Hannia Novell

México ha fracasado en impedir la penetración ilegal de dinero en las campañas políticas. Es el dinero negro, recursos en efectivo, que empañan la calidad de la democracia y ponen en tela de juicio la legalidad e imparcialidad de las autoridades electas.

Un reporte de Integralia señala que en la elección presidencial de 2018, la circulación de dinero en efectivo registró un aumento de 43 mil millones de pesos; en los comicios intermedios de 2015, el incremento fue de 28 mil 956 millones, y en 2012 el excedente fue de 37 mil millones de pesos. 

Casos de alto impacto periodístico como el Pemexgate, los Amigos de Fox y el Fideicomiso de Morena para damnificados del sismo demuestran que los partidos y candidatos están dispuestos a todo para obtener el poder político. Sin distinciones de colores e ideologías, para la clase política, el fin justifica los medios.

Lo mismo usan recursos públicos para apoyar al candidato del grupo político en turno y acordar jugosos contratos con empresarios, que pactan impunidad con bandas de la delincuencia organizada. Su inmoralidad es obscena, es criminal.

Como resultado del Pemexgate, registrado en la elección presidencial del 2000, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue sancionado con una multa correspondiente a mil millones de pesos, la multa más alta en la historia electoral de México. 

Mientras que para castigar a los Amigos de Fox, también de la elección del 2000, Acción Nacional (PAN) y el Verde Ecologista (PVEM) fueron multados con 399 y 99 millones, respectivamente. Ninguno de ellos debió pagar inmediatamente la sanción, se les ha descontado del financiamiento público, sin poner en riesgo sus actividades básicas.

En el caso del Fideicomiso de Morena, caso emblemático de los comicios presidenciales de 2018, ni siquiera hubo sanción. El expediente del Instituto Nacional Electoral (INE) fue revocado por el Tribunal Electoral y la operación carrusel, en la que participaron militantes de Morena para mover depósitos en efectivo por más de 44.4 millones de pesos, quedó en el limbo, sin culpables ni irregularidades por perseguir.

Cuando la impunidad es la respuesta de las autoridades electorales, no hay manera de disuadir ni desalentar las prácticas corruptas. Por el contrario, son un aliciente para la comisión recurrente de ilícitos.

Los videos protagonizados por Pío López Obrador y David León, de reciente circulación, muestran la entrega de sendos paquetes de dinero en efectivo al hermano del hoy Presidente para reforzar la operación política de Morena en el estado de Chiapas. Esos son los videos que conocemos, la pregunta es cuántas entregas más de efectivo se han registrado en las campañas de candidatos.

Desde la elección de 2018, el INE puede revisar en tiempo real los movimientos de entrada y salida de recursos de cada una de las campañas electorales. No obstante, la fiscalización es un trabajo que resulta apabullante, a la luz del número de cargos de elección popular que estarán en disputa en 2021: 21 mil 368 entre diputados federales, gobernadores, legisladores locales, alcaldes y ediles.

El INE, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tienen frente a sí un reto impresionante. Sería imperdonable que la agenda de dichas instituciones estuviese marcada por los intereses y las revanchas políticas, porque tienen en sus manos la responsabilidad de garantizar la equidad de la contienda electoral y, sobre todo, de la legitimidad de la elección. 

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