Las artillerías políticas se alinearon en contra del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto tras el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014. “Qué bueno que ya se va el GIEI”, dijo un alto funcionario peñista sin poder ocultar la pesadilla en la que se convirtió tener ojos encima sin la posibilidad de controlarlos o manipularlos. Se quejaba que al pagarles dos millones de dólares al mes por la coadyuvancia en el caso, los expertos estaban obligados a informar sus hallazgos y opiniones al gobierno mexicano antes que a nadie, que podía, a su vez, censurarlos. Es incomprensible esa postura, pero al ser una opinión dentro del gobierno, se entiende porqué hubo un choque frontal contra los expertos y una descalificación sistemática a su trabajo.
El informe final del GIEI provocó una cascada de reacciones en el mundo de los derechos humanos, donde en forma unánime respaldaron las conclusiones del grupo y exigieron al Presidente Peña Nieto que las atendiera. “Están muy bien articulados”, observó un funcionario federal. “Tienen a WOLA (la Oficina en Washington para América Latina”, a Human Rights Watch, a medios de comunicación y a periodistas”. El apoyo de una red internacional que no deja de criticarlo, le duele al Gobierno, que no terminado de aceptar porqué y hasta dónde llega la molestia en el mundo contra la administración de Peña Nieto.
A muchos les pasó de largo que un día después de que se difundiera el reporte final, el Departamento de Estado entregó una inusual declaración por escrito a la prensa, en el mismo sentido de lo exigido por las ONGs del mundo. Menos se percataron que el jueves, en otra acción insólita, la representante de Estados Unidos en la ONU, Samantha Power, emitió otra declaración escrita para pedirle al Gobierno peñista que resolviera el crimen de Iguala. El problema del gobierno mexicano no se limita a lo que piensan las organizaciones defensoras de derechos humanos en el mundo -ninguna que lo haya apoyado-, ni a los medios de comunicación.
En tres años y medio el Gobierno de Peña Nieto acumuló agravios que generaron la presiones internacionales. El crimen contra los normalistas de Ayotzinapa desnudó sus deficiencias en materia legal y dio el pretexto perfecto para presionar al Presidente y empujarlo hacia donde parece buscar Washington: que acepte un modelo de justicia trasnacional, similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un órgano independiente para apoyar a las instituciones de procuración y administración de justicia, que produjo la detención del Presidente Otto Pérez Molina el año pasado, acusado de corrupción. ¿Quiere Washington a Peña Nieto en la cárcel? La pregunta no tiene respuesta aún. Pero lo que definitivamente no quieren en varias capitales del mundo, es que la ley siga de adorno en México como ven que hasta ahora ha sido en su gobierno.
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