El combate a la corrupción debe colocarse como prioridad en la agenda pública de México y debe definirse como un problema de “sobrevivencia nacional”, sostiene la segunda edición del estudio “Anatomía de la Corrupción”, el cual considera que de continuar las “mordidas”, los “moches”, los “entres” y los sobornos se corre el riesgo de que el país carezca de un clima propicio para el crecimiento económico y se perderán ventajas competitivas en el mercado de los negocios internacionales.
Elaborado por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el documento refiere que en 2015 se registraron cuatro millones 925 mil 592 actos de corrupción, lo que representó un daño económico por 906 mil millones de pesos. 
Para que México logre superar el fenómeno de la corrupción, según el estudio coordinado por María Amparo Casar, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Desde el ángulo político, se debe “convertir el control de la corrupción en un pilar estratégico del sistema de gobierno en el que se opere con base en principios meritocráticos que permitan a la población observar que las recompensas están atadas al esfuerzo personal y no al influyentismo o a medios corruptos”.
En segundo lugar, se debe tener claridad y predictibilidad de las reglas generales acompañadas del rigor en su observancia, con el fin de dar a la población predictibilidad y confianza en la actuación del gobierno.
Desde el ángulo judicial, el texto sugiere que debe aplicar la ley sin distingos, esto es, no diferenciar entre pequeños y grandes actos de corrupción ni entre peces gordos y chicos. Tampoco entre funcionarios públicos y privados o entre gobernantes y gobernados.
“Si la ciudadanía observa que las autoridades son las primeras en cumplir la ley; que de lo contrario existe la posibilidad de hacer una denuncia; que en caso de ser encontrado culpable el funcionario va a ser sancionado; y que la ley no hace distingos, entonces los ciudadanos comenzarán a tener respeto por la ley”, concluye el documento.
De los 2.4 millones de delitos en los que sí se inicia averiguación previa, en 54% de los casos no pasó nada. 