Desde su incorporación al Poder Judicial de la Federación, Eduardo Medina Mora ha sido motivo de polémica y escándalo. Incluso ha tenido en sus manos el prestigio institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En marzo de 2015, cuando el Senado aprobó su designación como ministro del máximo tribunal hasta el 2030, Medina Mora para algunos personificaba la viva imagen de la impunidad, de los pactos inconfesables del PRI-PAN, pese a los reclamos de una sociedad hastiada de las cuotas y los cuates.
Cinco años después, Eduardo Medina vuelve a tener un papel protagónico en el desprestigio del Poder Judicial, con otro tipo de pactos inconfesables para garantizar su libertad a cambio de silencio.
Por primera vez, desde la reforma al Poder Judicial de 1994, un ministro de la SCJN dimite a un cargo de enorme importancia para el equilibrio de los poderes en México, para el control de la constitucionalidad de leyes, reglamentos y normas y para la expansión de los derechos humanos de todos los mexicanos.
El artículo 98 de la Constitución establece que sólo por “causas graves”, un ministro puede renunciar a tan alto encargo; la lógica de este candado constitucional es que el Senado valore la razones y determine si las acepta para dar lugar a un nuevo proceso de designación.
Sin embargo, Medina Mora renunció sin revelar las razones de su dimisión y ese es el motivo principal del grave peligro que hoy enfrenta la República: la sumisión del Poder Judicial ante el Ejecutivo. Una Suprema Corte rendida.
El silencio de Eduardo Medina Mora es y será interpretado como un pacto de impunidad impulsado desde la Presidencia para mover las piezas de interés de Andrés Manuel López Obrador y sumergir a la Corte en una espiral de desprestigio.
La explicación es simple. El ministro Medina Mora está bajo investigación. La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda sigue la ruta de al menos 500 millones de pesos que están en las cuentas del ministro y familiares, cuyo origen no han podido explicar; además, hay denuncias en las que el exembajador en Gran Bretaña es señalado por beneficiar a presuntos integrantes del crimen organizado a través de sus resoluciones.
Convenientemente, el ministro decide dimitir para salir del radar de la investigación. Deja libre un espacio en la Suprema Corte y la oportunidad de oro para que el gobierno de la 4T desempolve las ternas de ministros simpatizantes para integrar el nuevo rostro del Poder Judicial.
Con ministros afines a AMLO quedarán atrás las sentencias garantistas que privilegiaron los derechos humanos por encima de prejuicios y actos de discriminación: el matrimonio igualitario, la despenalización del aborto, el uso lúdico de la mariguana y la obligación de investigar los asesinatos de mujeres como feminicidios.
Ahora tendremos una Corte supeditada a los intereses y caprichos presidenciales. Una Corte dispuesta a dar marcha atrás a todos los amparos existentes para dar luz verde a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Una Corte que se quedará inmóvil ante la exigencia popular de que el gobierno garantice el abasto de medicinas, doctores y enfermeras. En suma, un Poder Judicial a modo de la 4T.
Este es el momento de retomar el lema que un grupo de ciudadanos puso en alto en 2015: #SinCuotasNiCuates para asegurar que quienes lleguen a la SCJN sean profesionales, doctos en Derecho y una probidad e independencia a prueba de balas.
El reto es, en definitiva, cerrarle el paso a los pactos oscuros y componendas entre los grupos del poder político.