Los delitos relacionados con el tráfico y venta de drogas son la principal causa de encarcelamiento en América Latina y México no es la excepción.
La crisis carcelaria en nuestro país ha provocado altos niveles de hacinamiento y de violencia en los centros de reclusión y en consecuencia, las personas privadas de libertad viven en condiciones inhumanas.
El caso de las mujeres en prisión es lacerante. Las reformas constitucionales de 2019, cuando se amplió el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa (PPO), incrementaron el número de personas que permanecen en la cárcel, mientras se decide si son culpables o inocentes. En 2019 eran 75 mil 287 y sólo en un año, se registró un aumento del 18.3%, al pasar a 89 mil 67 presos sin condena.
Al revisar las cifras por género encontramos que, una vez más las mujeres son víctimas del sistema. El número de hombres en PPO aumentó 17.9% y el de mujeres creció en 24.6 por ciento. Las mujeres que cometen delitos por necesidad económica, amor o miedo no son las únicas víctimas. También están las niñas y niños que nacen en la cárcel y viven tras las rejas, porque son hijos de reclusas.
El Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2021, presentado por el Inegi, revela que al cierre del año pasado había 392 menores de seis años que permanecieron con sus madres privadas de la libertad en los centros penitenciarios federales y estatales, de los cuales 50.5% fueron niños y 49.5 por ciento, niñas. Más del 40% del total eran menores de un año y la mayoría se concentraron en cárceles del estado de México.
¿Las cárceles son el lugar adecuado para criar a un niño? No. Definitivamente no, si consideramos que son espacios donde se registran riñas, huelgas de hambre, motines, quema de ropa o colchones, intentos de fuga y evasión de presos; donde las reclusas sufren abusos sexuales, golpes y humillaciones; donde existen deficientes condiciones de ventilación y de mantenimiento a los servicios sanitarios, por lo que hay cucarachas, chinches, moscas y hasta ratas en todas las áreas de las cárceles.
Sin embargo, también es preciso considerar el derecho de las y los menores a vivir con sus madres, aunque sea en prisión, como los hijos detrás de los barrotes y aún así
intentar mantener esos lazos de amor, cuidados y seguridad que son indispensables durante los primeros años de crianza.
Es cierto, tenemos un sistema penal en crisis y enfrentamos una circunstancia económica desfavorable, pero el bienestar de las y los hijos de las mujeres en prisión merecen atención y garantía plena de sus derechos de salud, alimentarios y educativos.
Los menores en reclusión requieren espacios educativos y lúdicos en los centros penitenciarios, pero también precisan pediatras, nutriólogos y psicólogos.
Hoy, con la inminente discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2022, Morena y los partidos de oposición están obligados a hacer a un lado las discusiones estériles e ir más allá de los espacios de promoción, en las tribunas legislativas y de linchamiento, en las redes sociales.
Pero en el Congreso, las legisladoras Josefina Vázquez Mota (PAN) y Ana Lilia Herrera (PRI), como presidentas de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia del Senado y de la Cámara de Diputados, respectivamente, tienen la oportunidad histórica de demostrar la seriedad de su compromiso con los derechos de la niñez para señalarle el camino a seguir al partido en el poder, entrampado anticipadamente en la sucesión presidencial.
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