Hoy, la Nación mexicana enfrenta grandes retos derivados no sólo de la amenaza proveniente del Norte, sino de la propia evolución interna que ha vivido nuestro país durante el reciente lustro.
Los cambios han traído consigo el rompimiento de viejas inercias que perpetraron vicios creados y anclaron a nuestra población en la falta de desarrollo y crecimiento insuficiente. Los años vividos de excedentes petroleros provocaron un grave daño a la economía del país, pues en lugar de apremiarnos a realizar los cambios que nuestra industria energética requería, nos aletargaron en el espejismo de las arcas llenas pero carentes de una base sostenible y duradera. Nadie niega que los estragos han sido severos y amargos, pero también es cierto que las reformas transformadoras, las aprobadas a lo largo de la primera mitad de la actual administración pública federal, nos han dotado de mayores herramientas y ventajas frente al exterior, que nos han permitido alcanzar el número récord de casi 19 millones de mexicanos registrados ante el IMSS y que se prevé, para el año siguiente, supere los 20 millones. Si bien es cierto que resultado de la fluctuación del dólar, la inflación se ha visto incrementada, también lo es que el poder adquisitivo de los mexicanos se ha mantenido gracias a la estabilidad financiera y a la responsabilidad con la que el Banco central y la Secretaría de Hacienda se han conducido. Permitiendo con ello que las inversiones sigan llegando a nuestro país y creando fuentes de empleo de calidad. No obstante, como ha tenido a bien mencionarlo el Presidente Enrique Peña Nieto en repetidas ocasiones, en nuestro país la justicia se imparte, pero hay un tipo que ha comenzado a relegarse y es la que demanda la mujer a quien no se le otorga el divorcio, la del trabajador al que su salario le es retenido o el que no puede cobrar sus deudas. Este tipo de justicia se ve limitada para los mexicanos que esperan acceder a ella con facilidad, y a pesar de ser evidente, no se han presentado soluciones que respondan a las exigencias que el mexicano tiene en materia de justicia en su día a día. Por lo anterior en un trabaja coordinado por el Centro de Investigación y Docencia Económica y del Centro Público de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se realizaron foros de consulta con expertos y sociedad en general para crear propuestas que dieran solución a este mal que aqueja a la sociedad. Es entonces que se comprende, derivado de los artículos 17, 18 y 73 constitucionales que, si ninguna persona tiene derecho a hacerse justicia por mano propia, el Estado se obliga a establecer y promover los procedimientos e instrumentos para dar solución a los conflictos del orden de relaciones sociales entre personas o con las autoridades. Ahora bien, uno de los primeros resultados de estas consultas fue la perspectiva que tomaba dar importancia a la ausencia de normatividad que regulara los acuerdos entre personas donde se hiciera efectiva la expresión de sus derechos en contra de quienes los violenten o traten de evadir sus obligaciones. Así pues, los foros permitieron identificar los graves problemas que enfrentaba el estado de justicia de nuestro día a día, como lo son los procesos de solución son costosos, poco flexibles a las distintas circunstancias y muy extensos; hay un sinfín de obstáculos para acceder a la justicia y que el resultado realmente solucione los problemas de los ciudadanos; la justicia se configura lejana de la ciudadanía acrecentando la desigualdad social; se privilegia la forma procesal sobre la resolución del conflicto, y las personas que enfrentan una situación conflictiva no saben a qué instancias acudir. Con base en los resultados del análisis hecho en los foros, el gobierno federal presentó a través de distintas propuestas cambios a la impartición de justicia en la vida diaria de los mexicanos. Así, el Presidente envió al Congreso de la Unión 8 iniciativas de reforma en materia de Justicia Cotidiana, las cuales, después de ser analizadas, discutidas y enriquecidas, se han traducido en la reforma de tres artículos constitucionales que el pasado miércoles la Comisión Permanente del Congreso de la Unión certificó el voto de las legislaturas locales y declaró constitucional. En este sentido, los cambios que se aprobaron versan en crear a rango constitucional un Sistema de Impartición de Justicia que dé mayor articulación a los poderes judiciales y otros órganos que impartan justicia en México; fortalecer la independencia de poderes judiciales locales, buscando que jueces y magistrados sean nombrados a partir de experiencia y conocimientos para asegurar la correcta impartición de justicia; crear un Código Nacional de Procedimiento Civiles y Familiares, para homologar el país en las reglas de esta materia, a cargo del Congreso de la Unión; ampliar la aplicación de justicia oral en materia mercantil para que los asuntos dentro de este supuesto se resuelvan de forma rápida y transparente, así como fomentar que los conflictos sean resueltos sin llegar a un juicio. Para esto se prevé establecer una Ley General de Medios Alternos de Solución de Conflicto. Asimismo, se establece una Ley General de Justicia Cívica, con fin de solucionar conflictos vecinales, incidentes de tránsito y disputas de la convivencia diaria, “la solución pueda darse en un día”; se creará una Ley General de Justicia Itinerante, para que la justicia llegue a cada rincón de México; se crearán instancias de conciliación para que los conflictos se resuelvan de forma amigable; la justicia cotidiana debe permear en el facilitar la vida diaria de las personas, por lo cual es pertinente promover un marco nacional de mejora regulatoria donde los trámites gubernamentales sean rápidos y sencillos, y homologar el funcionamiento de los registros civiles. Se trata de cambios que están en operación y que redundarán en el beneficio de millones de mexicanos.
@jlcamachov
