Amparan a Medina para defender embargo
Juez federal obliga a realizar nueva audiencia donde el exmandatario de NL esté presente
Redacción ejecentral
Rodrigo Medina, exgobernador de Nuevo León, obtuvo un amparo para evitar el embargo de una propiedad, y el juez federal obliga a realizar una nueva audiencia para que el quejoso esté presente y se pueda defender.
La medida cautelar derivó de un amparo promovido por Medina, quien impugnó el primer párrafo del artículo 212 del Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León.
En su fallo, la juez determinó que dicho precepto es inconstitucional y violatorio de los principios del debido proceso legal, presunción de inocencia, contradicción e igualdad entre las partes que rigen en el nuevo sistema penal acusatorio.
“La aplicación del primer párrafo del artículo 212 del Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León es inconstitucional y violatorio de los principios del debido proceso legal”, señaló una nota informativa del Poder Judicial de la Federación.
La resolución del juez se basó en criterios jurisprudenciales del alto tribunal, así como en normas internacionales que regulan el debido proceso, la igualdad procesal y la presunción de inocencia, así como en las disposiciones aplicables como el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Detalla que el sistema procesal penal acusatorio y oral se sustenta en el principio de contradicción que contiene, en favor de las partes, el derecho a tener acceso directo a todos los datos que obran en la carpeta de investigación llevada por el Ministerio Público y a los ofrecidos por el imputado y su defensor para controvertirlos.
Ahora, el juez de Control del Estado, tendrá que dejar insubsistente la resolución dictada en la audiencia del 3 de junio de 2016, y convocar a una nueva audiencia con la presencia de todas las partes del proceso. Medina es procesado por el delito de ejercicio indebido de funciones, que busca imputarlo por peculado y daños contra el patrimonio del Estado. El exmandatario y otros excolaboradores son acusados de otorgar apoyos ilegales para la instalación de la planta Kia Motors en Pesquería.
