Una circunstancia enormemente positiva siguiente al proceso de votación del pasado domingo, es la calma, el reconocimiento de que los resultados arrojados son confiables. Es la prueba de que la vocación del pueblo de México es esencialmente democrática y de que sus gobernantes, aún frente a los más insostenibles deseos de poder, cuentan con la cordura y la conciencia plena de que sus aspiraciones y caminos, están sometidos a la Constitución y a sus instituciones.
Las condiciones anteriores no son fortuitas, son el resultado de un largo proceso de consolidación del marco a través del cual el país entero, la ciudadanía y sus gobernantes, han asumido con acierto el funcionamiento y ejercicio de poder soberano por parte del Instituto Nacional Electoral, encargado de la organización del evento.
El éxito del modelo descansa en la convicción de que la gobernanza y la administración de las elecciones no puede encomendarse al Ejecutivo y la administración que depende de él, por ser recipiendario de los beneficios emanados del proceso electoral, sino en los mismos ciudadanos, encargados entonces de la organización y recuento de la votación.
En trescientos distritos electorales y con riesgos que provienen de la pandemia que subsiste, miles de mexicanos concedieron gratuitamente su tiempo de descanso y esparcimiento a la satisfacción de un deber nacional, que sintetiza de manera contundente el sentir de nuestra nación con relación a su destino y a su gobierno, el voto efectivo.
Desde la instalación de casillas, hasta la identificación de los votantes, el reconocimiento de su asistencia, la entrega de boletas, la vigilancia de su adecuado empleo y depósito, el resguardo de las urnas, y el delicado proceso inherente a su apertura y recuento de votos, y por último, el reporte del resultado de la jornada a las autoridades electorales competentes, todo fue confiado y puntualmente cumplido por la ciudadanía, por la sociedad civil capacitada, y bien y pacíficamente organizada.
El resultado es inmejorable y la conducción de nuestra democracia, en el ejercicio del sufragio, francamente, es ejemplar y digno de emular por cualquier país con intervención popular incluso más avanzada que la nuestra.
Es por esa razón que resulta indefendible la manera tan aborrecible en que los dirigentes partidistas y candidatos se han conducido, antes, durante y después de la jornada. Una, por el involucramiento que debe concedérseles en forma activa o pasiva al alto nivel de violencia a lo largo del proceso de campaña; otra, por la contratación de “personajes” a los que en plena veda y durante la jornada electoral se contrató para hacer campaña “subliminal” a favor de algún partido; y la última, insoslayable, al ver cómo, tan pronto se habían cerrado las casillas, aún con millones de votos por computar y sin pronunciamiento siquiera preliminar del Instituto, cada uno se proclamó vencedor de la contienda.
Este último gesto constituye un ataque a la institución, a la solemnidad y a la integridad de los procesos de elección pública que interesan a México. Una falta de respeto contra todos aquellos ciudadanos que sirvieron al país en tan loable propósito del fin de semana pasado.
El INE ha venido siendo sujeto de duras críticas y de una verdadera embestida del Presidente de la República y seguidores de Morena, quienes han amenazado con desaparecerlo. Afortunadamente, ante el resultado de esta elección, eso no va a ser posible. Qué bueno, porque la solidez de la institución resulta indispensable para la vida pacífica de México y la consolidación de una condición de la cual la anterior depende: su democracia libre e instruida.
Ese factor, no obstante, no constituye una negación a la necesaria labor de reflexión, introspectiva, sobre los defectos ciertos de los que adolece el modelo político-electoral mexicano, así como de modificaciones inminentes y necesarias que deberían efectuarse para garantizar su positivo desarrollo.
Un problema estructural al que el Instituto Nacional Electoral está sometido tiene que ver con su estatura constitucional. La soberanía e independencia plena que la Constitución confiere al Poder Judicial de la Federación y los Tribunales que lo conforman, entre ellos, el mismo Tribunal Electoral, debiera ser un diseño institucional o una condición que debiera tener para sí el propio INE.
Es así que, partiendo de nuestra arquitectura constitucional primigenia, y de la conformación tradicional de nuestra república, al Instituto ciudadano encargado del gobierno en el ámbito electoral debiera reconocérsele la misma naturaleza que a los poderes constituidos. En otras palabras, el INE debería de ser ya, porque así lo demanda nuestra democracia y la madurez del propio Instituto lo refleja, un verdadero Poder Ciudadano. La condición de poder de la unión evidenciaría su situación autónoma frente a los otros tres, sin sujeción a interpretación o aceptación alguna de su parte.
Por otro lado, debiéndose encargar el Instituto de la organización de los procesos de elección de servidores públicos que acceden al cargo por la votación del pueblo, no tendría por qué delegarse en esos mismos servidores públicos electos el procedimiento inherente a su conformación. No existe motivo alguno por el cual no pudiera concebirse un proceso de elección ciudadana para el que se prescindiera de la intervención del presidente y cualquiera de los legisladores.
Por último, los partidos políticos deben de sacar las manos de los procesos electorales, de una vez por todas. No pueden ser ellos jueces y parte en el proceso electoral. La misma falta de pulcritud demostrada antier, al final de la jornada, es la que año con año demuestran al discutir el presupuesto del organismo, o al aprobar modificaciones estatutarias sometidas a su consideración, o designación de candidatos, o participación de tiempos electorales en la radio y la televisión, o la aprobación de campañas y precampañas, por sólo mencionar algunas.
La gran dificultad que una idea así habrá de enfrentar, sin embargo, se hallaría en la ética de nuestros representantes políticos, inmersos en la misma plataforma partidista a la que correspondería aprobar la reforma. ¿Aprobarían los partidos políticos una reforma que permita auténticamente a la ciudadanía tomar el control de los procesos electorales, de cuya organización depende su misma existencia?
Nuestra clase política debería someterse a un marco ético de conducción de los intereses mismos de la Nación a la que aseguran representar, marco del que está alejada la conducción del INE en la actualidad. Esa es, quizá, la tarea pendiente que nuestro crecimiento democrático electoral va dejando entrever.