Dicen que los mexicanos tenemos poca memoria, que olvidamos todo, que perdonamos todo, y que por eso estamos como estamos. Pareciera que esa premisa se aplica también a nuestros gobernantes.
No hace muchos años, en mayo de 2005, la PGR solicitó iniciar un proceso de desafuero en contra del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, luego de que un juez determinó que había violado una suspensión de amparo en el caso del predio El Encino.
El 7 abril de ese mismo año, la Cámara de Diputados, erigida en Jurado de Procedencia, votó a favor de eliminarle la inmunidad al tabasqueño con 360 votos a favor y 127 en contra.
A 13 años de distancia prevalece el debate: ¿dicha decisión judicial fue el pretexto para eliminarlo como contendiente a la Presidencia de la República? Sus seguidores dirán que sí, los detractores que violó la ley y que merecía la cárcel.
Lo cierto es que las consecuencias fueron terribles: gente movilizada en las calles, un conflicto poselectoral que terminó con el cierre del Paseo de la Reforma, millones de pesos de pérdidas para los comerciantes de la zona y un gobierno urgido de legitimidad que optó por iniciar una guerra contra el narcotráfico, cuyos saldos en términos de muertes y desaparecidos, todavía hoy padecemos.
La historia parece repetirse. Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, que integran el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, fue señalado de presuntamente haber participado en una operación inmobiliaria que implicaría el lavado de dinero.
De manera inusualmente expedita, la PGR dio curso al caso. Anaya retó al procurador en funciones, Alberto Elías Beltrán, y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) proceder en su contra. Se presentó en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) para entregar un escrito. Ahí se negó a declarar.
En un craso error, la PGR filtró el video en el que se escuchan “mentadas de madre” que —en un primer momento— se atribuyeron al candidato, aunque luego se comprobó que correspondían a Diego Fernández de Cevallos.
Se argumentó que la difusión de las imágenes era por “interés público” y que esto no violaba el debido proceso ni la presunción de inocencia. El daño estaba hecho, pero no para el candidato opositor.
En las redes sociales se creó el hashtag #FueraPGR y la oposición exigió al presidente Enrique Peña Nieto sacar las manos del procesos electoral.
Académicos e intelectuales firmaron una carta en el mismo sentido, en el que además señalaban que el uso de la PGR para perseguir a un líder de la oposición “pone a México junto a países con regímenes autoritarios y democracias totalmente disfuncionales”.
Desconozco si el señor Anaya es culpable o no, pero coincido con quienes han demandado a la PGR que si tiene una acusación sólida en su contra, proceda en consecuencia.
No se debe meter al Ministerio Público en el rejuego de la política. Hacerlo minará aún más la escasísima confianza que se tiene en la procuración de justicia en este país con tantos pendientes: Odebrecht, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, el malware Pegasus y el espionaje a activistas y periodistas, por sólo citar algunos.
Que los candidatos debatan y presenten propuestas, que sus voceros se ataquen y que los gobernantes, gobiernen. Nuestra democracia es incipiente e inmadura. El uso de las instituciones con fines electoreros sólo generará mayor desconfianza y los mexicanos no queremos, no merecemos un desafuero reloaded.