“El mal que hay en el mundo casi siempre viene de la ignorancia, las buenas intenciones pueden hacer tanto daño como la malicia si carecen de entendimiento”: Albert Camus
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador enfrentará durante 2020 el reto de probar su capacidad de gobernar y sus habilidades políticas para cumplir las promesas electorales de abatir la pobreza, la violencia y la corrupción.
Desde 1997 ningún otro presidente de México tuvo, al mismo tiempo, el dominio mayoritario del Congreso, influencia decisiva en el Poder Judicial ni el control de siete gobiernos estatales y más de 20 congresos locales.
La concentración del poder político, el respaldo incondicional de amplias mayorías legislativas y la popularidad de su imagen le permitieron realizar los cambios legales necesarios para revertir las reformas en materia de seguridad, energía y educación.
No sólo eso. Con apenas un marginal impacto en sus niveles de aprobación, López Obrador consiguió adelgazar el costo y tamaño de la burocracia, concentrar los recursos públicos para entregar apoyos clientelares a jóvenes, madres solteras y personas de la tercera edad, y reglas a la medida para la operación de la Guardia Nacional.
Incluso, se dio el lujo de centralizar las compras del gobierno y regresar al viejo esquema de entregar contratos a los amigos leales, sin pasar por el filtro de la licitación y la transparencia. Hasta consiguió la creación del Instituto de Salud para el Bienestar en sólo cuatro días.
La mesa está puesta y él lo sabe. El 1 de diciembre del año pasado no sólo festejó el primer aniversario de la victoria de la denominada Cuarta Transformación (4T), también advirtió que los conservadores “ya no podrán revertir los cambios” y será “prácticamente imposible regresar a la época de oprobio que significó el periodo neoliberal o neoporfirista”.
Ahora que cuenta con las leyes a su gusto, los funcionarios de su preferencia y la sumisión de legisladores y ministros, no hay espacio para mirar atrás y culpar a los gobiernos del pasado. Los errores, omisiones y excesos que se registren a partir de ahora serán responsabilidad exclusiva del habitante de Palacio Nacional.
El aumento constante del salario mínimo; la disminución en los precios de la gasolina; mantener la inflación a tope; sostener los niveles de deuda pública; conseguir un crecimiento anual de la economía del 4 por ciento y mejorar el nivel de vida de los mexicanos, tendrán que ser los logros de un presidente que —por si fuera poco— tiene la fortuna de administrar la riqueza que implica el alza histórica en el precio internacional del petróleo.
Su estrategia para combatir la violencia y conseguir la paz de una nación ensangrentada y afligida por la muerte y el terror, hoy tiene la estructura legal y administrativa para mostrar su eficacia y reducir significativamente los homicidios dolosos, feminicidios, la extorsión a negocios y empresas, la trata de personas, los secuestros y la violencia provocada por la disputa territorial de los cárteles del narcotráfico.
La cartilla de Alfonso Reyes, desempolvada casi ocho décadas después, y la altura moral del líder, demostrarán que la corrupción fue derrotada y que quienes ayer abusaron de su poder y robaron las arcas públicas serán castigados con la misma firmeza utilizada contra los funcionarios de la 4T que se atrevan a desafiar el orden y desfalcar a México, sin protección política ni impunidad jurídica.
El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene en un puño todos los hilos del poder. Si no es capaz de cumplir las promesas de campaña no sólo acabará de tajo con la esperanza que 30 millones de mexicanos depositaron en él, sino que paralizará el desarrollo y crecimiento de una nación entera.