Desde que se militarizó la guerra contra las drogas, México se convirtió en un país azotado por la violencia criminal que ha llenado de luto los hogares y provocado el desplazamiento forzado de pueblos enteros, aterrorizados por grupos de la delincuencia organizada.
Más de 290 mil personas han sido asesinadas desde 2006 a la fecha. Si la ofensiva militar que inició Felipe Calderón contra el crimen organizado provocó picos de violencia inimaginables, con más de 121 mil muertos, y el sexenio de Enrique Peña terminó con más de 135 mil homicidios, las cifras oficiales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador son desalentadoras: tan sólo en 2019 se reportaron 35 mil 588 decesos.
Ninguno de los tres gobiernos tuvo la capacidad para detener la escalada de violencia y evitar el derramamiento de sangre.
Calderón Hinojosa estaba tan convencido de la guerra contra los cárteles, que consideró las muertes de civiles como “daños colaterales”. Enrique Peña jugó a la política, pactó cartas de impunidad con los perpetradores de la violencia, y cedió a las presiones de las organizaciones sociales para la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), una institución que desde el principio fue utilizada de forma clientelar, para callar a las voces críticas.
El problema es que Andrés Manuel López Obrador utilizó la bandera de la justicia y la causa de los colectivos de víctimas en todo el país, para buscar la silla presidencial.
Utilizó el dolor de quienes llevan años en la búsqueda de sus familiares desaparecidos, la desesperanza de las madres a quienes las redes de trata les arrebataron a sus hijas adolescentes y a los abuelos que miran con infinita tristeza a sus nietos huérfanos porque sus padres fueron ejecutados.
Miles de mujeres y hombres de todas las edades y origen social confiaron en sus promesas de justicia, de encontrar a sus familiares desaparecidos, de castigar a los culpables, de regresar a las tierras que les fueron despojadas, de caminar por las calles sin encontrar su mirada con los hombres que “levantaron” a su padre, de encontrar un poco de paz y esperanza, entre tanto dolor y muerte.
Votaron por él y fueron traicionados. Al inicio de su gobierno fueron cancelados los diálogos por la paz con los colectivos de víctimas de todo el país. Y a golpe de recortes presupuestales, sin dinero para pagar ni el teléfono, busca desmantelar el único brazo protector del Estado mexicano, con el que cuentan las víctimas.
Desde Palacio Nacional quisieron hacer creer que la salida de Mara Gómez de la CEAV era una demanda de un grupo de 20 personas apostadas en el Zócalo de la Ciudad de México.
Pero la voz valiente de miles de víctimas, como Javier Sicilia y Julián LeBarón, han revelado la verdad y reclaman a AMLO su falta de compromiso con la protección de los derechos humanos.
A la luz de los acontecimientos recientes, Andrés Manuel López Obrador está claro que desaparecerá por decreto, de un plumazo o en una votación a mano alzada, dicha Comisión. El método es lo de menos, lo importante es que no está dispuesto a cumplir su palabra empeñada. ¿Quién se hará cargo de los familiares de las 290 mil víctimas de la violencia?
Si hubo misoginia, exabruptos, intolerancia a la crítica o se excedió legalmente al pedir la renuncia a alguien que fue designada por el Senado, no es novedad. Lo cierto es que las víctimas de la violencia han sido traicionadas por la 4T y han sido abandonadas a su suerte… como históricamente ha ocurrido.