Antonio Cuéllar

Desde hace cinco décadas, cuando el mundo se dividía en dos bloques, se concibió y desarrolló en Latinoamérica, y en México en lo particular, un movimiento de izquierda radical que ha perseguido, más allá del comunismo, el ejercicio del poder. Una izquierda bohemia que se proyecta a sí misma en un halo romántico de la nueva trova revolucionaria de la Habana, embelezada por la utopía marxista y asimilada por adoración a las figuras de Castro y Guevara.

Esa izquierda radical, que contra los reclamos que cada dos de octubre se repiten por la calle, de haber sido un movimiento reprimido, tuvo que ver, indiscutiblemente, con la organización de un golpe que pretendía descarrilar los sistemas de alternancia en el poder que nuestro país había engendrado en su propia pseudo democracia a lo largo del siglo pasado.

Desde la presidencia de Luis Echeverría, para bien o para mal, los dirigentes de ese movimiento comunista fueron encontrando espacios para el desarrollo de su propia carrera política, donde construyeron plataformas, organizaciones y partidos, que les permitieron andar y crecer institucionalmente.

Con mucho mayor fervor en estas épocas, encabezaron una ardua lucha que se caracterizó en todo momento por convertirse en un mecanismo de ataque y contradicción frontal al modelo económico liberal que vino construyéndose en el país desde hace una treintena de años.  Ese movimiento forjó el bloque de oposición que ha entorpecido e impedido la concreción de las reformas económicas planteadas desde la presidencia de Miguel de la Madrid, y concretadas desde el sexenio de Salinas hasta el de Peña Nieto.

Desde el mes de julio de 2018, ese movimiento logró, como jamás antes, el afianzamiento del poder.  No había existido en la historia reciente personaje político alguno que por la vía institucional lograra la acumulación de poder político que en los últimos comicios federales obtuvo Andrés Manuel López Obrador.

El transcurso de su administración ha sido negativo en muchos frentes, y aunque existan seguidores que pretendan negarlo, tiene al país en un estado de franca confrontación y división, que hunde cualquier perspectiva hacia el futuro.  Sin plan económico tangible que pueda atribuírsele, los resultados de las actividades de gobierno de la 4T vienen arrojando números muy oscuros y perspectivas aún más negras. Las estadísticas y proyecciones más arriesgadas o más conservadoras, inclusive, así lo confirman.

Curiosamente, ante los pésimos augurios que desde la perspectiva de todos los analistas, nacionales y extranjeros, nos ofrece la presidencia a mano alzada, la de los otros datos, la que sabotea por medio de la consulta popular todo proyecto modernizador que pueda significar una materialización de las reformas concebidas en el pasado, la que de manera soberbia se ha quedado impávida para responder ante la pandemia que azota al planeta, se asoma en el horizonte una luz que, de llegarse a encender, podría conformar un escenario muy resplandeciente para México.

No son pocas las obras cinematográficas que a lo largo de su secuela juegan con desenlaces posibles, según las situaciones accidentadas o la decisión que los personajes asumen ante las afrentas que la trama de la película arroja, para captar la atención de la audiencia y provocar el suspenso en la sala.  Quizá México se encuentra en ese momento en el que, según se decanten algunos actores e instituciones, puede dar un paso hacia un futuro brillante.

El camino de la administración instintiva que cada mañana el Presidente se encarga de refrendar, de seguir los pasos y el destino que las iniciativas del propio Ejecutivo ha dibujado, a través de las cuales se evidencia una irracional destrucción de las instituciones del país, nos conduce por el rumbo de un autoritarismo que ningún mexicano vivo y cuerdo puede jamás recordar, porque no se ha vivido en México a lo largo del último siglo.  De triunfar el plan siniestro de derrocar a las instituciones encargadas de velar por nuestra democracia, México se podría llegar a convertir en una dictadura, parecida a lo que lastimosamente se vive en Venezuela.  El peor de los desenlaces posible.

Sin embargo, a pesar de que el Presidente cuenta ya con el apoyo total del Congreso, y a pesar de que a través de éste se ha logrado imponer por la vía legislativa por encima de algunos órganos constitucionales autónomos de los que depende la buena marcha del país, como la CNDH, el INEE o el CONEVAL, o lo intenta, como son la CRE, la CNH o COFECE, hay una institución crucial que ha demostrado ser, frente a él, un verdadero yunque de contención y de conservación del orden constitucional: el Poder Judicial de la Federación.

Frente a la publicación del acuerdo secretarial en materia de confiabilidad y seguridad en materia eléctrica, la COFECE promovió un Juicio de Controversia Constitucional que fue admitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por medio de una medida de suspensión ha permitido la preservación de todo un andamiaje normativo, nacional e internacional, para salvaguardar la inversión y el desarrollo público y privado de energías verdes en nuestro país.

La medida pronunciada, si se aprecia en el concierto de la otra medida de suspensión definitiva dictada por el Juez Segundo de Distrito en materia de Amparo y Juicios Penales Federales de Chiapas, por medio de la cual el 22 de junio pasado ordenó la detención del proyecto emblemático del Tren Maya, demuestra la solidez de la independencia del Poder Judicial de la Federación.

Son dos de múltiples muestras que, con resoluciones que se pronuncian todos los días, los jueces prueban ser el verdadero contrapeso que soporta el modelo de vida pacífico y participativo que todos los mexicanos hemos elegido tener.

La autonomía del Poder Judicial Federal, asociada a la división de poderes, deviene indispensable ante la estrategia que se anticipa por Morena, de incidir negativamente en el nombramiento a modo de consejeros del INE.  Debe de observarse cómo, aún en el supuesto de que algún artilugio parlamentario prosperara con ese objetivo, no podrá superarse el tamiz de la controversia jurídico-electoral que forzosamente habrá de sobrevenir, que siempre llegará, por el mismo camino, al Poder Judicial de la Federación.

El 2021 se aprecia como la bisagra que permitiría que la puerta se abra en cualquiera de dos sentidos: la prolongación del movimiento radical de la 4T, o la reorientación forzada, motivada por la llegada de otros partidos políticos al Congreso Federal, en cuyo triunfo descansará el balance de poder en el legislativo.

Mientras el resultado del proceso electoral se apegue a los mandamientos que deriven de la ley y los procesos de impugnación se resuelvan por un tribunal independiente, el camino que sobrevenga no podrá ser ruinoso para México. En 2022 o en el 2024, los cambios se lograrán por el propio peso que arrojen los errores.

El final de la película podría ser muy venturoso para México. ¿Cuál sería el valor de nuestra República y nuestra democracia, si ante una afrenta autoritaria de la magnitud que vive, lograra conservar y defender el orden constitucional a través de sus propias instituciones?

El final del radicalismo de izquierda podría estar próximo.  El nacimiento de una alternancia ordenada y apegada al texto de la Constitución podría ser el verdadero modelo de gobierno que se avecina.  La comprensión de que el camino al bienestar se halla en el respeto al estado de derecho, como condición prístina para la inversión, la producción y el empleo, para la justa distribución de la riqueza, podrían ser el saldo favorable que nos legue la 4T. La moneda está y continuará auténticamente en el aire. Mientras las riendas claras del control constitucional se mantengan alejadas de la discusión política nacional y, en cambio, bien concentradas en la resolución jurídica de los conflictos que deja nuestra lucha democrática, México tiene todavía un gran porvenir en su futuro mediato.

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