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Balbina Flores Martinez*

En la víspera de cumplir tres años y en el marco del Tercer Informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, la prensa vive entre la estigmatización, la descalificación y la violencia constante y ascendente que ha dejado como saldo a la fecha (julio 2021) un total de 43 periodistas asesinados, según la Secretaría de Gobernación, y 45 de acuerdo a los datos públicos de la CNDH, entre ellos cuatro desaparecidos que, por cierto, ninguno menciona.

Cifras por demás escandalosas. Apenas estamos a la mitad del sexenio, donde aún está a tiempo de reaccionar de manera contundente porque el tiempo apremia. De estos 43 homicidios según la Segob, casi uno por mes, en por lo menos  la mitad de ellos hay elementos suficientes para considerar que fue por ejercer su labor periodística, de acuerdo a lo que ha documentado Reporteros sin Fronteras. 

Es así que México no ha cambiado en relación a otros sexenios en este aspecto, aunque se nos diga que “se protege a periodistas”, el país sigue siendo uno de los más violento para para la prensa en el mundo, pero esta frase parece ya no sorprender a nadie y menos al actual gobierno. 

En tan solo 2020, de acuerdo a la organización Article19, se cometieron 692 agresiones a la prensa, un ataque cada 13 horas. Un aumento del 13.63% en comparación a 2019. En el mismo período el Mecanismo de Protección de acuerdo a sus estadística publicadas hasta abril de este año, reconoce que en entre los probables agresores de su población beneficiaria 1,455 entre periodistas y defensores, más de la mitad han sido cometidas por servidores públicos en un 58.2 por ciento. Es decir, lo agresores en su mayoría siguen estando dentro de las estructuras del Estado.

Estos datos dejan claro que para la prensa las condiciones no han cambiado, son iguales o peor aún, agravados por condiciones laborales cada vez más precarias, un contexto de pandemia y de inseguridad en varias regiones del país, que hace del ejercicio periodístico uno de los más peligrosos, provocando tan solo en poco más de un año el desplazamiento de más de una docena de periodistas. Y el aumento de solicitudes de protección en más de un 60% en lo que va de la actual administración.

A ello hay que sumarle el discurso de un gobierno que estigmatiza, descalifica a medios y periodistas y quienes al inicio de su sexenio dijo “no son mi enemigos, son mi adversarios”; demás de todos los calificativos expresados públicamente contra medios y periodistas.  Y no conforme con ello, los periodistas son  llevados cada miércoles a un Tribunal Público del “Quién es Quién en las mentiras”, en un ejercicio a decir del vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, de “transparencia”. Un tribunal donde dice  “no se censura a nadie” pero sí se acusa, se difama, se exhibe, en nombre del derecho de réplica, sin que los señalados tengan derecho a defenderse en ese mismo tribunal. Y si alguien se atreve a hacerlo finalmente ya fue señalado como mentiroso y su medio clasificado ante la mirada pública como falso. Y no es que la información falsa no se deba combatir, pero no desde un tribunal público. El mismo Relator de Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca Villarreal, propuso revisar este mecanismo de acuerdo a estándares internacionales, pero ello no ha ocurrido.

Exhibir a un periodista en un país tan peligroso para la prensa es sumamente grave, así lo plantearon una veintena de organizaciones ante el 180 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que plantearon la gravedad del discurso estigmatizante del gobierno de AMLO contra la prensa. El Estado mexicano a través de su vocero Ramírez Cuevas, negó los hechos y afirmó: “ las y los funcionarios del gobierno no estigmatizan a periodistas y personas defensoras sino que ‘estigmatizan las calumnias y mentiras’”. La estigmatización de parte de altos funcionarios genera un contexto de permisividad para agredir a la prensa y a las personas defensoras, advirtieron las organizaciones y ello “tiene como consecuencia directa el aumento de la violencia y el deterioro de entornos seguros para poder ejercer la libertad de expresión y defender derechos humanos”. 

Me pregunto si el presidente recordará su promesa de aquel 1 de diciembre de 2018 en el Zócalo capitalino cuando aseguró que en “mi gobierno no habrá más asesinatos de periodistas”. Me da la impresión de que no, porque si así fuera, habría planteado ya una política integral de atención a los ataques a la libertad de prensa que considerara no sólo la protección, sino como revertir los índices de impunidad en torno a las agresiones a la prensa que al final son el fondo del problema. Pero sobre todo evitaría convertir su discurso en una política donde por un lado dice nunca se ha respetado tanto la libertad de expresión como antes, y  por otra reitera una y otra vez el discurso de una prensa pasquín, de derecha, y hampa del periodismo. Lo que ha derivado en una serie de hashtags como “PrensaProstituida”, “PrensaChayotera”, “Prensasicaria” un discurso que también ha sido reproducido por gobierno locales.

Y cada vez que se  pregunta al Presidente sobre el asesinato de un periodista en la mañanera, dice que le pedirá al Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que informe sobre situación del Mecanismo. Pero a tres años más allá de informar no hay acciones más contundentes y decididas encaminadas a acabar con la impunidad, que es y seguirá siendo uno de los grandes retos de este gobierno. De acuerdo a las estadísticas más recientes de la FEADLE hasta julio de este año había iniciado de 2019 a la fecha 179 carpetas de investigación, donde los delitos que más prevalecen son las amenazas, el abuso de autoridad, las lesiones y el robo entre otros. Las amenazas en 2020 fueron las más altas 84 y los homicidios solo inició 5 carpetas de investigación en ese mismo periodo 2019-2021. Si todas estas investigaciones llegaran a sancionar a los responsables otra sería la realidad.

Mientras no se tenga una política integral de atención a un problema que se viene arrastrando de años, donde no hubo voluntad política para atender las agresiones a la prensa, y se tomen acciones decididas para acabar con la impunidad, no habrá Mecanismo capaz de evitar que se siga matando y despareciendo periodistas, y que el desplazamiento de éstos continúe. Mientras la impunidad siga siendo ignorada y eludida en el actual gobierno, los ataques a periodistas no disminuirán. Mientras el discurso oficial sea la estigmatización y la descalificación a periodistas y medios negando toda responsabilidad y compromiso ante organismos internacionales como la CIDH y la ONU, será muy difícil revertir la realidad.

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