Ante la pillería y el abuso comprobado en que incurrieron algunos gobernadores y funcionarios públicos del sexenio pasado, la identificación de la honestidad y la austeridad como lema de campaña no se tornaron en una tarea difícil para el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador.
Desde el inicio de su gobierno ha hecho de la lealtad a su proyecto un requisito inquebrantable al que quedan sujetos todos los funcionarios de la administración que de él dependen, los que quedan igualmente obligados, ahora por mandato constitucional, a recibir un salario que se encuentra por debajo del que el propio presidente de la república percibe. Vivimos en el sexenio de los leales servidores públicos mal pagados.
¿Ha repercutido en la vida de los mexicanos la política de austeridad presupuestal para sufragar el servicio público?
Veamos. En el mes de diciembre de 2018, justo al inicio del sexenio, el presidente López Obrador lanzó un programa para combatir el huachicoleo. La decisión de intervenir y monitorear los ductos de PEMEX, en el mes de mayor demanda de combustible, sin haber solicitado volúmenes suficientes de gasolina del exterior, con tanques de almacenamiento casi vacíos y en la época del año en que tradicionalmente existe mayor demanda, provocó un fenómeno inmediato de desabasto que corrió como pólvora a través de las redes sociales. Se trató de una decisión inoportuna dictada sin conocimiento de las circunstancias por un funcionario público que demostró una carencia grave de experiencia.
La falta de suministro suficiente de gasolina provocó que el descubrimiento de una toma clandestina en el ducto que conecta a Tuxpan y a Tula, en Tlahuelilpan, Hidalgo, se recibiera con euforia por la población, que salió no sólo a apropiarse del líquido en bidones, sino a bañarse, inclusive, en la misma toma. Una explosión ocurrida en el lugar, poco después de las 5 p.m., el 18 de enero de 2019, cobró la vida de 93 personas y dejó a medio centenar más gravemente heridas.
Otro caso. La extraordinaria temporada de lluvias del 2020 provocó una acumulación de agua excepcional en las presas de Tabasco, en las que confluyen el Usumacinta y el Grijalva, condición que debió llevar a un desfogue anticipado y controlado del volumen retenido de líquido para evitar su desbordamiento. La consecuencia de no tomar la decisión oportunamente ponía en situación de riesgo a las colonias asentadas al sur de la capital de la entidad. La decisión debía asumirla el Director de la CFE, responsable directo del gobierno y administración de las presas.
La orden dictada por el presidente de la república para desfogar hasta 2100 metros por segundo el 8 de noviembre de 2020, en plena temporada y con demora frente al temporal que se vivía en el sureste del país, provocó una inundación que afectó a más de 90 mil personas y a cerca de 25 mil viviendas, algunas de ellas dañadas irreparablemente. El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, un gobernador postulado por morena, atribuyó directamente al titular de la CFE la tragedia ocurrida, que no encontró otra razón más allá de la falta de entendimiento y experiencia para manejar ese tipo de instalaciones.
Un ejemplo más. El descubrimiento del coronavirus tipo Covid 19, en Wuhan, China, tuvo lugar el 29 de diciembre de 2019. El 31 de enero de 2020, dos ciudadanos chinos fueron internados en hospitales de Roma, Italia, en donde igualmente fue recibido un ciudadano italiano que había viajado a Wuhan. Sólo dos meses después, Italia ya tenía más de 100 mil contagios, colocándose a la cabeza de la pandemia en occidente. El 18 de marzo de 2020, México ya tenía ochenta casos de Covid registrados y el presidente afirmaba en sus conferencias mañaneras que había que abrazarse. El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, en quien fue depositada la dirección de las acciones para enfrentar la pandemia afirmaba desde entonces y lo repitió una treintena de ocasiones más, que no existen evidencias de eficacia referidas al uso del cubrebocas.
Los desatinos en el manejo de la pandemia por falta de dirección adecuada y desinformación, han dejado como resultado a más de 217 mil personas fallecidas hasta ahora, según datos oficiales, una cifra que, según afirmaciones hechas por el propio Subsecretario de Salud, podría ser hasta 60% más alta. Según un estudio hecho por Bloomberg a finales del 2020, México ocupaba el último lugar del ranking mundial y se alzaba como el peor lugar del mundo para estar durante la pandemia hacia el 24 de noviembre de 2020. La incapacidad para manejar la pandemia también encontró en su génesis a un funcionario preferido del presidente, dotado de lealtad a su proyecto.
Lo último. El 26 de abril pasado, con efectividad a partir del día 30, el gobierno de los Estados Unidos ha sustraído el nombre de México de la lista de países con certificación que los habilita para exportar camarón silvestre a su propio territorio, una resolución que obedeció al uso incorrecto de los dispositivos excluidores de tortugas marinas. Se ha denunciado que desde 2018 se disminuyó el presupuesto asignado a CONAPESCA para la capacitación técnica del personal encargado de vigilar el correcto uso de tales dispositivos, que deben emplearse por pescadores de acuerdo con las normas oficiales mexicanas.
La decisión presupuestal adoptada por el titular del ejecutivo, que impide la adecuada observancia de esa facultad legalmente delegada a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, viene a causar un descalabro de más de 257 millones de dólares en agravio de las comunidades de pescadores asentados en Campeche, Tampico, Mazatlán, Puerto Peñasco, Puerto Chiapas, San Blas, Puerto Juárez, y todas las familias que dependen de ellos.
Todos los ejemplos dados no vienen sino a confirmar que una infinidad de actividades de las que depende la buena marcha del país están ligadas a la buena administración y al buen gobierno, un factor que demanda servidores públicos capacitados y buenos operadores. Las muestras aquí compartidas que se asocian a la incapacidad e impericia se desdibujan por la coyuntura política, mundial o económica en la que se han dado, pero hay muchos errores que fácilmente podrían cometerse, que acabarían imponiendo un costo humano, económico y de prestigio nacional incomparable:
¿Qué sucedería si tras el rediseño del espacio aéreo y reubicación del cono de aproximación al aeropuerto, se incurriera en tropiezos que condujeran a un accidente aéreo sobre la Ciudad de México? Ya se ha anunciado la posible degradación de la calificación de la aviación mexicana a la categoría 2, por las autoridades de la Administración Federal de Aviación (FAA) de los EEUU, lo que impediría que las aerolíneas mexicanas volaran hacia ese país. Ya se han denunciado dos conatos de accidente por aproximación indebida entre aeronaves.
¿Qué sucedería si la falta de capacitación de los técnicos agrónomos de la SAGARPA y órganos dependientes impidiera capacitar a los trabajadores del campo, y el descubrimiento de algún parásito impida la exportación de aguacate a los EEUU? Durante 93 años y hasta el 2017, el aguacate mexicano sufrió un embargo impuesto por el gobierno de ese país por condiciones sanitarias. Hoy, ese mercado representa un ingreso de más de 6500 millones de dólares, del que depende la subsistencia de estados como Michoacán o Nayarit.
Es falso que gobernar sea una tarea fácil, que dependa de un 90% de lealtad y de un 10% de capacidad, o de que los servidores públicos deban conformarse con sobrevivir con un salario mediano. El gobierno de la República debe estar conformado por profesionales con capacidad y honorabilidad probada, a quienes se les debe pagar un salario justo, cómodo y competitivo de acuerdo con su talento y experiencia.
Es un momento en el que se deben destinar menos becas y subsidios al exterior, y dar más dignidad para quienes sirven a México y de quienes depende la seguridad de la Nación.