Miles de niñas, niños y adolescentes han quedado huérfanos. La violencia machista les arrebató a sus madres y hoy están sumidos en la tragedia de la muerte y el abandono.
Las mujeres asesinadas fueron asfixiadas, estranguladas y hasta mutiladas por sus novios, esposos y parejas sentimentales. Los últimos instantes de sus vidas fueron un horror. Y sin el abrazo y el refugio de sus madres, los huérfanos sufren más infortunios.
Algunos cuentan con el respaldo de sus abuelos, quienes les brindan cariño y sustento, pero no todos han corrido la misma suerte. Hay menores de edad que quedaron bajo la tutela de los feminicidas que no han sido procesados, otros viven en casa de familiares de los asesinos donde son estigmatizados, pues los culpan de que sus padres estén tras las rejas.
Además, los menores también presentan secuelas psicológicas y emocionales. Algunos sufrieron la violencia doméstica, junto con su madre; otros incluso presenciaron la brutalidad del homicidio. En todos los casos, el feminicidio se convierte en un hecho traumático que marca sus vidas.
Algunos estados como Jalisco y Coahuila han realizado esfuerzos importantes para censar a las víctimas indirectas y proporcionarles apoyos económicos.
En otras entidades, como el Estado de México, dichos apoyos fueron suspendidos porque el Congreso local debe aprobar los recursos extraordinarios.
El problema es que la gran mayoría de los gobiernos ha ignorado las necesidades de vivienda, alimentación y estudios de los menores de edad.
Han sido infructuosos los esfuerzos realizados desde diversas instituciones gubernamentales para atender las necesidades básicas de los huérfanos de los feminicidios, como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).
La presentación del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio, comprometido desde hace un año, ha quedado varada porque el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a cargo de María del Rocío García Pérez, ha retrasado la publicación del documento en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Resulta indispensable integrar un censo que inscriba a las víctimas indirectas de los feminicidios registrados en todo el país, que incluya a las hijas y los hijos menores de edad, así como a los dependientes económicos de las mujeres asesinadas, a fin de brindarles una atención y acompañamiento integral.
También es imprescindible delimitar las responsabilidades de los gobiernos federal y estatales, para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes huérfanos con un enfoque psicosocial, educativo y familiar.
La vida de sus madres les fue arrebatada con violencia. Ahora es preciso brindarles apoyo psicológico para enfrentar la depresión y el duelo, acompañarlos en los interrogatorios ante ministerios públicos y jueces, ponerlos a salvo de la violencia tanto en los Centros de Asistencia Social, como en el seno familiar, y ofrecerles becas económicas y estudiantiles que les permitan restituir un plan de vida seguro y con oportunidades de desarrollo.
La tasa de feminicidios sigue creciendo y el número de huérfanos también. Las niñas, niños y adolescentes merecen justicia y necesitan protección: que los responsables de la muerte violenta de sus madres permanezcan tras las rejas y que el Estado les brinde asistencia social integral para empezar de nuevo.
Síguenos en @EjeOpinion