Antonio Cuéllar

Las democracias mejor consolidadas de nuestra era se han construido alrededor del respeto y práctica efectiva del derecho a la libertad de expresión, una prerrogativa que produce un cauce natural para la deliberación del ciudadano, en el que se construyen acuerdos que facilitan la convivencia y la paz entre individuos que, por naturaleza propia, son dispares.

La libertad de expresión tuvo su cuna en la antigua Grecia, se plasmó en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y ha encontrado en la Constitución de los Estados Unidos de América, en su primera enmienda, un escudo protector sin parangón en ningún otro sistema judicial del planeta.

México consagra en su artículo 6º constitucional el derecho humano y la garantía a la libertad de expresión, que no puede ser objeto de inquisición judicial o administrativa, ni de censura; y que no tiene más limitantes que la moral, la vida privada o los derechos de terceros, o cuando provoque algún delito o perturbe el orden público.  En forma directamente asociada a la libertad de expresión, el artículo 7º de la misma Carta Magna protege la libertad de prensa, a través de la difusión de la opinión, información e ideas, que no se puede restringir por vías o medios indirectos.

Es quizá la necesaria interpretación de los supuestos de excepción a la libertad de expresión antes mencionados, lo que a lo largo del tiempo ha facilitado cierta intromisión del Estado en el control de la libertad de prensa, un mecanismo para callar aquellas ideas u opiniones que evidencian el descontento de la sociedad por el mal gobierno.

El paso firme del proceso de democratización de México permitió, afortunadamente, que a lo largo de los últimos años se construyeran bloques de contención para detener los intentos que cualquier gobierno pudiera emprender para limitar la divulgación de información crítica en su contra: se constituyó el Ifetel, del que depende la asignación de concesiones para el uso del espectro, bien del dominio público de cuya explotación depende la radiodifusión de los programas con el contenido que nutre el debate público, la cultura y el entretenimiento; y se expidieron leyes y directrices administrativas para establecer mecanismos para la defensa de las audiencias, depositados estos, hasta antes de la semana pasada, en órganos especializados emanados de la sociedad civil, como en las democracias consolidadas.

La utilidad de los diques, en un país convulso, envuelto en una espiral de violencia e ilegalidad, ha sido completamente insuficiente. México ocupa el primer lugar mundial en atentados perpetrados contra periodistas por el ejercicio de su profesión, una prueba clara de que, el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa que consagra nuestra Constitución, como aspiración democrática nacional, está lejos de alcanzarse.

La semana pasada quedó al descubierto un hecho presente que incide negativamente contra el desarrollo de la libertad de expresión y de información, y que por ende, vulnera nuestra democracia: dos eventos informativos han revelado la manera en que el gobierno podría impulsar acciones económicas para vulnerar la independencia y estabilidad del periodismo crítico que necesita el país.

Por un lado, el presidente hizo pública la renegociación de contratos firmados por el gobierno y empresas de la familia Vázquez Aldir, para la operación de reclusorios, por miles de millones de pesos, con la finalidad expresa y directa de amedrentar a Ciro Gómez Leyva, un periodista crítico del sistema; por el otro, Pedro Ferriz de Con anunció el cierre de Central FM, otro espacio de pensamiento crítico que le duele a la 4T, con motivo de un aparente hostigamiento de la administración contra sus patrocinadores.

Las dos noticias son preocupantes pues se generan en el contexto de una presidencia que ha dado muestras claras de ser intolerante contra la critica y los contrapesos. La embestida puede significar el arranque de una nueva fase del proyecto de nación, en la que se buscará socavar cualquier visión opuesta al proyecto que encabeza el presidente López Obrador –que no cesa de encontrar cada mañana un nuevo antagonista, a través de las resoluciones de los órganos autónomos o de las sentencias dictadas por los tribunales de la unión–, ahora, a través de los medios de comunicación.

Por esta misma razón, deviene inconcebible que en tal estado de cosas, la Segunda Sala de la SCJN  hubiera decidido la semana pasada aprobar con el voto mayoritario de los ministros que la integran, un proyecto de sentencia que destruye a uno de los pilares de la libertad de expresión: el sistema de autorregulación de contenidos para la defensa de las audiencias. En el juicio de amparo promovido por la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias, declaró la inconstitucionalidad del artículo 259 de a Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en el que se contemplaba tal figura apegada a los intereses de la libertad de prensa, para revivir la norma precedente que confería al Ifetel y/o a la SEGOB facultades injerencistas bajo el pretexto de defender los derechos del auditorio.

No se trata de un planteamiento teórico jurídico en torno de la manera aleatoria en que el Ifetel podría llegar a ejercer nuevas facultades de verificación o sanción sobre contenidos para la defensa de la audiencia, sino del retroceso mismo de un derecho humano, que le pertenece a la sociedad civil, en contra de un mandato expreso de progresividad contenido en el artículo 1º de la Carta Magna, a manos de la SCJN.

La reforma que el presidente Calderón impulsó en el año 2008 para redimensionar el valor y jerarquía del respeto a los derechos humanos en el país, ha arrojado grandes beneficios, visibles en sendas resoluciones que en otra época habrían sido impensables.  Desafortunadamente, ese gran empoderamiento del juzgador, al transformarse en franco desdén y falta de deferencia a los otros poderes soberanos y a la realidad social, puede llegar a desencadenar, como en este caso, en resoluciones disonantes, ajenas al rumbo y paso en el que debe caminar nuestra democracia.

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