Hannia Novell

Si ya era extremadamente grave el contenido del comunicado del Inegi sobre los 31 mil 174 homicidios registrados en 2017 —convirtiéndolo en el año más violento de la historia del país—, es aún más lo que se precisó sobre ese informe.

En varias entrevistas, Adrián Franco Barrios, director General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del organismo, precisó que durante el sexenio de Felipe Calderón, de 2007 a 2012, hubo alrededor de 121 mil 613 mil homicidios.

De 2013 a 2017, en la administración de Enrique Peña Nieto, se han registrado 119 mil 568. ¿Qué significa eso? Que oficialmente faltaban 2 mil 045 para empatar las cifras.

Pero ojo: datos oficiales de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalaban que la cantidad de personas asesinadas en los cinco primeros meses de 2018, de enero a mayo, era de 13 mil 298 víctimas.

Esto quiere decir que para mayo de este año ya sumaban 132 mil 866 homicidios, superando la cifra del sexenio que se caracterizó por la guerra contra el crimen organizado y en espera de lo que ocurra hasta el 30 de noviembre, cuando acabe este gobierno.

Lo peor es que conforme avanza el tiempo, la situación empeora y  continúan rompiendose récords. En mayo pasado, 2 mil 890 personas fueron asesinadas en México, lo que significa que en promedio se cometieron 93 homicidios diarios, casi cuatro víctimas por hora.

Según las estadísticas del Inegi, los estados de México, Guerrero, Guanajuato y Chihuahua concentraron el 32 por ciento de los homicidios reportados en 2017. Pero si se suman las cifras de otras tres entidades (Baja California, Michoacán y Sinaloa), en esas siete entidades se contabilizan la mitad de los homicidios  cometidos en el país en ese periodo.

Pero, ¿a qué atribuir esa ola inédita de violencia? Es producto de un “efecto cucaracha” de lo ocurrido con Calderón Hinojosa. Ante la embestida de las fuerzas federales, los grandes cárteles de la droga se dividieron en células que comenzaron a pelearse las plazas de manera muy cruenta, además de que diversificaron sus delitos.

Por ejemplo: Guanajuato es hoy el escenario de una guerra intestina entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Santa Rosa de Lima, que surgió a raíz del robo de combustible de ductos de Pemex o huachicoleo.

Tras la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán, el Cártel de Sinaloa vive una lucha interna protagonizada por los hijos del capo y la célula que encabeza Ismael El Mayo Zambada.

En Baja California, las ejecuciones están ligadas a la pugna entre las alianzas que formaron el Cártel de Sinaloa y los Arellano Félix contra el CJNG y el de Tijuana Nueva Generación; en Chihuahua, especialmente en Ciudad Juárez, prevalece la ofensiva de La Línea contra Los Aztecas; y en Guerrero, Acapulco es el epicentro de la rivalidad entre los Beltrán Leyva y el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), que buscan manejar la extorsión y el narcomenudeo.

Para abatir esa violencia, ¿serán suficientes las propuestas que se presentarán en los Foros de Escucha para Trazar la Ruta de la Pacificación y la Reconciliación Nacional? ¿Se podrá enfrentar a los cárteles en disputa con la reconstrucción del tejido social, el desarme y la reinserción de miembros de la delincuencia organizada?

Hay que darle el beneficio de la duda a la nueva administración; sin embargo, el problema, como lo estableció el Inegi, es mayúsculo pues se debe enfrentar la herencia maldita que dejó Peña Nieto y el sexenio más letal.

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