Antonio Cuéllar

Sexenio tras sexenio desde que tengo memoria, los mexicanos hemos sido presas de la confusión y el encono que provoca una personalidad cada vez más resonante de cada ocupante del Palacio Nacional. Luis Echeverría sentó quizá el primer precedente, de un mandatario protagónico y estelar, obsesionado con el uso del micrófono y el deseo de alcanzar el agrado popular.

Las plataformas informativas de nuestra época provocan un efecto exponencial del fenómeno, que nos está dejando sordos.

Los últimos tres sexenios antes del presente, deberán ser un referente en los libros de historia: desde el “comes y te vas” y “lo que el Presidente quiso decir”, pasando por el “haiga sido como haiga sido” y cientos de discursos pronunciados contra la inseguridad, hasta el “¿Qué hubieran hecho ustedes?”, los Presidentes Fox, Calderón y Peña Nieto se distinguieron por hablar, hablar y hablar todos los días. Porque cada Titular del Ejecutivo pareciera correr una carrera contra reloj que persigue dejar una huella, en la conciencia colectiva, sobre la efectividad de sus actos y sus cuentas con la historia.

La presencia mediática del Presidente López Obrador constituye un parteaguas en la historia, porque ha elevado la Presidencia estelar a un nivel institucional. Ha impuesto a través de las mañaneras un mecanismo de información y de acaparamiento de la verdad que trasciende al ámbito estrictamente gubernamental e incide negativamente en el desarrollo del país.

La semana pasada se dio a conocer la noticia referente a un Juicio de Amparo promovido por el empresario Alonso Ancira en contra de “las mañaneras” del Presidente de la República. El Presidente de AHMSA se duele del efecto nocivo que ocasiona en el juicio que se le sigue por supuesto enriquecimiento ilícito, el hecho de que el propio Titular del Ejecutivo Federal hable de él y haga imputaciones de culpabilidad en su contra todas las mañanas, no obstante que aquel no haya sido todavía juzgado.

En los análisis que se hacen de la noticia, se hace referencia a un cuestionario con más de una docena de preguntas que sirven para identificar y fijar la cuestión jurídica controvertida que deberá resolver el Juez de Distrito en materia Administrativa que dicte sentencia en el amparo.  Es la pregunta número 6., la que poderosamente ha llamado nuestra atención: “¿Cuál es el límite a la Libertad de Expresión del Presidente?”

Creo que la pregunta formulada parte de una equivocación medular importante. ¿El Presidente goza del derecho a la Libertad de Expresión?

Parece un cuestionamiento menor, pero no lo es.  Las autoridades, entre ellas, el Presidente de la República, no tienen derechos como nosotros los gobernados.  Las autoridades ejercen sus facultades en el contexto de la competencia que les otorga la ley.  Todo lo que realizan en el desempeño de su función obedece a una norma general facultativa que les permite llevarlo a cabo. El Presidente no tiene un “Derecho” de Libertad para expresarse como cualquier ciudadano; al Presidente, la Constitución le impone la obligación de conducirse con transparencia, cumplir y hacer cumplir el propio mandato que consigna la Carta Magna, e informar al Pueblo de México de sus actos.

En el caso de la información, del empleo de los medios de comunicación para satisfacer puntualmente los objetivos de interés público que atañen a la labor de gobierno para la que son electos o designados, la labor informativa del gobierno no es libre ni absoluta.  La facultad de informar que la Constitución concede a los órganos de poder público encuentra límites, halla restricciones que deben obedecerse con la finalidad de que la actividad informativa no intervenga ni provoque efectos nocivos en otros ámbitos de la vida del país.

La primera y más importante tiene que ver con la veracidad de la información.  Así como los particulares están sujetos a la obligación de transmitir información veraz, que nutra el conocimiento como vehículo de fortalecimiento de nuestra democracia, el gobierno tiene el deber inquebrantable de conducirse con verdad y buena fe en la divulgación de los hechos que le conciernen.  La autoridad incurre en una violación a las obligaciones de informar y, consecuentemente, a los derechos del gobernado de recibir información veraz, cada vez que falta a la verdad en la narración de los eventos que le sean atribuibles.

La segunda tiene que ver con la obligación que todo gobernante tiene de abstenerse de emplear los medios y plataformas disponibles para informar, como vehículo para promover su imagen.  Además de la objetividad de la información que se divulgue, todo gobernante debe conducir la labor pública de manera proba y honesta.  El aprovechamiento de los medios que su encargo ponen a su alcance, para la obtención de un beneficio personal, como lo sería la divulgación de su imagen con un propósito político o cualquiera otro ajeno a su labor, configura una violación a la Constitución y a la ley que debiera de estar impedida por los Tribunales encargados de velar por su correcto cumplimiento.

La tercera y última que hoy comentamos, se asocia al uso político-electoral de las plataformas de información de las que el gobierno dispone. El artículo 41 constitucional y todo el andamiaje legislativo que rige la vida de los partidos y las elecciones, contempla restricciones temporales expresas e importantes, que protegen la imparcialidad y buena marcha de dichos procesos.  A lo largo de la historia, México ya vivió, y ya superó, las dificultades asociadas a la intervención gubernativa en los procesos de sucesión.  Bajo ningún motivo debiera suponerse que la intromisión del gobierno en el proceso electoral, directa o indirecta, pudiera pasar inadvertida.  Aun no constituyendo una violación reclamable a través del Juicio de Amparo, la transgresión de la normatividad electoral entraña una inobservancia de la legalidad y los Derechos Humanos que debiera ser judicialmente sancionada.

El Presidente López Obrador ha actuado incorrectamente con relación al empresario Alonso Ancira, al poner en riesgo la independencia de los órganos judiciales que se encargarán de calificar la legalidad de las acusaciones planteadas en su contra, así como de las pruebas que él ofrezca para demostrar su inocencia.  Resulta indudable que el Poder Judicial contará con las atribuciones constitucionales suficientes para concederle el amparo y, en ese sentido, declarar la invalidez del proceso seguido en su contra, si los dichos aparecidos en las “mañaneras” provocaron ese efecto corruptor del proceso que ha sido objeto de denuncia.

También el Presidente López Obrador, con sus discursos matutinos, y la construcción de ese mundo paralelo, alejado de la verdad, en el que promociona su imagen y hace campaña, ha violado la Constitución y la ley.  Lamentablemente, el Juicio de Amparo promovido no será el camino adecuado para que el Poder Judicial declare la violación a los Derechos Humanos de los mexicanos, que todos los días se cometen a través de esa práctica.

Esperemos que el mismo valor que un empresario ha mostrado para encarar esa práctica dañina de mal informar al pueblo de México imputable al Ejecutivo, se reproduzca en voces y canales adecuados, legitimados para acudir a las instancias judiciales competentes, que produzcan las sentencias adecuadas que permitan, pronto, detener ese proceso de desinformación que ha provocado tanta división entre los mexicanos.

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