Hannia Novell

Jorge y Javier, destacados estudiantes del Tecnológico de Monterrey, cruzaron la puerta de salida de la universidad privada en busca de provisiones. Les esperaba una larga noche de estudio, sentados frente a una computadora. Eso creyeron.

Pero la realidad fue distinta. No regresaron a la sala de estudio porque fueron ejecutados extrajudicialmente. Los dos jóvenes fueron víctimas de las balas que sobre sus cuerpos descargaron miembros del Ejército mexicano.

Al día siguiente, la prensa local publicó otra nota roja. En medio de la guerra declarada contra el narcotráfico, los relatos de ejecuciones, metralletas y sangre derramada en las calles formaban parte del mobiliario urbano. En aquella escena mortal aparecieron dos metralletas junto a los cuerpos y una humillación más: los estudiantes fueron señalados como sicarios.

Esta es la historia de Javier Arredondo y Jorge Mercado. El relato oficial, la noticia publicada el 20 de marzo de 2010 fue desmentida en el documental Hasta los dientes, dirigido por Alberto Arnaut y publicado en 2018.

Nada hemos aprendido del dolor y la muerte. El territorio azteca sigue siendo escenario de la crueldad, la violencia y la impunidad. En las últimas semanas se han registrado lamentables casos de abuso policial, en diferentes ciudades del país, que han despertado la indignación social, pero los demonios siguen sueltos.

Giovanni López murió por traumatismo craneoencefálico el lunes 4 de mayo. Con apenas 30 años, fue presuntamente asesinado por policías en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. Por no portar un cubre bocas, al transitar por la calle, fue arrestado y horas más tarde apareció muerto. El caso desató una guerra entre la Federación y la administración del gobernador Enrique Alfaro.

El martes 9 de junio, Alexander Martínez, de sólo 16 años, habría sido asesinado de un disparo en la cabeza por policías de Acatlán, Oaxaca. Los amigos del chico corrieron a buscar ayuda, mientras una vecina veía a los policías cuando intentaban “sembrarle” una pistola al cuerpo que yacía en el piso inerte, sin signos vitales.

El 2 de mayo, Carlos Andrés Navarro Landa murió bajo custodia policial en el municipio de Xalapa, Veracruz. Con 33 años, Navarro era padre de cinco hijos. Fue arrestado por “alterar el orden en la vía pública” y trasladado al cuartel General Heriberto Jara Corona, donde murió en una celda ese mismo día.

El 27 de marzo, la muerte de Yair López fue transmitida por las redes sociales. En un dramático video, cinco oficiales mantienen en el piso al joven, uno de ellos tiene su bota sobre el cuello, impidiéndole respirar. “¡Lo mató!”, grita desesperado quien logró grabar las imágenes del impactante momento.

El 28 de marzo, en Tijuana, Baja California, un hombre en situación de calle murió en las mismas circunstancias. 

Un policía lo sometió a punta de golpes y colocó todo el peso de su cuerpo sobre su cuello. La bota del policía municipal asfixió al sujeto que había sido detenido por lanzar piedras contra los automóviles que circulaban por la avenida.

Con el pretexto de mantener el orden público, proteger la salud de los ciudadanos o la propiedad privada, impunemente, los agentes policiacos han hecho uso excesivo de la fuerza, provocando muerte y dolor en las familias y lastimando aún más la confianza de la sociedad en sus autoridades.

Resulta urgente que todos los gobiernos involucrados realicen investigaciones diligentes, imparciales y prontas, para sancionar de forma ejemplar a los responsables. “No es abuso de autoridad, es asesinato”, denunció el cineasta Guillermo del Toro.  

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