera periódica y formal en los procesos de votación de iniciativas que tienen que ver con problemas de trascendencia nacional en todos los ámbitos de desarrollo político, económico y social del mismo país. Así, votan regularmente iniciativas del gobierno que tienen que ver con temas como el de la modificación de la relación de la propia Confederación con la Unión Europea, o la modificación a las normas que tienen que ver con la obtención de la ciudadanía para extranjeros, o la tenencia y portación de armas, o la administración del presupuesto para la adquisición de armamento, o la aceptación de reglas obligatorias que tienen que ver con el confinamiento con motivo de la pandemia, entre muchísimas más.

Esa intervención pacífica de la ciudadanía en la construcción del rumbo por el que camina el país ofrece certeza en torno de la popularidad de las políticas y medidas que adopta el Consejo Federal (su órgano administrativo de poder), que redunda en estabilidad y paz para la nación con la que su desarrollo armónico se consolida ejemplarmente con relación al resto de las democracias del orbe.

La inclusión de las figuras de iniciativa popular y consulta ciudadana que hoy contempla la Constitución de nuestro país data del 2012 y 2014, respectivamente. La segunda formó parte de una reforma estructural importante, por la que se confirió al Instituto Federal Electoral su calidad nacional y se establecieron restricciones a los partidos. Cobra importancia mencionar que fue gestada en el seno del Pacto por México y que, incluso, los partidos de oposición, hoy titulares de la “cuarta transformación”, se posicionaron a favor de ella.

Mucho se ha dicho, evidentemente, sobre la calidad innecesaria de la pregunta que fue planteada por el Presidente de la República y después modificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que su construcción parecía someter a la decisión de la ciudadanía lo concerniente a la obligación de aplicar la ley en contra de servidores públicos que, en otras épocas, pudieran haber cometido algún delito. La polémica no es menor, pues la observancia del derecho no puede quedar supeditada a la votación de la ciudadanía.

Más allá de la pregunta, la verdad de las cosas es que los resultados del proceso son lamentables para lo que la propia figura de participación ciudadana significa en cualquier país desarrollado.  El cuestionamiento del propio Titular del Ejecutivo, encaminado a polemizar más en torno de la política y los actores que han intervenido en ella a lo largo de la historia, se percibe como un instrumento de división nacional, en contrasentido a lo que cualquier mecanismo de participación democrática debe de aspirar, lo que ha desalentado a la participación ciudadana.

El domingo pasado también sonaron los petardos en México, pero no fue en tono festivo, sino por la sonoridad de un proceso que, en el contexto de la pandemia que vive nuestro país, el secuestro de nuestra seguridad y el estancamiento de nuestra economía, fue terriblemente costoso y absolutamente inefectivo.

¿Pueden formularse otras preguntas? Desde luego que sí, y el gobierno debería de impulsar un proyecto de reformas a la Constitución y a la ley que modernice y haga más baratos y eficientes los procedimientos de participación de los gobernados a través del Instituto Nacional Electoral. El nuevo dinamismo que ofrecen las funciones y servicios en línea, y la posibilidad de lograr construir una base de usuarios plenamente identificados y con claves de acceso únicas e intransferibles, haría que un gran número de ciudades y pueblos del país gozaran de procesos de consulta confiables y mucho más baratos en el futuro.

Hay una enormidad de temas de trascendencia nacional para la que los mexicanos estaríamos dispuestos a votar, evidentemente que no sólo con relación al ejercicio del presupuesto y la construcción de proyectos emblemáticos, sino también con relación a figuras e instituciones normativas que trastocan profundamente nuestro tejido social. ¿Debe apoyarse la política de neutralidad de género en el uso del lenguaje oficial?, ¿Debe favorecerse la exclusión del delito de aborto de la codificación penal nacional?, ¿Debe establecerse una política de vacunación obligatoria para todos los mexicanos?

El camino certero para la construcción de un México auténticamente democrático conlleva esfuerzos que se empezaron a dar hace muchos años. Habiendo transcurrido sin éxito la primera consulta a la ciudadanía, por el polémico temperamento del Presidente de la República, no debe echarse por tierra todo el trabajo que muchos han realizado para ver materializada, algún día, la efectividad de tan beneficiosa institución popular. Ojalá que este primer proceso sea un evento histórico que se emplee positivamente para enmendar errores que en la ejecución de la consulta ciudadana, como se ha visto, se pueden cometer.

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