Desde el inicio de su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha otorgado cada vez más poder político, económico y de seguridad a las Fuerzas Armadas.
El hombre que en campaña prometió regresar al Ejército a los cuarteles, otra vez falta a su palabra y ha alentado la peligrosa militarización de los asuntos públicos.
En 2012, mientras buscaba el voto de los mexicanos, utilizó como recurso proselitista las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. Junto a los colectivos de víctimas encendía velas blancas por cada uno de los caídos en la guerra contra el narco y señalaba a los militares y marinos como los responsables directos de los abusos y violaciones a los derechos humanos.
En la campaña de 2016, el discurso beligerante contra las Fuerzas Armadas continuó. Empeñado en señalar el fracaso de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en abatir el crimen organizado, el candidato López Obrador insistió que la imagen del Ejército mexicano había sido desgastada innecesariamente, al obligar a realizar labores policiacas en lugar de concentrarse en la defensa de la soberanía nacional.
Sin embargo, apenas llegó a la silla presidencial no sólo cambió de parecer, sino que se olvidó de las víctimas del movimiento estudiantil de 1968 y de la represión conocida como la Guerra Sucia. Una traición clara a la bandera de las fuerzas democráticas de la izquierda mexicana.
Si Felipe Calderón y Enrique Peña desplegaron a 52 mil 807 y 54 mil 980 efectivos militares para realizar tareas de seguridad y combate al narcotráfico, respectivamente, Andrés Manuel López Obrador utiliza actualmente a 61 mil 795 elementos para cumplir tareas contra la delincuencia organizada.
Los militares se han infiltrado en todos los sectores de la administración pública y se han apoderado de actividades que van desde labores de vigilancia, tareas de construcción de obras y apoyo en la entrega de apoyos sociales. Todos ellos, proyectos estratégicos para la denominada Cuarta Transformación, que ofrecen un rol protagónico para las Fuerzas Armadas.
La cruzada contra el robo de combustible fue una de las tareas iniciales de los soldados quienes, incluso, fueron reubicados para custodiar pipas en las carreteras del país; luego fueron instruidos para realizar tareas de vigilancia en las fronteras norte y sur, con el propósito de frenar la migración hacia Estados Unidos.
La construcción de cuarteles para los miembros de la Guardia Nacional, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, las sucursales del Banco del Bienestar, dos tramos del Tren Maya y la remodelación de 32 hospitales abandonados en sexenios pasados son otras de las actividades prioritarias de los militares.
Además de la vigilancia en la entrega de los recursos de programas sociales, como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, así como la distribución de fertilizantes. La tarea
recientemente encomendada provocó la renuncia fulminante del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, a quien le arrebataron el control de los puertos y aduanas.
La negra historia latinoamericana llena de golpes de Estado, las dictaduras militares de Chile, Argentina o Nicaragua y las dictaduras revolucionarias de Cuba o Venezuela parecen haber sido borradas de la memoria del inquilino de Palacio Nacional.
La creciente influencia de las Fuerzas Armadas en los asuntos públicos del país aumenta el riesgo de la intervención del Ejército en el juego electoral. En un país polarizado, lleno de odio e intolerancia esto es inadmisible y altamente peligroso.