La reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que permite a las autoridades locales criminalizar a las personas sin hogar, ha desatado un intenso debate sobre los derechos humanos y la justicia social a nivel mundial. En el caso City of Grants Pass vs. Johnson, la corte respaldó la prohibición de dormir al aire libre en Oregon, estableciendo un precedente alarmante. Esta medida, inicialmente desafiada en 2013 por residentes sin hogar que argumentaron que penalizar dormir en espacios públicos con ropa de cama violaba la Octava Enmienda, fue anulada por un tribunal federal. Sin embargo, la reversión de esta decisión por la Corte Suprema podría allanar el camino para regulaciones similares en todo el país, exacerbando la crisis de vivienda y los derechos humanos en Estados Unidos.
La crisis de vivienda en Estados Unidos se ha intensificado en las últimas décadas, agravada por factores económicos y políticas gubernamentales. Desde el inicio de la pandemia de Covid-19, los precios de alquiler han aumentado alarmantemente 31.4%, superando el crecimiento de los ingresos y obligando a muchos inquilinos a destinar más de 30% de sus ingresos mensuales a la vivienda, un umbral crítico para la asequibilidad. A pesar de los esfuerzos por construir viviendas multifamiliares, la oferta sigue siendo insuficiente para satisfacer la demanda, dejando a millones en una situación precaria.
En Europa, la situación es igualmente preocupante. Países como Estonia (+175%), Lituania (+125%) e Irlanda (+75%) han experimentado incrementos significativos en los precios de alquiler desde 2010, exacerbando la falta de vivienda y aumentando las disparidades económicas y sociales. La gentrificación y la especulación inmobiliaria han desplazado a comunidades de bajos ingresos en muchas ciudades, contribuyendo aún más a la crisis habitacional.
A nivel global, la emergencia de vivienda afecta aproximadamente a 150 millones de personas, equivalentes a la población combinada del Reino Unido y Francia. La pandemia de coronavirus ha agravado esta calamidad de derechos humanos, subrayando la urgencia de políticas que garanticen el acceso a una vivienda segura y adecuada como un derecho humano fundamental.
En México, la crisis de vivienda presenta desafíos únicos. Según la CEPAL, se estima que alrededor de 14 millones de personas podrían estar en situación de calle, con millones más viviendo en condiciones de vivienda precarias y sin acceso a servicios básicos como agua potable y electricidad. La Ciudad de México, en particular, ha experimentado aumentos significativos en los precios de alquiler, impulsados por la demanda y la escasa oferta de nuevas construcciones. A pesar de los esfuerzos gubernamentales, la crisis persiste y afecta desproporcionadamente a las comunidades más vulnerables.
Además, la tendencia global hacia la criminalización de la pobreza y la falta de vivienda no se limita a Estados Unidos. El énfasis en la limpieza y la seguridad en espacios públicos ha llevado a la criminalización de la falta de vivienda y a la marginación de quienes no cumplen con las normas sociales.
Esta orientación hacia la estética y la seguridad en el diseño urbano ha contribuido a perpetuar las desigualdades sociales y la marginación de grupos vulnerables. Existen numerosos ejemplos de cómo la búsqueda de limpieza y orden se ha utilizado para justificar la discriminación y la marginación de ciertos grupos en espacios urbanos en todo el mundo.
Durante el apartheid en Sudáfrica, por ejemplo, el gobierno utilizó la limpieza y la higiene como excusa para segregar a diferentes grupos raciales, retratando a menudo los barrios no blancos como sucios e impuros, mientras que los barrios blancos se presentaban como limpios y ordenados. En India, el sistema de castas ha sido utilizado para justificar la marginación de ciertos grupos, asignándoles frecuentemente trabajos considerados “sucios”, como la limpieza y la eliminación de desechos.
En oposición a esto, existen ejemplos de enfoques exitosos en la gestión de la falta de vivienda. Finlandia es reconocida por sus estrategias innovadoras. Las estadísticas muestran una reducción significativa, pasando de aproximadamente 16 mil personas sin hogar en 1989 a alrededor de cuatro mil en 2020, lo que representa una disminución de 75% en tres décadas. Es importante destacar que Finlandia incluye en su definición de falta de vivienda a las personas que se alojan temporalmente con amigos o familiares, un enfoque completo poco común en las estadísticas de otros países. Esta definición matizada no sólo contextualiza los bajos números en Finlandia, sino que también subraya la fiabilidad y la efectividad dirigida de sus intervenciones.
Central en el éxito de Finlandia está el enfoque de Housing First, fundamentado en la creencia de que la vivienda es un derecho humano fundamental. Introducido en 2008, esta perspectiva prioriza proporcionar a las personas sin hogar una vivienda estable de manera inmediata, sin condiciones previas como sobriedad o empleo.
Esta estrategia busca empoderar a las personas para estabilizar sus vidas una vez que se asegura la estabilidad de la vivienda, en lugar de requerir que cumplan con criterios antes de recibir asistencia. Este modelo ha demostrado ser efectivo, y proyecta que Finlandia podría erradicar completamente la falta de vivienda para 2027, destacando la naturaleza ambiciosa pero alcanzable de su enfoque.
Clave para mantener estos esfuerzos es el compromiso bipartidista de Finlandia, que abarca múltiples gobiernos y coaliciones políticas. Este compromiso longitudinal garantiza la continuidad en la atención a la falta de vivienda, trascendiendo las limitaciones típicas de los términos políticos. Además, Finlandia establece como mandato que al menos 25% de la vivienda en las ciudades debe ser asequible o social, manteniendo vías realistas de acceso a la vivienda para aquellos que lo necesitan y mitigando las crisis habitacionales enfrentadas por muchas otras naciones europeas.
En nuestro país también se han implementado programas innovadores, como el reciente piloto en la colonia Doctores de la Ciudad de México. Este proyecto tiene como objetivo habilitar 150 departamentos de entre 40 y 60 metros cuadrados, ofreciendo oportunidades de vivienda digna y accesible para jóvenes de escasos recursos y familias en la capital. Estos esfuerzos no sólo buscan reducir el déficit habitacional, sino también fomentar la inclusión social y económica al proporcionar opciones de vivienda con rentas por debajo del mercado. Este compromiso gubernamental refleja una respuesta proactiva a las necesidades de la población. Sin embargo, será fundamental observar cómo se materializará en los siguientes años y evaluar su impacto real en las comunidades más vulnerables.
En conclusión, la crisis de vivienda no sólo representa un desafío económico, sino también una emergencia de derechos humanos que afecta a millones en todo el mundo. El acceso a una vivienda segura y digna es un derecho fundamental que debe ser garantizado por las sociedades y los gobiernos, quienes tienen la responsabilidad de proteger y promover la dignidad humana. La criminalización de las personas sin hogar y la priorización de la estética urbana reflejan estructuras sociales profundamente arraigadas, que perpetúan la desigualdad y la exclusión social.
Para abordar efectivamente esta crisis, es crucial implementar políticas inclusivas, respaldadas por recursos adecuados, que no sólo aseguren vivienda asequible y accesible, sino que también promuevan la igualdad de oportunidades y el respeto por los derechos fundamentales de todos los individuos, sin importar su situación económica o social.
