La Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE) se pronunció en contra del decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las obras de infraestructura de su gobierno. Aseveró que existen diversas situaciones adversas en torno a este acuerdo, por lo que exhortó al mandatario a dejarlo sin efectos.
Para argumentar su postura, la organización emitió un pronunciamiento técnico sobre el decreto publicado el lunes pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con el cual se catalogan las obras de infraestructura de interés público y seguridad nacional. Fueron varios los aspectos tocados por la ANADE, quien aseveró que el acuerdo firmado por el presidente López Obrador atenta contra la Constitución.
Dentro de los puntos abordados en el pronunciamiento se encuentra la violación a la división de poderes, en la cual se incurre al “desconocer y pretender someter al régimen constitucional y legal aplicable”.
Además, se atenta contra el artículo 89, fracción I, al pretender que las dependencias federales dejen de cumplir, “así sea temporalmente”, las leyes que regulan las autorizaciones definitivas sobe estos proyectos.
Por otro lado, se vulnera el derecho humano a un medio ambiente sano y el principio de sostenibilidad. La ANADE refirió que con el decreto publicado se podrán omitir las “autorizaciones y permisos” que deben cumplir obras de esta magnitud en torno a este sentido. Al respecto, acotó que las “autorizaciones provisionales” pueden dar pie a “actos de imposible o difícil reparación”, lo que va en contra del derecho a la salud y el principio de progresividad.
También se hizo hincapié en la violación al derecho de la población a tener una “consulta previa e informada” sobre los proyectos de infraestructura a realizar. Así como al derecho de acceso a la información, toda vez que las dependencias se podrán reservar la información relacionada con estos puntos.
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En cuanto a la competencia económica, la organización aseguró que se golpea a este `principio debido a que se limita la participación solo a las empresas “involucradas en proyectos del gobierno federal”. Sobre seguridad jurídica, se remarcó que el decreto es “contrario” a este principio. Argumentó que “no aclara qué tipo de permisos o licencias no se deberán tramitar los primeros doce meses”.
En este sentido, se alertó sobre la posibilidad de que, con las autorizaciones provisionales, las autoridades puedan operar “aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, infraestructura asociada a los sectores de hidrocarburos o energía eléctrica”. Esto, enfatizó, representa un riesgo para la seguridad nacional e interior del país.
Por último, la ANADE advirtió que el decreto sobre obras de infraestructura de López Obrador representa una “irregularidad jurídica”. Toda vez que las obras, en lugar de agilizase se podrían entorpecer. Esto debido a que el Poder Judicial de la Federación puede recibir amparos en contra del acuerdo. GA
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