Desde hace dos décadas, en Chilapa, Guerrero, sólo hay dos causas de muerte: el hambre y el crimen. El progreso no ha llegado a esas tierras y la esperanza abandonó esa región hace mucho tiempo. Chilapa es un territorio perdido.
Como las 10 plagas que cayeron sobre el antiguo Egipto, los pobladores de ese municipio sufren las calamidades de la pobreza, violencia, desplazamientos forzados, secuestros, asesinatos, robos, torturas, violaciones sexuales, incendios provocados y narcotráfico.
Tal como sucede en los 81 municipios que hay en Guerrero, Chilapa es un territorio que disputan tramo a tramo las bandas de la delincuencia organizada. Los Rojos y Los Ardillos son los grupos delictivos que, en su lucha sin cuartel, han acabado con la vida y la tranquilidad de sus pobladores.
Si en todo el país la violencia es alarmante, en Chilapa la situación es crítica. Recientemente, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública declaró que 2019 fue el año más violento en la historia de México con 34 mil 582 homicidios dolosos registrados en todo el territorio nacional.
En Chilapa, el aumento de los asesinatos ha sido exponencial. En 2012 se registraron 29 homicidios, 85 en 2016 y 134 en 2018. La muerte vive en Chilapa.
Más allá de los números, las mujeres, hombres, niños y adolescentes que aún permanecen en la zona, viven una película de terror que parece no tener fin. Sin pudor, Los Ardillos y Los Rojos deciden cuántas mujeres quieren poseer, qué terrenos disfrutar y a partir de cuándo disponer de locales y comercios.
Todos los días se registran balaceras. Los cobros por derecho de piso, los secuestros, las violaciones y los asaltos han cambiado las tradiciones del pueblo. Restaurantes, farmacias, tiendas y hasta cantinas cierran antes de las 20:00 horas.
Las calles están desoladas y la gente desesperada. Familias enteras, víctimas del desplazamiento forzado de la violencia se han visto en la necesidad de abandonar sus hogares para buscar nuevas oportunidades de vida en otras latitudes. Otros no tienen esa fortuna y deben permanecer en Chilapa, conviviendo codo a codo con los asesinos, los narcotraficantes y los secuestradores.
Chilapa es un territorio en llamas. La delincuencia reina y domina el municipio, mientras las policías municipales y estatales brillan por su ausencia. No hay Estado de derecho, orden de aprehensión, carpeta de investigación ni recomendación de la CNDH que valga. La justicia es otro rehén del crimen.
Ni la presencia de militares es garantía de paz. Los grupos criminales siguen levantando personas que después aparecen desmembradas, torturadas. El caso más reciente fue el asesinato de 10 músicos indígenas, integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), el pasado viernes 17 de enero.
El miércoles 23, la organización presentó como respuesta a 19 niños varones, de seis a 15 años de edad, portando armas y el uniforme de la Policía Comunitaria. Fueron “capacitados” para la defensa de sus familiares y pueblos del grupo delictivo que los ha acosado en las 16 comunidades del territorio comunitario de la organización.
Así, mientras algunos menores son reclutados por las bandas criminales y entrenados como sicarios, obligados a trabajar la tierra, la cosecha y distribución de drogas; otros son obligados a formar parte de grupos de autodefensa y aún sin cumplir la mayoría de edad, ya empuñan armas de grueso calibre para defender a su gente de la violencia.
Chilapa es un territorio perdido y, por desgracia, ni los gobiernos municipal, estatal o federal parecen dispuestos a hacer algo por rescatarlo.