En la reunión que tuvo con el presidente Enrique Peña Nieto el pasado jueves 9 de agosto, Andrés Manuel López Obrador confirmó lo que había dicho desde la campaña: no contará con la protección y seguridad del Estado Mayor Presidencial (EMP), cuyos dos mil 21 elementos serán reintegrados a la Sedena.
Precisó que su lugar será ocupado por una “ayudantía”, es decir, un grupo de 20 profesionales (sic) (10 mujeres y 10 hombres), con nivel de estudios de licenciatura, entre abogados, médicos e ingenieros que tomarán un curso de capacitación, pero no en el manejo de armas.
De hecho, anunció que este nuevo grupo de acompañamiento, que estará desarmado, comenzará a operar a partir del 16 de septiembre, cuando inicie una nueva gira por todo el país. Daniel Asaf Manjarrez, empresario y restaurantero de origen libanés, excandidato de Morena a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, será el coordinador del Grupo de Ayudantía.
El anunció despertó nuevamente el debate sobre la seguridad del jefe de Estado. Samuel González, quien fuera titular de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) de la PGR, consideró el planteamiento como “un chiste” y detalló que si se quiere formar un cuerpo civil, 20 ciudadanos son absolutamente insuficientes en el contexto actual de inseguridad que priva en el país.
Apuntó que, en efecto, el EMP podría ser sustituido por una agrupación civil, pero con personal altamente calificado en labores de inteligencia y seguridad, compuesta por al menos 500 elementos.
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, consideró “irresponsable” que se ponga en peligro la institución que representa el Presidente de la República, ya que no es un ciudadano común y corriente, y cualquier cosa que le pueda suceder es sumamente preocupante para el funcionamiento del Estado.
Ambos expertos han colocado en el debate público un elemento adicional: si el EMP desaparece, ¿quién garantizará la protección de jefes de Estado, diplomáticos o figuras importantes que visiten al país, cuando además el gobierno mexicano tiene la obligación internacional de protegerlos?
Al revisar cómo se garantiza la seguridad de presidentes, jefes de Estado o de Gobierno en otros países tenemos que, por ejemplo, en Estados Unidos está a cargo del Servicio Secreto, conformado por tres mil 200 agentes especiales, mil 300 oficiales de la División Uniformada y más de dos mil miembros del personal de apoyo técnico, profesional y administrativo.
En Gran Bretaña, el Comando de Protección que pertenece a la Policía Metropolitana de Londres es el encargado de proteger a la familia real, a los funcionarios de gobierno y a los funcionarios del servicio exterior.
En nuestro continente, el Batallón Guardia Presidencial de Colombia se encarga de proteger al mandatario del país sudamericano, a su familia, a los jefes de Estado que visitan ese país y a la residencia oficial, la Casa de Nariño. Está integrado por mil 700 soldados, oficiales y suboficiales.
Por lo pronto, López Obrador ya decidió que será ese Grupo de Ayudantía el que le brinde seguridad. “Ellos me van a cuidar junto con todos los mexicanos y entre todos los mexicanos están también los soldados, que son pueblo uniformado. Sé que existe preocupación, pero a donde vaya me van cuidar policías locales, soldados, marinos y los ciudadanos”.
Quizás López Obrador no haya acabado de entender que su seguridad es también la del Estado mexicano, y que lo más conveniente es contar con un cuerpo civil robusto, entrenado y eficaz; o con un EMP austero y entrenado que permita que la gente se acerque al presidente, sin poner en riesgo su integridad.