Con el inicio del periodo de campañas, el electorado seguramente estará atento a la actividad de los candidatos a la Presidencia de la República así como a quienes aspiran llegar al Ejecutivo de alguno de los nueve estados donde también se renovarán las gubernaturas.
Sin embargo, no debemos perder de vista que cuando emitamos nuestro voto este primero de julio por alguno de los partidos y coaliciones, también estaremos avalando que lleguen al Congreso, por la vía plurinominal, personas non gratas.
Me explico: en la lista de candidatos al Senado y la Cámara de Diputados hay personajes relacionados con actos de corrupción, en muchos casos constitutivos de delitos. Son de especial preocupación las listas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
En el partido del que Andrés Manuel López Obrador es dueño y señor hay quienes retratan la corrupción de lo que él mismo ha llamado “la mafia del poder”. Hablo de Napoleón Gómez Urrutia, quien está en el lugar 6 de aspirantes a la Cámara Alta, y de Nestora Salgado, colocada en la posición nueve.
Gómez Urrutia, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, ha estado envuelto en la polémica desde el 20 de febrero de 2006, cuando una explosión en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, provocó la muerte de 65 mineros.
De acuerdo con peritajes, la mina carecía de condiciones mínimas de seguridad y para ocultarlo, habría pagado medio millón de pesos a sus colaboradores en el sindicato. Luego emprendió la graciosa huida a Canadá donde se dijo víctima de una persecución política, por lo que consiguió una visa humanitaria.
Además, los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón lo acusaron de haber desviado 55 millones de dólares que recibió del Grupo México por la compra del 5 por ciento de acciones de filiales de esa compañía, recursos que no fueron repartidos entre los agremiados y que habrían sido depositados en cuentas ajenas a la organización y que, en parte, sirvieron para pagar las tarjetas de crédito de su esposa e hijos.
La otra postulación polémica es la de Nestora Salgado, quien era la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, y está acusada de haber participado en al menos 48 secuestros, por lo que estuvo detenida en el penal de alta seguridad de Tepic, Nayarit. Logró salir luego de que su defensa alegó “violaciones al debido proceso”.
AMLO impuso a esas polémicas figuras al grado de que Yeidckol Polevnsky, presidenta de Morena, y la coordinadora de campaña, Tatiana Clouthier, se dijeron “sorprendidas” por el anuncio.
Sin embargo, hay en estas incorporaciones un cálculo político muy bien medido y hasta el pago de favores. En 2012, la disidencia de Gómez Urrutia encabezada por Carlos Pavón, denunció que el exiliado en Canadá financió la campaña presidencial del tabasqueño con recursos provenientes de un fideicomiso minero extinguido.
Mientras que con Salgado reforzaría su representación en Guerrero con sectores de la llamada “izquierda social”, es decir, de grupos radicales que operan en esa entidad.
Es preocupante que en aras del pragmatismo, de conseguir “el poder por el poder mismo” como tanto ha criticado, López Obrador haga estas alianzas. Ya lo dijo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en un desplegado: se debe evitar postular a personas que hayan sido inhabilitadas para el servicio público o estén condenadas por la comisión de una conducta delictiva.
México no se merece a delincuentes convertidos en representantes populares con fuero. Y ese es el futuro que promete el tabasqueño.