Cada vez que en el Congreso de la Ciudad de México se habla del “derecho a la ciudad” o la “planeación democrática”, invocamos un plano constitucional impecable que, en la práctica, no llega más allá del papel. Entre la Constitución Política de la Ciudad de México, las leyes secundarias y los reglamentos que se deberían materializar, existe un desfiladero jurídico: vacíos normativos que impiden que la planeación sea realmente vinculante.
Sin normas locales que concreten los principios constitucionales, las estrategias de largo plazo se quedan sin “suelo legal”. Resulta incongruente que la capital del país presuma una Carta de Derechos de vanguardia mientras las leyes secundarias siguen sin reflejar los ejes de igualdad, sustentabilidad y participación que proclama el texto fundamental.
El Congreso de la Ciudad de México tiene una responsabilidad constitucional ineludible: tender el puente que lleve los principios federales al terreno local. Hoy ese puente no existe; la planeación cita competencias que, normativamente, siguen en el aire porque nuestra legislación secundaria no ha absorbido al menos, ocho reformas federales clave: simplificación administrativa y digitalización; la prohibición de reelección y freno al nepotismo electoral; la protección sanitaria contra vapeadores y fentanilo; la simplificación orgánica que desaparece órganos autónomos; las nuevas facultades de investigación para policías locales; la reforma de igualdad sustantiva y paridad; los derechos de bienestar (pensiones, discapacidad, vivienda digna); y el reconocimiento pleno a pueblos indígenas y afromexicanos.
Estas reformas federales son indispensables para la armonización, ya que abordan de forma simultánea los ejes medulares de la planeación y los vacíos normativos que actualmente impiden que dichos instrumentos sean vinculantes. Cada una traduce principios constitucionales en competencias concretas que el Congreso capitalino debe reconocer para otorgar fuerza de ley a la planeación: habilitan ventanillas únicas y datos abiertos; garantizan el derecho a la ciudad con perspectiva de género; elevan los derechos de bienestar a rango constitucional; otorgan sustento jurídico a la policía territorial; y aseguran la consulta y autonomía de los pueblos originarios en los proyectos urbanos.
Mientras estos cambios no se reflejen en la Constitución capitalina y en al menos una docena de leyes secundarias, cada estrategia de digitalización, género, seguridad o resiliencia serán apenas una promesa “sin código postal”. Sin armonización, la “Ciudad de Derechos” corre el riesgo de reducirse a un eslogan, porque los derechos —igual que las metas de planeación— viven o mueren en la ley que les da fuerza vinculante. Si la Constitución capitalina y las leyes locales siguen sin recoger las ocho reformas federales clave ya mencionadas, cualquier política o programa que dependa de ellas podrá ser impugnado.
Hay que considerar que desde 2018, la Cuarta Transformación llegó al poder con un paquete de reformas constitucionales que pretendía redefinir el pacto social: desde la austeridad republicana hasta el reconocimiento de nuevos derechos sociales. Varios de aquellos cambios toparon con un Congreso federal fragmentado y quedaron en pausa. Seis años después, la victoria de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece lo que ella misma ha nombrado el “segundo piso” de la transformación: la continuidad —y ahora la aprobación— de las reformas que antes fueron frenadas, más una nueva agenda de bienestar, igualdad y seguridad.
La ciudad pasaría de ser vitrina de la innovación constitucional a convertirse en eslabón rezagado, perdiendo interlocución efectiva con la Federación y diluyendo su influencia en la agenda nacional pues, en paralelo, la mayoría de los congresos estatales ya aceleran la armonización de sus constituciones y leyes secundarias para reflejar este “segundo piso”.
La Ciudad de México no puede quedarse rezagada. Si nuestros planes de desarrollo citan materias indispensables pero nuestra Constitución local y nuestras leyes siguen sin reconocer esas competencias, terminamos administrando promesas sin sustento jurídico. Desde el Congreso capitalino, estamos obligados a traducir las reformas federales en reglas locales claras: simplificación administrativa, paridad efectiva, derechos de bienestar, protección sanitaria, facultades de investigación policial y salvaguardas para pueblos originarios. Sólo así la planeación dejará de ser un catálogo de aspiraciones y se convertirá en una hoja de ruta con fuerza vinculante.
La transformación nacional ha entrado en su fase de consolidación. Nuestro deber es acompañarla con una armonización normativa que haga coherente la planeación con los principios y derechos que hoy definen el rumbo del país. No armonizar hoy significa administrar mañana con reglas obsoletas, multiplicar litigios y dejar sin sustento los derechos y estrategias que prometemos a la ciudadanía. Si queremos que la planeación sea algo más que un catálogo de buenas intenciones, debemos cerrar ya la brecha normativa y sintonizar la Ciudad de México con el nuevo marco constitucional del país.
Diputado local por el Distrito 15 de Iztacalco
X: @PabloTrejoizt
