Hannia Novell

El gobierno de México tendrá que enfrentar una nueva crisis de dimensiones aún incalculables. Una vez más, la improvisación y las decisiones gubernamentales autoritarias, discrecionales y fuera de toda realidad ponen en vilo la maltrecha estabilidad económica, política y social de una Nación entera.

Como en todo el mundo, la inesperada llegada del coronavirus obligó a tomar determinaciones drásticas para mantener a flote las finanzas nacionales, proteger los empleos y la paridad monetaria. La diferencia es que, en México, la recesión ya estaba en marcha desde un año antes: miles de empresas quebraron y millones de empleos desaparecieron sólo en el primer trimestre de 2019.

Presionado por los actores económicos, el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó recortar 75% del gasto de todas las dependencias federales, en los rubros relacionados con materiales, suministros y servicios generales.

Convencido de que los gastos conocidos como capítulos 2000 y 3000 son una fuente inagotable de recursos, que la “burocracia dorada” utiliza para vivir a costillas del pueblo, al tabasqueño se le ocurrió la brillante idea de realizar este recorte para obtener 39 mil millones de pesos y así, salir a flote el resto del año con los gastos extraordinarios provocados por Covid-19.

Nadie en Palacio Nacional se atreve a contradecir a López Obrador. No le explicaron que los servicios generales que se pagan con esos recursos que él determinó recortar, se destinan a las rentas de los edificios que ocupan los burócratas y los servicios de luz, agua, telefonía e Internet que se utilizan en las oficinas públicas.

Nadie le dijo que, de esas partidas, salen los recursos para pagar los contratos firmados con las empresas de seguridad que resguardan los reclusorios, a las empresas comercializadoras y suministradoras de combustible para la operación de la Comisión Federal de Electricidad, a las empresas que imprimen los libros de texto gratuito y a las empresas constructoras de plataformas de perforación de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Incluso, hay organismos públicos tan maltrechos e improvisados desde su origen, que tienen una plantilla laboral mínima de estructura y las actividades sustantivas son desarrolladas por personal que está fuera de la nómina, contratado con la figura de outsourcing. Al no haber dinero para pagar los contratos con dichas empresas, esos empleados se quedan sin trabajo y las instituciones no tienen manera de cubrir las vacancias. 

Así es que la parálisis operativa de toda la Administración Pública federal es un hecho inminente. Sólo se mantienen a salvo la Secretaría de Salud, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y, desde luego, la Presidencia de la República.

El problema es grave, oneroso y sus consecuencias, de pronóstico reservado. Las oficinas públicas no tendrán las condiciones mínimas para cumplir con las obligaciones establecidas en la ley, la población se quedará sin la atención ni los servicios que le brindan las instituciones, los funcionarios serán sujetos de sanciones administrativas o penales y, ante el incumplimiento de contratos, las demandas serán millonarias.

Resulta urgente dar marcha atrás al decreto de austeridad que afectará gravemente los servicios que presta el gobierno a los mexicanos, condena a la quiebra a miles de proveedores del sector público y aumentará las filas de desempleados en México. 

Para obtener los recursos extraordinarios que son necesarios para enfrentar los estragos de la pandemia del coronavirus, sería suficiente con la cancelación de las obras faraónicas, como la refinería de Dos Bocas que representaría un ahorro de 41 mil 256 millones de pesos. Pero no: el señor quiere pasear en su Tren Maya y poner en operación el aeropuerto de Santa Lucía al que ninguna aerolínea llegará por los riesgos que representa. Quizás en su afán de ayudar a los pobres, lo único que está haciendo es aumentar la pobreza dejando a más población en la calle de la que ya existía. 

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