Diversos países de América Latina han sido escenario de fuertes protestas durante las últimas semanas. Lamentables capítulos de violencia y represión que parecían haber quedado atrás en la década de los 80, regresaron con una virulencia contagiosa. América Latina está en llamas.
Chile ha sido sacudido por una serie de masivas manifestaciones públicas desde el 19 de octubre, como resultado de las reformas a los sistemas de pensiones, de salud, del alza en los precios del transporte público y del costo de la energía eléctrica.
Desde marzo de 2018, cuando Sebastián Piñera asumió la presidencia por segunda ocasión, la población que le entregó su voto vio cómo sus expectativas fueron traicionadas. La desilusión se convirtió en hartazgo y luego en indignación.
Para acallar las protestas, Piñera hizo uso de los carabineros y de sus Fuerzas Armadas. El resultado de la violencia en las calles es, hasta ahora, de 23 muertos y dos mil 500 personas heridas; de ellas, al menos 400 sufrieron lesiones por disparos de balas de goma.
En Ecuador, la protesta se extendió por un periodo más corto de tiempo. La cancelación al subsidio de la gasolina y la falta de empleo provocaron una serie de disturbios que iniciaron el 2 de octubre y terminaron 10 días después.
La expectativa que provocó Lenin Moreno en mayo de 2017, al tomar el poder, fue desinflándose de a poco. La apuesta de impulsar un “socialismo nuevo” no convenció a aliados ni adversarios y todos terminaron por salir a las calles. Obreros, indígenas, campesinos y trabajadores del transporte público reclamaron la renuncia del sucesor de Rafael Correa.
El conflicto escaló a tal punto que el mandatario liberal decretó el Estado de excepción y el toque de queda parcial. El saldo de los disturbios y protestas fueron 11 muertos, mil 340 heridos y casi mil 200 detenidos, además de 133 policías lesionados.
En Bolivia, la razón de los disturbios fue política. Evo Morales buscaba su cuarto periodo consecutivo y las elecciones celebradas fueron un desastre. La propia Organización de los Estados Americanos (OEA) documentó graves irregularidades en la contabilidad de los votos de la primera vuelta. Se les “cayó el sistema” y después del apagón hubo un sorprendente cambio: Evo Morales tenía 10 puntos más que su opositor Carlos Mesa.
La realización de una segunda vuelta electoral quedaba desterrada, pero el ánimo de la población se encendió para reclamar el respeto pleno a sus derechos políticos. Una vez que la OEA solicitó la anulación de los comicios, todo cayó en una espiral descontrolada y desembocó con la renuncia de Evo Morales, el primer presidente boliviano de origen indígena.
Las marchas y enfrentamientos entre simpatizantes y detractores de Morales terminaron con un saldo de tres personas muertas y al menos 421 heridos. Las Fuerzas Armadas —que recibieron la instrucción de aplacar las protestas de mineros, universitarios, obreros y grupos de campesinos—, determinaron hacerse a un lado y advirtieron “que no atentarían contra el pueblo”. Hoy, Evo Morales denuncia que ha sido víctima de un golpe de Estado y se encuentra en México en calidad de asiliado político.
Las muestras de indignación que se han registrado en varias naciones de América Latina evidencian que la paciencia del pueblo tiene límites. Si los gobernantes insisten en perpetuarse en el poder e ignorar las demandas básicas de empleo, transporte y medicinas, la gente está dispuesta a salir a las calles. Es una bomba de tiempo. La paz social no es una moneda de cambio. Es lo más valioso para cualquier nación civilizada. Pero los gobernantes de esas naciones parecen no entender el mensaje y han hecho que América Latina esté en llamas.