La contingencia provocada por el Covid-19 ha desatado los demonios. Con la amenaza del contagio letal, un puñado de gobernadores ha impuesto una serie de medidas claramente violatorias de los derechos humanos que, con sorprendente facilidad, han admitido los habitantes.
El 30 de marzo pasado, el Consejo de Salubridad General declaró la emergencia sanitaria en México y las medidas de lógica prevención para evitar la dispersión del coronavirus se convirtieron en graves violaciones a la libertad de tránsito con el anuncio de toques de queda para obligar a la gente a permanecer en sus casas.
Una y otra vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha descartado la imposición de un estado de excepción, pero la falta de liderazgo, la titubeante reacción oficial a la epidemia y un sistema nacional de salud a punto del colapso ha alimentado el protagonismo de los actores políticos.
Insatisfechos con la cancelación de eventos masivos, fiestas privadas, ferias, jaripeos y festejos religiosos, incluso el cierre de restaurantes, antros y cantinas, gobernadores y alcaldes han tomado decisiones extremas para proteger la salud de los residentes y sus carreras políticas.
Los gobernadores de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Morelos han instrumentado políticas públicas restrictivas de diversas garantías individuales, especialmente las que están relacionadas con el libre tránsito.
Enrique Alfaro, mandatario estatal de Jalisco, se convirtió en el primer gobernante en cancelar las actividades no prioritarias para evitar los riesgos de contagio; a diferencia de un gobierno federal que está paralizado, el gobernador emecista reaccionó con asertividad y consiguió el respaldo de la iniciativa privada y el apoyo de los integrantes de la burocracia estatal.
Los afanes protagónicos de Enrique Alfaro pueden ser cuestionables, pero hasta el momento, Jalisco es el tercer estado del país con menor tasa de casos activos de Covid-19 y ocupa el octavo lugar con menor tasa de mortalidad.
El gobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles llegó al extremo de decretar el aislamiento obligatorio de los más de 4.5 millones de habitantes. Aunque un grupo de 400 ciudadanos presentaron un amparo colectivo para transitar con normalidad en la vía pública, un juez federal dictó una sentencia favorable al mandatario estatal, por lo que quien desacate el confinamiento pagará con multa, cárcel y trabajo comunitario.
Está claro que los gobernantes de Morena anhelan la libertad de decisión que gozan sus adversarios políticos, para estar en condiciones de tomar determinaciones de alto impacto, que los muestren empáticos y preocupados con el bienestar de la sociedad.
Ahí está el caso de Claudia Sheinbaum, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, donde se registra el mayor número de casos confirmados activos de coronavirus, con mil 470 personas infectadas, y más defunciones positivas y sospechosas de todo el país.
Como nadie, ella ansía la libertad para actuar, pero debe conformarse con hacer obligatorio el uso de cubrebocas porque no puede rebasar por la izquierda a su jefe máximo.
La pandemia está a punto de llegar al pico más grave, pero los cálculos políticos están a la orden del día. Pareciera que lejos de buscar el bienestar de la población, lo único que importa es no colocarse ningún muerto que les afecte en las elecciones por venir.
En 2021 estará en juego la revocación de mandato del presidente López Obrador, la integración de una nueva Cámara de Diputados, 13 gubernaturas y elecciones locales en Coahuila e Hidalgo.
Si sobrevivimos a la pandemia, el electorado tendrá la última palabra, y en las urnas expresará su voto a favor de la libertad de tránsito o por la protección de su salud. Para ese entonces tendremos que volver a revisar las cifras y resultados.