A estas alturas del siglo XXI, uno esperaría que casos como el de Ximena Pichel —mejor conocida como Lady Racista— fueran anomalías vergonzantes de tiempos pasados. Pero no. En pleno 2025, siguen ocurriendo con total descaro, como si la desigualdad estructural y los discursos de odio no hubieran sido evidenciados y denunciados lo suficiente.
El caso explotó en redes sociales luego de que se viralizara un video donde Pichel, ciudadana argentino-mexicana y ex actriz, insulta a un policía de tránsito en la Ciudad de México llamándolo “negro muerto de hambre”. El uniformado, de tez morena, fue objeto de una agresión que no sólo reveló el clasismo latente, sino el racismo explícito de ciertos sectores que creen que el poder adquisitivo o la nacionalidad les otorgan permiso para pisotear a otros.
La indignación fue tal que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció al respecto, al igual que la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, quien expresó su respaldo al oficial agredido. Lo relevante es que, más allá del escarnio digital, el policía presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de la CDMX por discriminación. Ese paso —del trending topic al terreno legal— es clave. Porque si el castigo queda sólo en redes, el sistema no cambia. Pero si se formaliza y se exige justicia desde lo institucional, el precedente puede ser real.
No deja de ser irónico que la agresora acumule también cerca de 150 mil pesos en deudas por mantenimiento y multas viales. Una deuda no sólo económica, sino moral, con la ciudad que la acogió.
Cuando la ciudad también expulsa
Todos estos hechos ocurrieron el mismo fin de semana que cientos de capitalinos se dieron cita para realizar la primera marcha anti gentrificación en la historia reciente de la CDMX. La protesta, convocada por colectivos barriales, organizaciones vecinales y académicos, buscaba visibilizar los efectos devastadores del desplazamiento urbano, los desalojos forzados y el encarecimiento de la vivienda, provocados en buena medida por la llegada masiva de extranjeros con alto poder adquisitivo, muchas veces sin arraigo en la comunidad.
El caso de “Lady Racista”, con su acento extranjero y su desdén por la autoridad local, se convirtió, en cierto modo, en símbolo involuntario de esta tensión. No por su origen, sino por su actitud: una forma de habitar una ciudad sin integrarse, de habitar un país sin respetarlo.
Entre 2020 y 2025 la llegada de nómadas digitales a la capital mexicana aumentó más de un 400%. En colonias como Roma, Condesa o Juárez, el precio de la renta se ha duplicado. Las panaderías tradicionales han sido sustituidas por cafeterías gourmet en inglés, los vecinos de toda la vida desplazados por plataformas de renta temporal, y los espacios públicos convertidos en escaparates turísticos permanentes.
México no es el único caso. En Barcelona, por ejemplo, las protestas contra la turistificación han sido constantes durante años. Según el Instituto Nacional de Estadística de España, más de 70 mil residentes se han visto forzados a dejar el centro de la ciudad desde 2016. La gentrificación ya no es sólo un fenómeno urbano: es una forma de despojo.
Lo que revela la marcha es que la paciencia social tiene un límite. Que no todo se trata de “dinamizar” la economía o de “internacionalizar” las ciudades. Cuando los locales no pueden pagar una renta, cuando el barrio se convierte en decorado, cuando las reglas no aplican para todos por igual, lo que se dinamiza no es la economía: es el resentimiento.
La CDMX, tan generosa como conflictiva, está en un punto de inflexión. Y la pregunta es si vamos a seguir tolerando las ofensas —raciales, territoriales o económicas— como parte del paisaje urbano, o si, como en el caso del policía discriminado, aprenderemos a transformar la rabia en acción legal y colectiva.
Porque una ciudad que no protege a sus habitantes de la violencia ni del despojo, tarde o temprano dejará de ser hogar para volverse campo de batalla.
