Hannia Novell

Con los datos públicos disponibles es arriesgado afirmar que en México hemos conseguido domar al Covid-19 y ya logramos disminuir la tasa de crecimiento de contagios y defunciones.

Pero lo que es cierto es que el gobierno debe y está obligado a encontrar la justa medida para conciliar dos problemas; la salud (evitando contagios) y la economía (dejar de hundir al país). Por eso mantener aislados a los grupos vulnerables y sacar ya a la fuerza productiva a trabajar es inminentemente necesario. Pero parece que en la toma de decisiones y con los verdaderos datos estamos a ciegas. 

Desde hace poco más de 20 días, la prensa extranjera ha dado cuenta de una serie de inconsistencias, contradicciones y variaciones en las cifras que el gobierno de México ha manejado en torno al coronavirus. 

Los testimonios de familiares de pacientes, funcionarios y profesionales de la salud -algunos de ellos protegidos detrás del anonimato-, publicados en medios de comunicación estadounidenses, británicos y algunos mexicanos, han sembrado dudas e inquietudes sobre el desaseado manejo de la crisis sanitaria y han expuesto los riesgos de una catástrofe.

Desde luego, al gobierno de México le resulta más conveniente la difusión mediática de los brutales ataques contra médicos y enfermeras, las agencias funerarias y crematorios trabajando a su máxima capacidad -con tiempos de espera de hasta tres días para incinerar cuerpos-, y hasta la cobertura de una turba violenta que ataca a policías porque cree que contaminarán pozos de agua con el coronavirus.

Con ese tipo de información de alto impacto, la mayoría de la población ignora que la autoridad disfraza la información y esconde la verdad sobre el número de personas muertas, víctimas del Covid-19.

Recientemente, la revista Nexos publicó un ejercicio muy didáctico que desnuda de cuerpo entero la forma en la que el gobierno ha subestimado las cifras de defunciones, para justificar así su determinación de poner en marcha un plan gradual de desconfinamiento.

El análisis marca el día 24 de abril para observar el manejo de la información oficial y utiliza las 28 bases de datos publicadas diariamente por la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud (SS), entre el 13 de abril y el 10 de mayo.

De acuerdo con el texto, las cifras de defunciones registradas el 24 de abril cambia en función de la fecha de consulta. Son tres fallecimientos si se examina la base de datos del 24 de abril, son 31 muertes si la consulta se realiza en la versión del 26 de abril y hay 138 decesos si se cuentan los datos oficiales correspondientes al 10 de mayo. 

Es decir, hay lo que los autores llaman “una variación temporal”, que se explica en parte porque los registros de defunción deben ser validados por dos sistemas de información: el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias y la Red de Defunciones Sujetas a Vigilancia Epidemiológica, que a su vez obtienen información de las unidades médicas y centros hospitalarios.

Lo que otros trabajos periodísticos -de medios de comunicación nacionales, por cierto- han señalado con preocupación, son las discrepancias entre los reportes estatales y los nacionales. 

En todos los casos, la fecha de referencia es el 13 de mayo. Mientras, Puebla reportó 274 defunciones por Covid-19, la Secretaría de Salud federal tiene registrados 165 decesos; Yucatán reportó 83 fallecimientos y la cifra federal es de 54; y Chihuahua contabilizó 159 en total y el gobierno federal sólo 151 defunciones.

El gobierno de México pretende evitar el pánico, pero en realidad sólo retrasa lo inevitable: que a la Covid lo enfrentamos a ciegas y que el número real de contagios y muertes, lo conoceremos muchos meses después, hasta finales de este año o principios de 2021. La verdad no se oculta y lo que demuestran los números es la cruda realidad o la inminente mentira. 

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