El año que recién inicia es posible que marque el comienzo de una nueva era de mayor equidad y justicia o por el contrario, que incremente la gravedad de diversos problemas que ya nos afectan. Y aunque pareciera que todo se reduce a la elección federal del 1 de julio, lo cierto es que sin restarle importancia a ese evento, hay una serie de elementos contextuales y estructurales que puede modificar radicalmente el panorama económico, político y social.
Desde luego que las precampañas y campañas ocuparán gran parte de nuestra atención los primeros seis meses del año, y es posible que gran parte de su contenido esté dedicado a ataques personales, descalificaciones y juegos insustanciales de palabras. Lamentablemente, los primeros mensajes que hemos recibido no aportan todavía propuestas con las cuales reconocer diferencias de fondo entre las plataformas de los aspirantes.
Con independencia del resultado y sobre todo si la diferencia que haga ganador a uno de los candidatos es tan poco significativo como lo fue en la elección de 2006, es previsible e indeseable el conflicto post electoral, pero sobre todo la división política de buena parte de la sociedad, que abriría el camino para un proceso de control de daños que desgastaría la legitimidad del ganador y limitaría sus posibilidades de adopta estrategias efectivas para mejorar la situación del país.
Una sociedad dividida y un conflicto postelectoral son los ingredientes que se necesitan para que situaciones como la inseguridad y la violencia se desborden a niveles fuera de control y para alimentar las actividades ilegales. En este sentido, el papel de las instituciones de impartición de justicia electoral jugará un rol decisivo, el cual debe basarse en una credibilidad construida a partir de consensos en sus órganos de decisión sólidos y jurídicamente impecables. Desafortunadamente, el panorama no es alentador, pues hay serios cuestionamientos en la forma en la que se han desarrollado las precampañas y la falta de criterios homogéneos sobre la interpretación de la norma.
De igual forma, es fundamental la actitud de los candidatos ante las autoridades electorales y sería ideal que todos construyeran un acuerdo en conjunto para respetar sus decisiones y para asegurar el manejo institucional de los conflictos que surjan en el proceso. Esto daría confianza a la sociedad sobre el respeto de todos los contendientes a las reglas y al árbitro electoral y le cerraría el paso a movilizaciones postelectorales que nada aportan al fortalecimiento de la democracia.
El cierre de la administración federal y de las administraciones estatales que coinciden con la misma, reclaman cuidado y una importante dosis de trasparencia; es una necedad pensar que los problemas que no se han podido resolver en cinco años, encuentren solución en seis meses o en un año y si bien, particularmente para el gobierno federal resulta necesario concluir proyectos, esto debe apegarse al criterio de viabilidad, el país no puede seguir pagando costos de reconstrucciones o de proyectos inconclusos que se anuncian como terminados y que posteriormente terminan reclamando más costos que los inicialmente previstos.
Y de todas las acciones de gobierno, la que requiere de mayor atención y cuidado es la lucha contra la inseguridad y la violencia; el uso político de la ineficacia de las autoridades contra la violencia no debe convertirse en un obstáculo para actuar, el país no puede soportar otro año como 2017, en términos de victimización, ya que hablamos no sólo de decenas de miles de vidas segadas y muchas más dañadas por secuestros, agresiones e intimidaciones, sino de miles de familias en las que se ha incubado la desconfianza y más aún, el rencor y el ánimo de venganza.
Tal vez los candidatos tengan la fórmula para resolver este problema y si cuentan con el favor de la ciudadanía tendrán la oportunidad de ponerla en práctica, pero mientras eso ocurre, no tienen el derecho a impedir que al menos una vida sea preservada o una familia protegida.
En siete meses habrá un resultado electoral, habrá un triunfador y muchos perdedores en esa contienda electoral, pero en cualquier caso el país no cambiará sin el concurso de una sociedad que tiene los mismos derechos y aunque parece una verdad de Perogrullo, hacer efectivos los derechos de unos no implica cancelar los derechos de otros. Asimismo, reducir la desigualdad o lograr mayor equidad no puede tener como costo reducir el patrimonio o derechos de parte de la sociedad.
Por último, pero tal vez con la mayor prioridad hemos llegado a un punto de deterioro del medio ambiente, que se ha rebasado el nivel de la prevención y el cuidado, hay que actuar con urgencia para revertir los efectos, pues sin un planeta viable todo lo demás es inviable.
@jlcamachov